Caos en España tras el anuncio del nuevo ajuste

En un intento de calmar a los mercados, que temen que España se transforme en el tercer país de la eurozona que deba ser rescatado por la UE, el presidente de ese país, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer un paquete de medidas anticrisis y una reforma del sistema de pensiones muy resistida por el sector sindical.

El nuevo paquete de medidas fue aprobado en la reunión del Consejo de Ministros, presidida por Zapatero, que canceló un viaje a Bolivia y su asistencia a la XX Cumbre Iberoamericana, que comenzó ayer en Mar del Plata.

Las medidas, que ayer mismo elevaron el nivel de conflictividad social en el país, contemplan rebajas fiscales a las pequeñas y medianas empresas (pymes), el alza de impuestos al tabaco, la privatización parcial de la gestión de los aeropuertos y de la sociedad pública de loterías, la desaparición de la ayuda de larga duración a los desempleados y la eliminación de beneficios a algunos empleados estatales.

Entre esos últimos trabajadores están los controladores aéreos, que, tras la reunión del Consejo de Ministros, comenzaron una inesperada "huelga", abandonaron sus lugares de trabajo y paralizaron así la totalidad del espacio aéreo de España. Lo hicieron justo cuando comenzaba un fin de semana largo, por el festejo del Día de la Constitución, pasado mañana.

Los controladores reaccionaron así a la decisión del gobierno de aplicarles un nuevo horario reglamentario, destinado a ordenar y recortar los gastos de la gestión de aeropuertos. El plan oficial obliga a esos empleados a tener más de 1600 horas de trabajo efectivas y no les permite incluir allí las horas de permisos familiares o de baja por enfermedad.

La imprevista huelga por la eliminación de beneficios de los controladores perjudicó a más de 330.000 viajeros que ayer abarrotaban, sin respuestas, los aeropuertos españoles. En respuesta, el gobierno ordenó a los militares tomar el control del tráfico aéreo, y anoche la situación se empezaba a regularizar.

El plan de ordenamiento de la gestión aeroportuaria también incluye la privatización hasta un 49% de la red de aeropuertos españoles, entre ellos los de Madrid y Barcelona.

La reforma de pensiones

Otra medida que amenaza con intensificar la conflictividad social es la polémica reforma del sistema de pensiones. La legislación prevé retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que será aprobada por el gobierno el 28 de enero y presentada al Parlamento en forma inmediata para su ratificación.

La modificación promete complicar aún más la tensa relación entre Zapatero y los sindicatos, tras el rechazo que causó en estas organizaciones la reciente aprobación de una flexibilización laboral, que provocó el pasado 29 de septiembre la primera huelga general desde que el mandatario llegara al gobierno, en 2004.

También se pondrán en marcha rebajas fiscales a las pymes, muy presentes en el tejido productivo español y, para compensar la pérdida de ingresos por esa medida, el Ejecutivo aprobó el alza del impuesto sobre el tabaco.

Con este incremento, el gobierno podrá recaudar unos 1000 millones de dólares adicionales. Esos ingresos se sumarán a los que espera obtener con la privatización parcial de la gestión de los aeropuertos y del 30% del ente público Loterías, valuado en más de 18.000 millones de dólares.

Con este paquete, que se une al plan de austeridad adoptado en mayo -que aprobó la rebaja del salario de los funcionarios y la congelación de las pensiones- Zapatero busca incentivar la inversión y la creación de empleo y, al mismo tiempo, tranquilizar a los mercados que presiona con fuerza a España tras el rescate de Grecia e Irlanda por la UE y el FMI.