Caso Maldonado: los siguientes pasos con los que seguirá la investigación
El juez busca avanzar en la causa para intentar reconstruir lo que sucedió con el joven artesano el 1° de agosto.
Luego de que el juez federal Gustavo Lleral reasumiera la instrucción de la causa por presunta desaparición forzada de Santiago Maldonado y a la espera de los resultados forenses concluyentes sobre la muerte del joven, la fiscalía Federal del Esquel le pidió al magistrado identificar el testigo E, para que pueda ser citado a prestar declaración testimonial.
Se trata del testigo, conocido como Lucas, que en un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -elaborado por la APDH, con la representación legal del letrado Carlos María González Quintana- aseguró haber sido la última persona que estuvo junto al joven tatuador al momento de adentrarse en el río Chubut cuando eran perseguidos por la Gendarmería el 1 de agosto.
Lleral respaldó ayer esa medida probatoria y libró oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas para obtener los datos filiatorios de todos los hijos de Claudina Pilquiman, otra de las testigos mapuches, para conocer la identidad de ese testigo y convocarlo a los tribunales.
Por diversas pruebas producidas en la causa de hábeas corpus, la fiscal Silvina Ávila habría logrado establecer que "Lucas" sería uno de los hijos de Pilquiman. "Su testimonio se entiende como una de las medidas de mayor trascendencia en el expediente"-argumenta Ávila- dado que el testigo E podría haber sido la última persona que estuvo con el joven en el lof antes del trágico desenlace, de acuerdo con La Nación.
La fiscal había demandado, en realidad, una medida probatoria más amplia, que le fue denegada por Lleral: anteayer requirió que se intimara a la APDH y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que aportaran los datos de todos los testigos anónimos cuyos relatos sobre la supuesta captura del joven tatuador a manos de la Gendarmería, motivaron sendas presentaciones ante los organismos de derechos humanos de la ONU y de la CIDH para denunciar la desaparición forzada de Maldonado. Pero Lleral acotó la medida. También le denegó que los abogados del CELS y de la APDH sean citados a brindar declaración testimonial sobre cómo elaboraron dichos informes.
Los pasos que siguen
Entre otras medidas probatorias que se llevarán a cabo la semana entrante, el Ministerio Público requirió la apertura de los celulares secuestrados de 22 gendarmes que llegaron al río Chubut para extraer los datos de georreferenciación (GPS) del 1 de agosto, entre las 11. y las 17.30.
El objetivo apunta a confeccionar un mapa del área ribereña en el que queden plasmados los movimientos de cada uno de los efectivos, de manera de acreditar o descartar que esos desplazamientos hubieran ocurrido cerca del sitio donde fue hallado el cuerpo del joven tatuador.
Para eso viajará personal de la División de Tecnología Aplicada de la Policía Federal. Lleral no descarta realizar un nuevo rastrillaje en el lof-medida que quedó inconclusa por los hechos de violencia mapuche durante el hallazgo del cuerpo- y que allí también puedan acceder efectivos de la División Planimetría de la misma fuerza para elaborar planos detallados del lof, ubicar las coordenadas del lugar del hallazgo del cuerpo y posicionar en ese mapeo a cada uno de los gendarmes.
El celular de Echazú
Simultáneamente, también se realizará la semana próxima un peritaje en el celular del subálferez Emmanuel Echazú. El gendarme, herido en un pómulo, había eliminado la aplicación WhatsApp de su teléfono. La fiscalía quiere reinstalarla para recuperar datos, archivos y conversaciones que pudieran haber sido borradas.
Entre la ristra de medidas de pruebas, Lleral se opuso a que el perito de parte de la familia Maldonado, Alejandro Inchaurregui, aporte a la causa la secuencia fotográfica del sitio donde se halló el cuerpo Maldonado junto a todo rastro que se hubiera levantado en el lof el 18 de octubre. Un día después de encontrado el cadáver Inchaurregui, junto con el defensor Mario Coriolano, acudieron al predio ocupado por mapuches para levantar pruebas materiales que hoy no están accesibles al resto de las partes. Tampoco constan en la investigación.
Un párrafo aparte le dedicó ayer Lleral al CELS, que había insistido en la continuidad de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) como colaborador en la investigación de la causa de desaparición forzada. "La titular de la acción penal (por Ávila) posee autonomía funcional e independencia. La exclusión o su incorporación al proceso judicial de la PROCUVIN es de exclusiva competencia del órgano acusador y esa decisión excede al análisis de este magistrado", escribió Lleral en su resolución.
Fue luego de que la fiscalía diera por concluida de oficio y agradeciera la labor de esa procuraduría especializada. Ávila había prescindido de ese organismo, representado en Esquel por el coordinador general, Félix Crous y Fernando Vallone, una vez que Lleral decidió reasumir la instrucción del expediente.