Camps, Rückauf y Granados: la regresión bonaerense en materia de seguridad

Con un aumento del 5 por ciento en lo que va de este año, Buenos Aires roza ya los 200 detenidos por cada 100.000 habitantes, la tasa de prisionización más alta de la Argentina y una de las mayores de la región. Dada la selectividad del sistema penal y su predilección por los varones jóvenes de los barrios populares, esta política sostenida desde principios de siglo y acentuada ahora ha dado lugar a una subcultura. En esos sectores, la cárcel es un dato de la realidad que afecta a un alto número de familias, con las consecuencias imaginables, sobre todo por el estado calamitoso de las instalaciones en que son alojados y la gobernabilidad de esos institutos por métodos violentos. El Servicio Penitenciario de un lado de las rejas y la policía del otro cumplen el mismo rol. Los jóvenes son obligados a delinquir por cuenta y obra de las respectivas agencias de seguridad, que los eliminan cuando no se someten a esa regla. Para acomodar este incremento de población reclusa, el ministro de Seguridad Alejandro Granados anuló cinco resoluciones de su predecesor que en 2011 y 2012 habían inhabilitado calabozos en comisarías para el alojamiento de detenidos. El alcaide mayor penitenciario Ricardo Blas Casal había dispuesto esas clausuras en cumplimiento de un fallo emitido en 2005 por la Corte Suprema de Justicia y debido a las exigencias del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Luego de años de irregular y gradual disminución, la cantidad de detenidos en comisarías ha vuelto a crecer y ya supera las dos mil personas, mientras los 31.200 ciudadanos privados de su libertad constituyen la marca más alta de la historia provincial. Todos los estudios sobre el tema indican que las detenciones corren por un andarivel distinto a la cantidad de delitos, sin ninguna relación proporcional. Estas medidas contradicen las propuestas del propio gobierno provincial de incrementar la cantidad de personal policial dedicado a tareas preventivas de seguridad ya que el alojamiento de detenidos en instalaciones policiales distrae de esa tarea a un número muy grande de efectivos.

Triunfalismo sin sustancia

Scioli comunicó con tono triunfal cifras de consistencia más que dudosa. La Comisión Bonaerense por la Memoria señaló que desde diciembre de 2012 el Ministerio de Seguridad dejó de publicar datos sobre delitos. Sin embargo, para "evaluar los primeros 45 días de la emergencia se presentan datos comparativos entre los años 2014 y 2013, sin precisar la metodología ni las instancias oficiales" que los elaboraron, lo cual descalifica la pretensión de que se ha reducido el delito en forma instantánea gracias a la Emergencia. Según ese organismo creado por la Legislatura a fines del siglo pasado entre los resultados positivos para el gobierno provincial y su discurso bélico, de guerra contra el delito, está "la muerte de los enemigos, que ya no son personas, sino delincuentes abatidos en enfrentamientos". Proyectada la cifra de los primeros 45 días a todo un año da más de 290 personas muertas en los denominados enfrentamientos. "Lo que para el ejecutivo parece ser un dato esperable y positivo, sólo nos habla de un escenario de mayor violencia." Los 18.000 "procedimientos preventivos y proactivos" de los que blasonó Scioli reflejan "la proliferación de detenciones, cacheos y secuestros en el marco de procedimientos policiales sin orden judicial". Esta es "la condición de posibilidad del reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas". También inquieta a la Comisión el anuncio de 13.000 delitos esclarecidos porque la función constitucional de la policía "no es esclarecer, sino prevenir y reprimir delitos". De manera que lo expresado profundiza "el esquema de delegación judicial en la policía, y como contrapartida, la falta de avance en la implementación de la policía judicial". El único consuelo para tanta euforia es que buena parte de los anuncios son meros productos de la imaginación y la propaganda.

