Boleta única, un factor de transparencia

 Boleta única, un factor de transparencia

Las jornadas electorales en nuestro país, casi sin excepción, evidencian prácticas bien naturalizadas que generan sistemáticamente frenos a los procesos democráticos. La naturalización, la aceptación de lo obvio como normalidad, se sostiene en procedimientos fraudulentos a los que, por decisión u omisión, los argentinos nos hemos acostumbrado.

El paisaje de un domingo electoral cualquiera hace aparecer en mayor o menor grado una escena que en teoría siempre es idéntica: el cuarto oscuro, las listas de candidatos, el sufragio y la contribución silenciosa de cada uno al ejercicio democrático. Pero detrás de esa escena subyace otra, compuesta por actores en apariencia secundarios que operan sobre tan trascendente acto. El 14 de agosto se puso claramente de manifiesto el accionar antidemocrático de personas (o grupos) que empañaron la elección. Un aluvión de denuncias incesantes indicaba que tal candidato de la colorida lista que fuese (atendiendo básicamente al distrito) no aparecía sobre las mesas.

La estafa, la trampa y el chantaje, en cualquier dimensión, desvirtúan de manera sistemática el compromiso de cada uno con el destino nacional colectivo. Un lamentable proceder, de características profundamente antidemocráticas, que siempre aparece: el robo de boletas, la falsificación, la alteración de los datos y la manipulación de la decisión ajena por medio de prácticas reñidas con el respeto a la voluntad popular.

Sabemos de la agilidad en el acto del sufragio, de la optimización de la fiscalización del proceso electoral, de la flexibilización de la tarea de las autoridades de mesa, de su mayor simpleza, de la mayor autonomía del elector, de la equidad para los distintos partidos políticos en el acto electoral y de la transparencia del proceso.

Soslayados en Santa Fe, y en Córdoba después, los procedimientos más sombríos de los actos electorales, este instrumento atrae la atención de la Cámara Nacional Electoral pero es rechazado sin discusiones por el gobierno de la Nación. Los argumentos se diluyen notablemente en una retórica que intenta poner en tela de juicio no la legitimidad del proceso, no sus virtudes técnicas, sino lo que consideran como peligros políticos. Básicamente el temor radica, según lo enuncia el oficialismo nacional, en las formas futuras de gobernabilidad que consideran vulneradas, paradójicamente, por la libertad y la autonomía con la que el elector realiza su acto de sufragio.

La incomodidad oficial ante este probado instrumento democrático queda expuesta por la simplificación (como casi todas las cosas que pertenecen a un orden distinto del oficial) homologándolo a un procedimiento de "múltiple choice" (sic), remitiendo a la parodia de un simple examen. Ironía del dispositivo, pues ¿qué otra cosa es un mapa de opciones electorales que un instrumento de examen? Así, el procedimiento electoral excede al instrumento del que no obstante necesariamente depende. El objetivo, en todo caso, debería ser aprobar sin trampas.

La confusión, maliciosa, de un instrumento con un sistema electoral que desde el oficialismo consideran "de calidad institucional" sorprende, sobre todo considerando que en el mapa de votos del 14 de agosto, algo más del 50 por ciento de los mismos ha ratificado de momento la gestión oficialista. No deberían existir motivos para rechazar la incorporación a nivel nacional de esta herramienta democrática, a menos que exista el temor de un cambio significativo, no sólo de la decisión ciudadana sino principalmente de las condiciones que a la hora del sufragio hacen posible esa decisión.

El manto de sospechas que se levanta sobre la negativa a incorporar este instrumento se traduce en un interrogante que, por lo menos, habrá que poner en discusión: ¿se critica de antemano esta práctica eleccionaria por el temor de que pueda dar lugar a alguna alteración en los resultados? Si la amplia diferencia de votos a favor de la candidata por el Frente para la Victoria no puede ser eclipsada por el hecho de darle luz clara al proceso electoral, ¿por qué la fobia a una herramienta que inexorablemente aumenta la transparencia y erradica sospechas?

En el marco de la declamada transparencia bien se podría dar un pequeño pero categórico paso hacia la adopción de la Boleta Única en consideración a algunos de los beneficios de este instrumento: la autonomía del ejercicio ciudadano en el acto del sufragio y la igualdad de condiciones para los partidos políticos con menor presencia territorial que penosamente se encuentran -durante la elección en sí- con que las listas de candidatos han sido impunemente saqueadas.

En cuanto a los peligros que el oficialismo nacional atribuye a la instrumentación de la Boleta Única, habría que atenuarlos a punto de partida, con la noción básica de que tal instrumento no tiene la capacidad por sí mismo de decidir por el elector. Su virtud radica en cambio en mediatizar de manera más simple, más rápida y eficaz esa decisión, pudiendo además evitar las prácticas desleales a que hacíamos referencia.

La Boleta Única, que agrupa por categorías todos los candidatos existentes de todos los partidos políticos, desentrama por su simpleza las indecorosas maniobras que siguen presentes en la cultura política argentina. Bueno sería que el modelo de crecimiento con inclusión que promociona el gobierno de la Nación se ponga en práctica en ese acto aislado -pero determinante para la democracia- que son los comicios.

Con la implementación de la Boleta Única como instrumento de democratización del proceso electoral mismo, octubre tendría un domingo en el cual triunfe el más votado, por decisión autónoma de los ciudadanos, erradicando viejas prácticas de coerción, de corrupción y de "picardía criolla". Sería un aporte relevante a la restitución de la calidad institucional en Argentina.

(*) Diputado provincial.