Campo minado para el próximo gobierno

Extraído de La Nación

Por Joaquín Morales Solá

Algunos dicen que Cristina Kirchner trabaja para quedarse más allá de 2015. Otros, como el senador "Pino" Solanas, no descartan elecciones anticipadas para el año próximo. ¿Qué sucede en un país en el que hay interpretaciones tan dispares sobre los tiempos fijados por un precepto constitucional? Tal vez la respuesta pueda encontrarse en la desmesurada ofensiva de las últimas semanas para refundar la República. Tres códigos jurídicos esenciales podrían ser aprobados en los próximos meses. Uno de ellos modificará sustancialmente el sistema penal federal y podría dejar a los actuales jueces federales sin poder de investigación. Versiones confiables aseguran, incluso, que el Gobierno proyecta intervenir el Grupo Clarín en cuestión de semanas. Un juez, Horacio Alfonso, acaba de frenar sólo transitoriamente una decisión de semejante gravedad.

Las raíces de ese poder imponente están en el control del Congreso. Cristina ni siquiera necesitaría cerrarlo, porque directamente lo abre cuando ella quiere. Este año se realizaron 14 sesiones de la Cámara de Diputados, 13 de las cuales fueron reuniones especiales para tratar exclusivamente proyectos impulsados por el Ejecutivo. Para decirlo con otras palabras: el Congreso funciona sólo para tratar leyes promovidas por la Presidenta, que son aprobadas sólo por el bloque oficialista. El Congreso ya es algo menos que una escribanía; es como una oficina para registrar decretos, no para hacer leyes.

Cierta ausencia de la oposición como referencia social, un temor profundo y generalizado de los oficialistas a las represalias y la extorsión a los gobernadores con la amenaza del dinero han convertido a los legisladores peronistas no en políticos disciplinados, sino en pobres víctimas del vasallaje. El Gobierno se queja de que la oposición no hace aportes a las creaciones legislativas del oficialismo. ¿Cómo hacerlo si los tiempos de aprobación se limitan a una semana, o a menos? El consenso requiere tiempos más flexibles, que la Presidenta no está dispuesta a permitir. Las leyes deben salir como ella las envía y en los plazos perentorios que ella establece.

Napoleón Bonaparte está quedando como un aprendiz de epopeyas fundacionales. El Código Civil fue aprobado violando el reglamento de la Cámara de Diputados cuando la Presidenta ni siquiera necesitaba esa violación. ¿Hará lo mismo con el Código Penal, que fue duramente criticado por casi toda la oposición? Por su parte, el Código Procesal Penal sublevó a todos los jueces federales, que ya se han reunido varias veces. El Gobierno aspira a dejarlos sin el poder de investigar. Los jueces federales decidieron investigar ahora. Debería incluirse en cualquier pronóstico de los próximos tiempos una vibrante agenda de funcionarios kirchneristas en los tribunales. Los jueces no necesitan nuevas causas; les sobra y les basta con las investigaciones que ya están en marcha.

Justicia y política son explosivas cuando consiguen confluir con una crisis económica. La crisis está, a pesar de la habilidad del Gobierno para correr del debate los temas que no puede resolver. La caída del PBI de este año, prevista por varios economistas independientes, rondará el 3 por ciento. Sería una caída similar a la de 2009, cuando el mundo estaba en medio de una crisis monumental y la Argentina perdió por la sequía un tercio de su producción de cereales. No hay comparación posible con la situación actual. La producción industrial lleva 14 meses consecutivos de derrumbe. El consumo global cayó un 5 por ciento en los últimos nueve meses y la inflación anual está en el 40 por ciento.

Sin embargo, la Presidenta se da el lujo político de sostener que esa crisis, palpable para cualquier argentino, es un invento del periodismo. Un invento, según ella, para justificar el "ajuste" del próximo gobierno. A todo esto, ¿por qué la preocupa tanto el próximo gobierno? Será un gobierno democráticamente elegido por la sociedad y tendrá todas las facultades para decidir qué políticas aplicará. Cristina no tendrá arte ni parte en esa porción de la historia por escribirse. ¿O no será así? Una de las confusiones más notables de los días actuales está precisamente en las palabras de la Presidenta. Ella habla y actúa como si el futuro la comprendiera. Es probable que imagine, más que nada, un gobierno de Daniel Scioli monitoreado permanentemente por el fundamentalismo cristinista.

Está dejando, de todos modos, el terreno minado para cualquier próximo presidente. Su última obsesión es la Corte Suprema de Justicia. Hace justo un año, ese tribunal se convirtió en el santo más venerado en el altar del kirchnerismo. Fue cuando declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Ahora, Jorge Capitanich se convirtió en una máquina de fabricar falsedades contra el tribunal porque esa misma Corte preservó la cautelar que protege a muchos medios (a LA NACION, entre ellos) en un viejo juicio de la AFIP. La escasa o nula adhesión de Capitanich a la verdad se trasladó también a sus afirmaciones sobre todos los medios periodísticos y, más precisamente, sobre LA NACION.

El populismo no se reduce sólo a la distribución irresponsable de los recursos del Estado. La ley de hidrocarburos (otra extraña sanción del peronismo oficialista) se explica en el despilfarro de las reservas energéticas durante diez años. Fue una ley sin consenso para atraer miles de millones de dólares de inversión, imprescindibles para recuperar el autoabastecimiento. No habrá inversiones en la dimensión necesaria sin una política de Estado, que no la hay ni la habrá por ahora. Pero la urgencia actual consiste en que cada año se requieren entre 13.000 y 15.000 millones de dólares para importar energía.

El populismo es también una política, que se cifra en promover el enfrentamiento de la sociedad, o de sectores de ella, con las instituciones de la democracia. El líder no debe chocar jamás con obstáculos, sean éstos parlamentarios, judiciales o periodísticos. Es casi obvio recalcar que varias leyes del cristinismo buscan desmembrar al Grupo Clarín. La ley de medios fue hecha para eso. El proyecto de ley de telecomunicaciones, anunciado en días recientes, anda a la pesca del mismo objetivo. No se trata del triple play (teléfono, Internet y televisión) o de crear actores para la competencia, que serían bienvenidos, sino de consumar la destrucción de un holding.

El proyecto sobre las telecomunicaciones es contradictorio con la ley de medios. Ésta establecía que las empresas de servicios públicos no podían ser propietarias de medios audiovisuales. El proyecto de las telecomunicaciones lo permite. La relación de Telefónica con Telefé, por ejemplo, era incompatible según la ley de medios, pero es perfectamente posible según el proyecto de ley sobre telecomunicaciones. Tampoco tiene en cuenta la inversión de los medios privados, que debieron crear un sistema que no existía de distribución de televisión por cable. Esa inversión privada podrá ser aprovechada sin costo alguno por las telefónicas para brindar el triple play. Hay, como se ve, protegidos y perseguidos.

El desguace de Clarín, anunciado repetidamente en los últimos días por el Gobierno, requiere la intervención del holding. El Tribunal de Tasación le entregará al Gobierno en esta semana el precio de cada medio del Grupo. El proceso comienza. Ésas son las decisiones que dibujan a una Presidenta que piensa en un poder mucho más largo que su mandato. El peligroso tobogán de la economía y sus secuelas sociales inspiran las especulaciones, como las de "Pino" Solanas, que suponen que la Presidenta se quedaría sin poder antes de tiempo. Nadie sabe de qué estará hecho el mañana.