Comando llama

La recreación de los Comandos de Patrullas Comunitarias, que deberían actuar en 1.080 zonas de 40 municipios, evoca al Comando Radioeléctrico que fue la principal herramienta de gestión del general Ramón Camps hace cuatro décadas. Pero oficiales de la ciudad de La Plata dijeron al portal político Letra P que "no podemos salir a patrullar todas las cuadras que quieren con los pocos litros de nafta que tenemos". Al anunciar los presuntos éxitos y la incorporación de un millar de patrulleros (una parte de ellos fueron estacionados sobre el césped y los canteros de la plaza Bernardino Rivadavia), Scioli se hizo acompañar en el Salón de las Banderas por el ministro Granados, el jefe de la policía Hugo Matzkin, el asesor general del gobierno Gustavo Ferrari y el secretario de derechos humanos Guido Carlotto. Ferrari llegó a ese cargo como parte del acuerdo del gobernador con el diputado nacional Francisco De Narváez. Aprovechando el carácter preverbal de Granados, en la escuela de Herminio Iglesias, Ferrari recorre los programas de televisión como si él fuera el ministro, algo a lo que aspira sin disimulos. Granados lo sabe y cuando se reúnen coloca sobre la mesa el arma que siempre lleva a la cintura. La presencia de Carlotto intentó legitimar la desordenada convocatoria de personal retirado, aventando temores sobre sus antecedentes. En una declaración titulada "Una falsa dicotomía que debe superarse", Carlotto dijo que la secretaría de Derechos Humanos analizó los legajos de los policías y penitenciarios en situación de retiro que fueron convocados y que ninguno de ellos tiene antecedentes por crímenes de lesa humanidad, violencia de género y asuntos internos. En Justicia, donde aún rumian despecho por la división del superministerio que Casal encabezó durante cuatro años, sostienen que la Secretaría de Derechos Humanos sólo recibió la lista de los candidatos a la reincorporación y que vetó a la mitad pese a lo cual Granados les dio el alta. En cambio, afirman que los legajos nunca fueron puestos a disposición de Derechos Humanos, así como no fueron ofrecidos a la Comisión Provincial por la Memoria ni al CELS, que se rehusaron a responder sobre un simple listado de nombres. Los legajos se archivan en un edificio que queda a varios kilómetros del Ministerio de Seguridad. La dependencia que los administra carece de personal, impresoras, papel ni vehículos para procesar y mover más de una veintena por día. Reducida a 45 personas, de las cien que tenía, no se da abasto para registrar altas, bajas, nacimientos, sanciones, licencias y respuestas a tribunales. El traslado de los legajos de 3.500 postulantes hubiera constituido una verdadera mudanza, que no ocurrió. Tampoco se imprimieron los poco confiables legajos informatizados, que contienen apenas datos generales y referencias crípticas, como el número de un sumario, pero sin especificar su causa. Por eso, sólo remitieron una lista con apellido y nombre, clase, matrícula individual y número de legajo. Tampoco se solicitó un certificado de cada caso a la Dirección de Antecedentes Personales (que funciona un piso más abajo del que alberga los despachos de Matzkin y Granados) por lo que podría volver a la actividad un prófugo de la Justicia.

Número mágico

Granados finca su política en la repetición del mágico número 100.000. Con esa cantidad de efectivos policiales, a la que llegaría en un plazo nunca definido, la seguridad sería un asunto resuelto. Para lograrlo recurre a la reincorporación de jubilados, el egreso de cadetes de las escuelas descentralizadas, la colaboración de las agencias privadas de seguridad y la estadística creativa. El gobierno declara contar con 57.000 efectivos, pero omite que hay unos 10.000 con carpeta médica o en las denominadas "Tareas No Operativas" (TNO), de menos horas y en ocupaciones de escritorio. Tampoco da cuenta de las 3.000 bajas pedidas a raíz del cumplimiento de los años de servicio necesarios para la jubilación u otras razones. Pero Granados los computa como activos, por el mero recurso de no firmarles la baja, aunque luego de un mes de solicitada hayan dejado de concurrir al trabajo. Unos cuatro centenares de postulantes fueron rechazados por la Dirección de Sanidad, pero Granados ignoró esos dictámenes y los reincorporó. La primera tanda fue destinada a la Casa de Gobierno, luego de que Scioli anunciara el envío a la calle de su custodia. En un intento por restringir las carpetas médicas, Matzkin ordenó por Circular General 4770 retener los haberes a los funcionarios que excedan los 45 días de licencia por enfermedades de corto tratamiento. Esto provocó una queja generalizada. Para compensar y granjearse la simpatía de la tropa, el ministro sigue una práctica de ascensos indiscriminados. Entre los miles de beneficiarios los hay con licencia médica o tareas no operativas, lo que debió haberlos relegado. Tal generosidad enfureció a muchos de quienes no ascendieron que, en represalia, solicitaron carpeta médica. El ministro tampoco cuenta con los recursos para cumplir los anuncios que prodiga. Todos los meses, la Ministra de Economía, Silvina Batakis le comunica que no hay dinero para pagar todo lo que está prometiendo (desde aumentos de sueldo y de Compensación por Recargo de Servicio, hasta adicionales por uniforme y remuneración de los 12.000 cadetes).

