Carga fiscal, la otra reforma agraria
El injusto impuesto a la herencia bonaerense ignora desaprensivamente la estructura tributaria nacional en su conjunto.
Aprovechando la distracción de la gente durante las vacaciones estivales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de cometer otra tropelía fiscal. Aumentando gravemente una presión fiscal ya asfixiante, en una actitud que ignora la necesidad de coordinar, por respeto a la gente, la política tributaria provincial con la nacional, la administración de Daniel Scioli ha sucumbido a un mal conocido: el de la voracidad fiscal ilimitada e insaciable.
La norma de la provincia de Buenos Aires que establece el impuesto a la herencia y transmisión gratuita de bienes es ciertamente de 2010, pero no había sido reglamentada. Para este año, no obstante, el impuesto aludido está vigente, lo que provoca un fuerte e injustificado incremento de los costos fiscales no sólo de los residentes de esa provincia, sino de otras.
Los residentes de la provincia deben tributar el nuevo impuesto por la totalidad de lo recibido por herencia o transmisión gratuita de bienes. Cabe apuntar que los domiciliados en otras partes del país también deberán pagarlo, aunque sólo con relación a los bienes que reciban y estén efectivamente radicados en la provincia de Buenos Aires.
El gobierno bonaerense no sólo dispuso motu proprio una drástica reducción de los mínimos no imponibles de este nuevo impuesto, sino que elevó sustancialmente las alícuotas del tributo que, para los herederos forzosos, llega ahora al 16 por ciento y para los demás parientes al 22, lo que es una enormidad en un país en el que el gobierno federal ha eliminado el impuesto sucesorio y establecido, en su reemplazo, el impuesto a los bienes personales, con una elevada tasa anual que va del 0,5 al 1,25 por ciento del patrimonio. Lo ocurrido es un desaliento directo al ahorro y a la formación de capital.
Lo cierto es que hoy la provincia de Buenos Aires ha ignorado -en rigor, burlado- desaprensivamente la estructura tributaria nacional en su conjunto, como si ella no existiera y la provincia no fuera parte de la Nación, acumulando arbitrariamente impuestos, en actitud injusta y groseramente avasalladora, lo que es muy lamentable y desdibuja la imagen del gobernador provincial.
Para el campo esto se suma a la confiscación de su renta dispuesta por el gobierno nacional mediante las llamadas retenciones, en realidad una reforma agraria disfrazada que, en lugar de apoderarse de la propiedad de las empresas rurales, las priva (después de la carga impositiva habitual) de una parte sustancial de su renta, esto es, del fruto de su esfuerzo. Un caso único en el mundo.
Como si el desatino sustancial fuera poco, la provincia de Buenos Aires pretende, además, imponer la extraterritorialidad de su enormidad al desdibujar la personería de las sociedades que puedan haber sido constituidas en otras jurisdicciones, gravando caprichosamente sus acciones en proporción a los bienes que cada sociedad tenga ubicados en el distrito bonaerense, lo que es un audaz despropósito y otra fuente tremenda de inseguridad jurídica.