Buscan impugnar candidatura de Macri
* Por Patricia García. Abogados de las Madres de Plaza de Mayo desataron ayer una polémica al denunciar que presuntamente Mauricio Macri no podría aspirar a ser reelecto en la Capital Federal.
El argumento se funda en un artículo de la Constitución porteña que impide que un funcionario sea designado si está procesado. El jefe de Gobierno está en esa situación, por el caso de las escuchas telefónicas que desembocó, además, en la detención del exjefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios y del presunto espía Ciro James, ambos ya en libertad.
Para el PRO, la acusación se trata de «una maniobra política del kirchnerismo». De todos modos, el tema comenzó a preocupar en el interior del macrismo, aunque la norma madre de la Ciudad de Buenos Aires no le impide a Macri postularse. El problema, de acuerdo con cómo se interpretara la Constitución, sería en caso de ganar la votación del 10 de julio al momento de asumir y si, para entonces, siguiera procesado.
Los abogados Eduardo Barcesat y Roberto Boico, que lanzaron la denuncia, afirmaron en un comunicado que Macri se halla «en situación de inhabilidad para ser designado, tras la compulsa electoral, como jefe de Gobierno de esta Ciudad». En ese punto, la Constitución dice que «nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública». Ahí se abren distintos caminos interpretativos. Por ejemplo, para el titular de la Legislatura porteña, Oscar Moscariello, «en caso de ganar la elección Macri no es designado, sino electo».
Para Cristian Ritondo -jefe del bloque PRO-, «la Constitución Nacional está por encima de la local y le permite a Macri ser candidato».
En cambio, los denunciantes hablan de «una cláusula de ética pública que desarrolla el principio de idoneidad para el ejercicio de toda función pública conforme al art. 16 de la Constitución Nacional».
En otro sentido, el exjefe de Gobierno Aníbal Ibarra remitió al debate que se dio en la convención estatuyente que redactó la Constitución de la Ciudad y señaló que «cualquier persona que pretenda ocupar un cargo en la Ciudad debe presentar un certificado de antecedentes penales, entre otros papeles, y si se encuentra alcanzado por un proceso penal del tipo indicado en la Constitución de la Ciudad, no puede asumir».
La causa que llevó al procesamiento de Macri, medida que confirmó la Cámara, está a cargo del juez federal Norberto Oyarbide y a la espera de su elevación a juicio oral.
Barcesat y Boico plantearon, además, recurrir a la Corte porteña para que dirima la cuestión, aunque estaría claro que el jefe de Gobierno no tiene ninguna condición que le impida presentarse para ser reelecto.
En ese sentido se expresó el titular del bloque Proyecto Sur, Julio Raffo (Solanas), quien sostuvo que «no hay impedimento para que sea candidato y no se puede establecer ahora si podría tener un impedimento para reasumir el cargo, porque desde que se presenta hasta esa instancia, si ganara la elección, no se puede predecir si la condición de procesado continúa».
Fernando Sánchez, candidato a vicejefe por la Coalición Cívica, se expresó en esa sintonía y también aludió a la Constitución nacional como norma superior, ya que el propio Barcesat explicó que Macri no tendría ningún problema para ser candidato a presidente.
El PRO se puso en alerta. El secretario general del Gobierno porteño, Marcos Peña, en un comunicado oficial reflejó la postura del macrismo. Dijo que la impugnación «es una operación política del kirchnerismo que carece de fundamento jurídico» y que el artículo 57 de la Constitución porteña «no alcanza a las personas que se postulan a cargos electivos».
El funcionario avanzó, además, diciendo que «es una presentación tan trucha como la causa en la que fue procesado Macri, una payasada. Barcesat debería volver a la facultad y revisar sus conocimientos de derecho».
Peña remató con que el kirchnerismo «busca proscribir a un candidato a través de una operación política que no tiene fundamento».
Para los abogados denunciantes, en cambio, «la impugnación por inhabilidad constitucional puede y debe ser resuelta antes de las elecciones» y que el procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Monner Sans, «en ejercicio de sus funciones como fiscal electoral, es el primero obligado a controlar la habilidad constitucional de los candidatos que se postulen para los cargos públicos electorales».