Caso Ferreyra: los detalles del fallo contra Pedraza y el resto de los acusados
Se conoció la sentencia a los acusados por el crimen de Mariano Ferreyra y estos son los motivos de la decisión.
El fallo que condenó a la patota de la Unión Ferroviaria por el crimen de Mariano Ferreyra desestimó el "plan de tres patas" entre empresarios, ferroviarios y Gobierno que planteó la querella del Partido Obrero.
En su inusual alocución antes de la lectura del fallo, el presidente del Tribunal, Horacio Dias, señaló que "no se puede inferir" del diálogo entre el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que haya encubrimiento, sino que el funcionario "se lo quiso sacar de encima".
Dias relativizó la frase de Tomada que surge de las escuchas telefónicas en la que le dice a Pedraza "la mejor defensa es un buen ataque" porque, según el magistrado, es lo mismo que "haber dicho siempre que llovió paró".
"Hay una cosa que no salió en los medios y que es importante: cuando Tomada le habla a Pedraza, lo que no se escucha es que Tomada le dice 'antes de que me digas cualquier cosa lo que te quiero decir es que esos 40 llamados que no te devolví...'".
"Es decir -prosiguió el juez- que (Pedraza) se está justificando" y Tomada "se lo quiere sacar de encima".
En ese contexto, sostuvo que "no se puede inferir" lo que argumentó la querella de Correpi y el PO, a cargo de María del Carmen Verdú, de que un plan de tres patas en el que el discurso de este Gobierno "terceriza la represión" en particulares.
"María del Carmen Verdú muestra pero no demuestra", refutó el magistrado, lo que le valió la crítica de todos los dirigentes del PO que estaban escuchando el veredicto en las puertas del tribunal.
El fallo restringió entonces las responsabilidades a los dirigentes de la Unión Ferroviaria, que se valieron de barrabravas para atacar a los militantes de izquierda.
La investigación por el crimen del militante del Partido Obrero arrancó ni bien cayó muerto de un disparo en su abdomen en el barrio porteño de Barracas tras participar de una manifestación con corte de vías a la altura de la estación Avellaneda en reclamo del pase a planta permanente de trabajadores tercerizados.
Pocos días después fueron detenidos Pablo Díaz, Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Juan Carlos Pérez, Salvador Pipito, Daniel González y Armando Uño, y la jueza Wilma López, la que instruyó la causa, los procesó rápidamente como integrantes de un "plan criminal" en donde cada uno tuvo su rol.
En febrero de 2011 y por orden de López en conjunto con la entonces fiscal Cristina Caamaño, ahora funcionaria del Ministerio de Seguridad, detuvieron a Gustavo Alcorcel, José Pedraza y su entonces segundo Juan Carlos "Gallego" Fernández.
En mayo de 2011 la causa ya fue elevada a juicio oral y público y el Tribunal Oral Criminal 21 se avocó rápidamente a realizar el juicio, que comenzó en agosto de 2012.
Ferreyra fue asesinado al recibir un disparo en su abdomen, en la intersección de Perdriel y Luna, el mediodía del 20 de octubre de 2010, cuando junto a militantes del Partido Obrero se retiraban de una protesta tras recibir piedrazos de un grupo de ferroviarios, que les impidieron acceder a las vías.
"No tengan ninguna duda de que la Presidenta ha impulsado la investigación sobre los autores intelectuales del hecho", dijo entonces el expresidente Néstor Kirchner, en lo que fueron sus últimas palabras en público antes de su fallecimiento.
De acuerdo a la investigación de López, Favale y Sánchez fueron señalados por testigos como presuntos tiradores esa tarde, en tanto que el delegado Díaz habría sido el reclutador del grupo.
En tanto, González y Pipito se los acusó de amenazar para que no tomasen imágenes a un equipo periodístico de C5N, mientras que Uño y Pérez se habrían llevado las armas tras los disparos.
