Buscan crear por ley un registro único de usuarios para aplicar la segmentación de tarifas 

El dólar planchado, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos es este año una de las anclas antiinflacionarias, pero llegando fin de año, los incrementos en las boletas de electricidad, gas, agua potable o transporte público volverán al centro de la escena.

En ese marco, desde el año pasado, el Gobierno asegura que las actualizaciones tarifarias serán mediante un esquema de segmentación a partir de los ingresos de los usuarios, el lugar que residan y hasta si son propietarios o inquilinos del hogar donde consumen esos servicios.

Con tarifas diferenciales, aseguran, el Estado podrá dejar la política de subsidios generalizada y reconcentrar esos recursos en aquellos sectores más vulnerados. O como admitió el ministro de Economía, Martín Guzmán, dejar de subsidiar la luz o el gas a los sectores ricos del área metropolitana de Buenos Aires.

No obstante esas declaraciones, y como informó Tn.com.ar, la segmentación tarifaria es de resolución compleja. No hay bases de datos únicas o al menos que permitan de manera fácil identificar en un mismo barrio, por ejemplo, que a igual consumo haya un cliente en condiciones económicas mejores que su vecino.

En ese contexto, y mientras desde el Ejecutivo se insiste en que las tarifas se incrementarán desde 2022 a partir de la segmentación, en principio en tres grandes tipos de usuarios, dirigentes del oficialismo quieren crear por ley un Registro Único de titulares de servicios públicos.

La iniciativa, apunta a ordenar a los prestadores de electricidad, gas natural por redes y agua potable, entre otros servicios públicos a que identifiquen a sus clientes por documento nacional de identidad (DNI), a fin de que el Estado pueda cruzar esos datos con los otros a los que ya accede y facilitar la determinación si una persona necesita de subsidios o no.

“Desde los 90, con el traspaso a las provincias de los servicios públicos, el Estado nacional perdió capacidad de trabajar en las desigualdades. No hay registros homogéneos de facturación, en electricidad hay más de 750 cooperativas, en agua pasa algo similar, tal vez en gas son menos prestadoras, pero tampoco hay una forma única de identificar al usuario”, expuso la precandidata a diputada del oficialismo por Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

En ese sentido, dijo ser la coautora de un proyecto con Eduardo Valdés, diputado nacional por CABA del oficialismo, para “una segmentación inteligente de las tarifas”, que parta de conocer de manera fehaciente la capacidad del usuario para afrontar los incrementos.

Por eso, consideró fundamental, que las empresas “carguen los campos de la misma forma: con el DNI, que le permite al Estado cruzarlos con los datos que ya tiene, de ingresos por ejemplo”.

“Es para saber qué tipo de tarifas está pagando y para que el Estado redistribuya y no malgaste los subsidios en gente que puede pagar”, apuntó Tolosa Paz en declaraciones a radio 10.

Por estos días, en los despachos oficiales se afina la idea de tres grandes categorías de usuarios para arrancar con la segmentación. Las escalas se determinan de acuerdo con el nivel de ingresos, localización y asistencia estatal que reciban:

Tarifa plena. Implica un incremento de hasta 80% en las tarifas que se pagan en la actualidad para alrededor del 15% de los usuarios de los servicios de luz y gas en el AMBA, que son los que tienen mayor poder adquisitivo.

Subsidios para tarifas actualizables: la clase media, que en julio necesitó ingresos familiares por encima de $100.000 en CABA, pagaría parte del costo total de la luz y el gas que consume, en un esquema similar al que se aplica en la actualidad aunque el Gobierno busca reducirlos. En esa actualización, cuya periodicidad puede ser trimestral o semestral, se tendrá en cuenta quienes son propietarios y quienes alquilan.

Tarifa social. Jubilados, pensionados y beneficiarios de programas de asistencia estatal ,como la AUH, la tarjeta Alimentar, entre otros, tendrían incrementos nulos o por debajo del dígito, con lo que la suba en las boletas serían cubiertas por los subsidios del Estado nacional. Son más del 40% del total de usuarios de servicios públicos en el AMBA.

En la definición de la segmentación también pesará el mecanismo de actualización tarifaria. El Gobierno reforzó en reiteradas oportunidades que no seguiría más al dólar como, aseguran, sucedió con la gestión de Mauricio Macri.

Mientras delinea el Presupuesto 2022, el Ejecutivo sopesa si las tarifas seguirán a la inflación o a la evolución de los salarios, cuya mejora real seguirá como objetivo de la política oficial, según remarcó este fin de semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Una idea que acercó a la Casa Rosada hace unos meses el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, apunta a que las tarifas aumenten sobre la base de la evolución de la remuneración promedio de los empleados registrados (Ripte), el indicador que se utiliza para actualizar de manera trimestral las jubilaciones y las categorías de Monotributo y Ganancias una vez por año.

El Estado paga hoy siete de cada 10 pesos de las boletas de luz. Las mayores recomposiciones asignadas hasta ahora solo fueron para las empresas productoras y transportistas, por lo que resta la actualización para el segmento de distribución. Como los costos siguen en aumento, en el sector estiman que el atraso tarifario llega al 80%, que se cubre a través de los subsidios.