Matzkin notificó al personal un cambio en el sistema de horarios. En lugar del esquema anterior de 12 horas de servicio por 36 de descanso, la nueva norma prescribe 16 x 32. Esto implica alternar una semana laboral de 48 horas en tres jornadas con otra de 64 horas en cuatro jornadas, en violación de toda legislación laboral. En Semana Santa cadetes de la Escuela Vucetich que aún no tienen estado policial participaron en Operativos de Saturación en Villas del Conurbano, en jornadas de 14 horas que son contabilizadas como Horas Cátedra. La premura oficial por lanzarlos a la calle, con riesgo para sí mismos y para terceros, llevó a mantenerlos un mes y medio recluidos en el instituto de formación sin un solo franco. Algunos denunciaron a las autoridades por privación ilegal de la libertad ante la fiscal Virginia Bravo en la UFI 7 de la Plata, quien giró el escrito a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas 8 de Jorge Paolini. Allí hay también otra denuncia que concierne a las medidas anunciadas por Granados, en este caso la designación de las agencias privadas de seguridad como auxiliares de la fuerza pública, tal como ocurría durante la gestión de Camps. La denuncia sostiene que las habilitaciones se expedían en una semana, sin cumplir los trámites reglamentarios, mediante el pago de coimas. Por ejemplo, Rodolfo Mario González Arrascaeta habría pagado 250.000 pesos a funcionarios de la Oficina para la Gestión de Seguridad Privada del entonces Ministerio de Justicia y Seguridad para tramitar la habilitación de la firma "Torresco AES". Por el trámite irregular se habría omitido la consulta a la Secretaría de Derechos Humanos. De otro modo tal vez hubiera saltado el antecedente que mencioné hace tres décadas en el capítulo "Los fierros" de mi libro Ezeiza. Como auxiliar 3º de la policía ferroviaria, el 13 de junio de 1973 González Arrascaeta fue uno de los ocupantes de la administración general de Ferrocarriles Argentinos, de donde desaparecieron 23 pistolas Ballester Molina, 23 pistolas Colt y cinco pistolas ametralladoras, que fueron utilizadas el 20 de junio durante el tiroteo que ensombreció el regreso de Perón. La ocupación se realizó pretextando que el ERP planeaba apoderarse de los ferrocarriles.

Dentro de las situaciones anómalas de la cúpula policial la más notoria es la de su jefe, a quien la comisión senatorial que investigó el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez recomendó destituir y procesar, en un informe en el que describe los nexos policiales con organizaciones dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes de consumo prohibido por las autoridades sanitarias. Confirmado por Scioli luego de la difusión del informe y por Granados al asumir el ministerio, Matzkin reorganizó la conducción policial. En la cuarta jerarquía del escalafón designó al comisario general Lautaro Darío Cardo, quien quedó a cargo de la Superintendencia de Evaluación de la Información para la Prevención del Delito, cacofónica nomenclatura para la antigua dirección de inteligencia policial. Al mismo tiempo, Cardo es titular de una consultora política, que realiza estudios de mercado y encuestas de opinión pública. Con el CUIT 20-14591430-3, tiene domicilio fiscal en el número 142 de la Avenida 32 de La Plata. Los policías de las delegaciones departamentales de esa Superintendencia recorren la provincia contando los carteles proselitistas de Massa y Scioli, información por completo ajena a la seguridad pero muy valiosa para la consultora del jefe.