Cada cual a sus tareas

En los últimos días trascendió la intención de un grupo de destacados empresarios argentinos de sumar su esfuerzo a las gestiones oficiales que se están llevando a cabo en París, ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para sacar a nuestro país de la llamada "lista gris", integrada por Estados cuya legislación e instituciones poseen graves deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Según informaciones periodísticas, los empresarios del llamado Grupo de los Seis (G-6) -Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Sociedad Rural- decidieron interceder ante el GAFI para trasmitir la preocupación por la inclusión de la Argentina en la lista de países con serias deficiencias en la materia y, con tal propósito, se reunieron sin éxito con Vilma Martínez, embajadora de los Estados Unidos.

Mucho mejor habría sido que, en vez de realizar esta tarea de lobby ante los Estados Unidos, esos empresarios hubieran pedido que la Unidad de Información Financiera (UIF) esté conducida por alguien idóneo e independiente y no por José Sbattella, quien carece de experiencia en la materia y se limita a cumplir órdenes del Gobierno, como la de perseguir a quienes no coinciden con el oficialismo.

Recordemos que en la reunión de Acapulco de junio pasado el organismo internacional decidió poner a nuestro país bajo un proceso de revisión intensivo. Asimismo, los empresarios dejaron trascender su intención de reunirse con Sbattella para expresarle sus inquietudes.

La actitud de estos empresarios merece nuestra reprobación. Desde esta columna, hemos señalado en varias oportunidades que la calificación del GAFI sobre la Argentina no es producto de una confabulación internacional, sino una consecuencia lógica de las erráticas y muy laxas políticas públicas aplicadas en la materia en los últimos ocho años por el gobierno kirchnerista.

Se trata de políticas que se expresan en la falta de objetivos institucionales en materia de prevención y represión del lavado de activos, en la designación de funcionarios carentes de idoneidad para conducir el órgano regulador, por poner a la UIF al servicio de amañadas investigaciones para perseguir a los opositores y proteger a amigos y aliados, como lo demuestra el caso Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entre otras causas de alto impacto político.

Párrafo aparte merecen las sinuosas negociaciones parlamentarias que rodearon las reformas legislativas exigidas por los compromisos internacionales contraídos.

Por su parte, resulta curioso que los empresarios crean en la viabilidad de una gestión ante la representante de los Estados Unidos, cuando nuestro país aún no ofreció disculpa alguna por el bochornoso episodio del material incautado en el avión de la fuerza aérea de ese país y que contó con el vergonzoso protagonismo del canciller Héctor Timerman.

También resulta débil el argumento que adjudica la incorporación de nuestro país a la "lista gris" a que el GAFI careció de tiempo para analizar la última reforma legislativa. La ley fue impulsada con el único interés oficial de evitar la calificación de "país no cooperante" en la materia, y para ello requirió la voluntad de los legisladores opositores, quienes se avinieron a deponer intereses político-partidarios con el objetivo de evitar sanciones.

Esa actitud mereció dos respuestas: la reapertura en el recinto del texto acordado para excluir a los sindicatos, obras sociales y partidos políticos como sujetos obligados a informar operaciones inusuales o sospechosas y, luego, el veto presidencial respecto de la prohibición de querellar. Sin perjuicio de que esta última disposición había sido la condición excluyente para abrir la negociación parlamentaria.

El Gobierno debe entender que la democracia republicana descansa en la construcción de consensos y que cuando éstos se alcanzan deben ser respetados. Por su parte, los empresarios deben ocuparse de cumplir con su función de artífices del impulso y desarrollo de actividades productivas, de generadores de empleo genuino y prosperidad social, y de poder ejercer en libertad su derecho a disponer del producto de su inversión.

La experiencia advierte que la tarea de lobbistas del poder de turno carece de buen pronóstico. Es preferible colaborar con la sanción de normas que, ajustadas a los requerimientos y estándares internacionales, puedan ser aplicadas sobre las actividades reguladas y logren impedir el lavado de activos; normas objetivas y transparentes que acoten las conductas discrecionales de los funcionarios públicos y soslayen los entresijos que faciliten las extorsiones del poder político.