¿Cambio de época?

Esa convergencia de intereses sindicales y patronales fue corroborada por la jueza Wilma López, como reveló Página/12, en los allanamientos que se hicieron el 11 de febrero en la casa del propio Pedraza, en la UF y en la sede de la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, una de las tercerizadas, que resultó estar manejada por estrechos colaboradores del líder sindical. El resultado de esos procedimientos se convirtió en la antesala de la detención de Pedraza y de su segundo, Juan Carlos "Gallego" Fernández. Porque daba la pauta de sus posibles motivaciones al haber organizado una patota para atacar, hasta con armas de fuego, la protesta de los tercerizados y agrupaciones sociales el 20 de octubre último. Ahí mataron al militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, y ahí casi pierden la vida tres personas más.

La detención de Pedraza, un ícono del sindicalismo empresario, que se montó a las privatizaciones de los noventa, termina de dejar al descubierto las bases de una mecánica gremial que comenzó a entreverse con la detención de Juan José Zanola, secretario general de la Asociación Bancaria, hace algo más de un año, y hace dos semanas con el arresto del titular del gremio de los peones rurales Gerónimo "Momo" Venegas. Los casos de Pedraza, Venegas y Zanola parecen distintos a simple vista. Sin embargo, tienen un punto en común, ya que muestran distintas facetas de los negocios sindicales. Entre Pedraza, Venegas y Zanola hay un hilo conductor: una ingeniería hasta ahora borrosa, o disimulada, disfrazada de institucionalidad, en la que quienes se supone que defienden los intereses de los trabajadores, se convierten en su peor enemigo. En el caso de la llamada "mafia de los medicamentos", por medio de la malversación del dinero de sus afiliados o el suministro de remedios truchos. En el caso de los trabajadores tercerizados, a través del respaldo y la creación de condiciones laborales escandalosas y del ataque con violencia a quienes la cuestionan, al punto de convertirse en sus verdugos, como ocurrió con Ferreyra.

La causa de los medicamentos, que también toca a Venegas, desnudó la participación de ciertos sectores del sindicalismo en la comercialización de remedios adulterados o robados y el desvío de subsidios millonarios que debían recibir enfermos oncológicos, hemofílicos y con VIH. Parte del dinero de estos ilícitos, para colmo, podría haberse lavado a través del financiamiento electoral, según sostiene el juez Norberto Oyarbide, cuya performance ha cuestionado la Cámara Federal, no así el contenido de su investigación, en la que más que atentados contra la salud ve delitos económicos a gran escala.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) que conduce Venegas –y trabaja en tándem con la Mesa de Enlace– dejó en evidencia esa lógica que acerca la actividad sindical a los intereses empresarios frente a las denuncias de trabajo inhumano, que ninguneó hasta que se hicieron públicas. La reacción ante el arresto del dirigente duhaldista por parte de la CGT, Eduardo Duhalde, Luis Barrionuevo y las entidades del campo fue una demostración de fuerza que sólo confirma la magnitud y las implicancias de todo lo que sale a la luz. Igual que el despliegue de la UF en tribunales y el paro en los trenes. Si Pedraza y Fernández no consiguieron más voces a su favor y cosecharon varias en contra, es porque para ellos rige el agravante de que en defensa de intereses económicos –según entiende la Justicia– han quedado envueltos en un homicidio calificado, la peor de las variables.

Es evidente, a esta altura, que a los sindicalistas que cultivan estas prácticas les ha llegado la hora de revisar sus métodos. Durante décadas se movieron sin escrúpulos ni freno. Quizás, habrá que ver, estemos asistiendo a un cambio de época.