Candela sigue sin Justicia
* Por Ricardo Roa. Hace un año asesinaron a Candela Rodríguez, una niña que apenas había comenzado a vivir. Su cuerpo desnudo fue hallado por cartoneras, a un costado de la Autopista del Oeste.
Nota extraída del diario Clarín
El crimen causó tal conmoción que el manejo del caso escaló hasta la cima del poder: todos los recursos del Estado se enfocaron en su esclarecimiento. Pero en un punto, hasta ahora lo que hay es lo mismo que hace doce meses: una chica asesinada y ningún asesino.
Candela fue víctima de una trama mafiosa que salpica a su propia familia. No es una familia común: el padre está preso y una ex pareja de su madre, también. La nena estuvo nueve días secuestrada y los investigadores no acertaron con ninguna pista, pese a que se involucraron la propia Presidente y todo el gobierno de Scioli.
Ninguno pudo hacer nada para salvarla.
Se cree que alguien la convenció de abandonar la casa. Lo que pasó después sigue siendo un misterio. Se manejaron mil hipótesis, en las que se entrecruzaban bandas de narcos, policías corruptos, buchones y supuestas conductas sexuales perversas en torno de la nena.
Investigaron siete legajos reservados de policías, con escuchas y seguimientos incluidos.
Nada. Y hubo ocho detenidos, aunque todos están hoy en libertad. Dos son clave. Uno, Hugo Bermúdez, acusado de haber sido el autor material y también de haber abusado de la nena. El otro es Héctor "El Topo" Moreyra, supuesto autor intelectual y a la vez informante policial.
Pero en abril pasado, una Cámara de Morón dejó a todos en libertad. Cuesta entender el motivo: errores procesales en las indagatorias. Por eso, el Tribunal apartó del caso al fiscal que las tomó y al juez que convalidó las preventivas. Sin embargo, mantuvo intactas las pruebas reunidas.
Nulidad rara: la investigación quedó a fojas cero en materia de acusados pero no de evidencias.
Es un muestrario de la ineficacia del aparato judicial. También hay otro, del uso político del crimen y es la Comisión Investigadora que el kirchnerismo armó en el senado provincial. La preside Jorge Donofrio, un legislador que llegó de la mano de De Narváez y ahora reporta a Mariotto.
Borocotó ha hecho escuela.
Ha reunido testimonios de irregularidades policiales. Algunas o muchas tienen que ver con la desesperada necesidad de mostrar resultados: funcionarios que toman micrófonos y atrapan cámaras para anunciar avances desmentidos después por los hechos.
Pero además parece un esfuerzo por complicar la política de seguridad de Scioli antes que para contribuir a alcanzar la verdad.
El de Candela fue un crimen con huellas por todas partes. La ineficacia policial y judicial o la explotación política agigantan la impunidad, que es una constante que atraviesa la médula de la inseguridad en la Argentina.
El crimen causó tal conmoción que el manejo del caso escaló hasta la cima del poder: todos los recursos del Estado se enfocaron en su esclarecimiento. Pero en un punto, hasta ahora lo que hay es lo mismo que hace doce meses: una chica asesinada y ningún asesino.
Candela fue víctima de una trama mafiosa que salpica a su propia familia. No es una familia común: el padre está preso y una ex pareja de su madre, también. La nena estuvo nueve días secuestrada y los investigadores no acertaron con ninguna pista, pese a que se involucraron la propia Presidente y todo el gobierno de Scioli.
Ninguno pudo hacer nada para salvarla.
Se cree que alguien la convenció de abandonar la casa. Lo que pasó después sigue siendo un misterio. Se manejaron mil hipótesis, en las que se entrecruzaban bandas de narcos, policías corruptos, buchones y supuestas conductas sexuales perversas en torno de la nena.
Investigaron siete legajos reservados de policías, con escuchas y seguimientos incluidos.
Nada. Y hubo ocho detenidos, aunque todos están hoy en libertad. Dos son clave. Uno, Hugo Bermúdez, acusado de haber sido el autor material y también de haber abusado de la nena. El otro es Héctor "El Topo" Moreyra, supuesto autor intelectual y a la vez informante policial.
Pero en abril pasado, una Cámara de Morón dejó a todos en libertad. Cuesta entender el motivo: errores procesales en las indagatorias. Por eso, el Tribunal apartó del caso al fiscal que las tomó y al juez que convalidó las preventivas. Sin embargo, mantuvo intactas las pruebas reunidas.
Nulidad rara: la investigación quedó a fojas cero en materia de acusados pero no de evidencias.
Es un muestrario de la ineficacia del aparato judicial. También hay otro, del uso político del crimen y es la Comisión Investigadora que el kirchnerismo armó en el senado provincial. La preside Jorge Donofrio, un legislador que llegó de la mano de De Narváez y ahora reporta a Mariotto.
Borocotó ha hecho escuela.
Ha reunido testimonios de irregularidades policiales. Algunas o muchas tienen que ver con la desesperada necesidad de mostrar resultados: funcionarios que toman micrófonos y atrapan cámaras para anunciar avances desmentidos después por los hechos.
Pero además parece un esfuerzo por complicar la política de seguridad de Scioli antes que para contribuir a alcanzar la verdad.
El de Candela fue un crimen con huellas por todas partes. La ineficacia policial y judicial o la explotación política agigantan la impunidad, que es una constante que atraviesa la médula de la inseguridad en la Argentina.