Wilma López acreditó que tras los disparos, Díaz recibió un llamado de Juan Carlos "El Gallego" Fernández donde le dio la orden de retirada, y éste junto con Pedraza estaban en la Unión Ferroviaria en medio de un congreso.
En su inusual alocución antes de la lectura del fallo, el presidente del Tribunal, Horacio Dias, señaló que "no se puede inferir" del diálogo entre el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que haya encubrimiento, sino que el funcionario "se lo quiso sacar de encima".
Dias relativizó la frase de Tomada que surge de las escuchas telefónicas en la que le dice a Pedraza "la mejor defensa es un buen ataque" porque, según el magistrado, es lo mismo que "haber dicho siempre que llovió paró".
"Hay una cosa que no salió en los medios y que es importante: cuando Tomada le habla a Pedraza, lo que no se escucha es que Tomada le dice 'antes de que me digas cualquier cosa lo que te quiero decir es que esos 40 llamados que no te devolví...'".
"Es decir -prosiguió el juez- que (Pedraza) se está justificando" y Tomada "se lo quiere sacar de encima".
En ese contexto, sostuvo que "no se puede inferir" lo que argumentó la querella de Correpi y el PO, a cargo de María del Carmen Verdú, de que un plan de tres patas en el que el discurso de este Gobierno "terceriza la represión" en particulares.
"María del Carmen Verdú muestra pero no demuestra", refutó el magistrado, lo que le valió la crítica de todos los dirigentes del PO que estaban escuchando el veredicto en las puertas del tribunal.
El fallo restringió entonces las responsabilidades a los dirigentes de la Unión Ferroviaria, que se valieron de barrabravas para atacar a los militantes de izquierda.
La investigación por el crimen del militante del Partido Obrero arrancó ni bien cayó muerto de un disparo en su abdomen en el barrio porteño de Barracas tras participar de una manifestación con corte de vías a la altura de la estación Avellaneda en reclamo del pase a planta permanente de trabajadores tercerizados.
Pocos días después fueron detenidos Pablo Díaz, Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Juan Carlos Pérez, Salvador Pipito, Daniel González y Armando Uño, y la jueza Wilma López, la que instruyó la causa, los procesó rápidamente como integrantes de un "plan criminal" en donde cada uno tuvo su rol.
En febrero de 2011 y por orden de López en conjunto con la entonces fiscal Cristina Caamaño, ahora funcionaria del Ministerio de Seguridad, detuvieron a Gustavo Alcorcel, José Pedraza y su entonces segundo Juan Carlos "Gallego" Fernández.
En mayo de 2011 la causa ya fue elevada a juicio oral y público y el Tribunal Oral Criminal 21 se avocó rápidamente a realizar el juicio, que comenzó en agosto de 2012.
Ferreyra fue asesinado al recibir un disparo en su abdomen, en la intersección de Perdriel y Luna, el mediodía del 20 de octubre de 2010, cuando junto a militantes del Partido Obrero se retiraban de una protesta tras recibir piedrazos de un grupo de ferroviarios, que les impidieron acceder a las vías.
"No tengan ninguna duda de que la Presidenta ha impulsado la investigación sobre los autores intelectuales del hecho", dijo entonces el expresidente Néstor Kirchner, en lo que fueron sus últimas palabras en público antes de su fallecimiento.
De acuerdo a la investigación de López, Favale y Sánchez fueron señalados por testigos como presuntos tiradores esa tarde, en tanto que el delegado Díaz habría sido el reclutador del grupo.
En tanto, González y Pipito se los acusó de amenazar para que no tomasen imágenes a un equipo periodístico de C5N, mientras que Uño y Pérez se habrían llevado las armas tras los disparos.
Wilma López acreditó que tras los disparos, Díaz recibió un llamado de Juan Carlos "El Gallego" Fernández donde le dio la orden de retirada, y éste junto con Pedraza estaban en la Unión Ferroviaria en medio de un congreso.