Carece de sentido atravesar con una autopista el valioso patrimonio de Pereyra Iraola

La decisión del juez federal de Quilmes actuante de habilitar al organismo caminero para comenzar las obras en el trayecto que va hasta la ruta 2 -en el marco de la disputa judicial que enfrenta a Vialidad Nacional con vecinos del parque Pereyra Iraola y Villa Elisa por el trazado de una proyectada nueva autopista- abre por cierto la posibilidad de que, en un futuro, se intente desde el organismo público completar el último tramo hasta la autopista La Plata-Buenos Aires afectando a ese paseo público, tal como está previsto en el proyecto original.

Tal como se informó, la resolución del juez, que ya le fue comunicada a las partes, le permite al gobierno nacional avanzar con las obras de la autopista, pero sin llegar a la zona de la polémica, es decir la calle 403 de Villa Elisa y el Parque Pereyra Iraola. Concretamente, el fallo establece ahora una división en el último tramo de la autopista. De esa manera, un segmento de la obra (el que está comprendido entre las rutas 53 y 2) ya no se verá afectado por la medida cautelar de la Justicia que establecía la prohibición de realizar cualquier tipo de trabajo en la zona.

Sea como sea -y a pesar de que la medida cautelar sigue vigente, según confirmaron fuentes judiciales, para el sector del Parque Pereyra, ya que el objetivo continúa siendo el de proteger ese espacio verde- esta nueva instancia ha originado ahora quejas y reclamos por los pobladores, cuyo temor, a la luz de tantas experiencias y antecedentes negativos existentes, dista de parecer excesivo.

El rechazo de los grupos de vecinos que se oponen a la construcción de la autopista en cercanías del Parque Pereyra, se basa ahora en que esta resolución podría permitirle a Vialidad Nacional, más adelante, avanzar y continuar con su proyecto original que prevé atravesar el Parque. Ello a pesar de que existen alternativas más racionales y trascendentes para la Región.

Mientras tanto, el magistrado interviniente solicitó a la secretaría de Ambiente de Nación y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) la confección de informes técnicos sobre el impacto ambiental que tendría cada una de las cuatro propuestas que se tienen en cuenta como opciones para la concreción del tramo final de la autopista que unirá 14 municipios en poco más de 100 kilómetros de recorrido. El resultado de esos estudios deberá ser entregado en un plazo de 60 días.

Por lo pronto, conviene tener presente que la Provincia se ha expedido en forma reiterada, oponiéndose a todo acto lesivo de la intangibilidad del Parque Pereyra Iraola, a través de expresas declaraciones de la Fiscalía de Estado, en su carácter de organismo responsable de la defensa de los bienes públicos. Y como es de suponer que lo seguirá haciendo -pues los rígidos antecedentes legales y jurídicos así lo determinan- resulta obvio que cualquier estudio que pueda proyectar la traza de la obra sobre tierras que tienen asignada una finalidad ecológica, se convertiría en un despropósito institucional y jurídico. Y, también, en un dispendio de recursos económicos del Estado, del que podrían ser responsabilizados los funcionarios que insistan con esta iniciativa.

Es de esperar que prevalezca la cordura, no sólo recabándose todos los testimonios y dictámenes de organismos y especialistas que puedan considerarse necesarios, sino advirtiéndose en forma prioritaria que se está hablando de un espacio verde excepcional como lo es el Parque Pereyra Iraola, una verdadera joya de la Naturaleza que debe preservarse intangible.

Un patrimonio que es común, que surgió como producto de una decisión histórica y que, lamentablemente, está puesto en riesgo ahora por una iniciativa poco feliz de Vialidad Nacional.