¿Barra brava o asociación ilícita?

De casi todos los temas hablaron en campaña los postulantes a la presidencia de Boca Juniors: el actual titular, Jorge Ameal, y Daniel Angelici, quien lo sucederá. Sin embargo, en medio del fárrago de promesas, un tema brilló flagrantemente por su ausencia en toda la campaña: los barrabravas.

Ni Ameal ni Angelici se animaron a decirles a los socios de Boca y a los millones que conforman "la mitad más uno del país" qué harían para limpiar el club del azote de los barrabravas para que presenciar un partido de fútbol no implique asumir un alto riesgo.

Es necesario aclarar, aunque a estas alturas parezca una obviedad, que en la totalidad de los clubes de la AFA existen, gracias a dirigentes cómplices, por acción u omisión, grupos de delincuentes disfrazados de hinchas que no dudan en ejercer todo tipo de violencia cuando algo se interpone con sus planes.

El de Boca es, sin embargo, un caso paradigmático que no permite ser optimista, siquiera mínimamente, respecto de que el fútbol vuelva a ser la fiesta que alguna vez fue en nuestro país para que las familias puedan disfrutar de los clubes sin verse rodeadas de delincuentes porque, como se sabe, Ameal y Angelici no fueron los protagonistas de fondo en la pelea por el poder en Boca, sino apenas representantes del gobierno nacional y de Mauricio Macri, respectivamente.

Era lógico, entonces, esperar que el tema de los barrabravas integrara la agenda de campaña, aunque más no fuera para que los postulantes dijeran a la gente que tomaban nota del problema y que sabían que se trata de un asunto infinitamente más importante que si Riquelme sigue o si Falcioni se va.

Nadie ignora que los barrabravas controlan negocios tan variados como el estacionamiento, la venta y reventa de entradas y pasajes, los bares e, incluso, el tráfico de droga. Ni tampoco que son mano de obra especializada en tareas pesadas como fuerzas de choque para amenazar y agredir y que, muchas veces, quienes los contratan para estos menesteres son funcionarios políticos y dirigentes gremiales. Y que más de una vez sus intervenciones han causado muertes.

Lo único que la Casa Rosada ha hecho respecto de los barrabravas no ha sido combatirlos con la ley en la mano, como corresponde hacerlo con los delincuentes, sino todo lo contrario: facilitarles a muchos viajar al Mundial de fútbol de Sudáfrica integrando la agrupación denominada Hinchadas Unidas Argentinas, a cuyo frente estaba Marcelo Mallo, un dirigente de vieja relación con el senador electo Aníbal Fernández, integrante de Compromiso K y cercano a Rudy Ulloa, un incondicional de los Kirchner.

Mallo declaró públicamente que la idea era integrar a los barras de distintos clubes como un primer paso para terminar con la violencia. Los resultados son conocidos: en lo único en que coincidieron fue en hacer flamear banderas kirchneristas en los estadios sudafricanos y en seguir utilizando sus métodos mafiosos en sus negocios. Y el país terminó pasando un papelón.

Ultimamente el crecimiento del poder de los barras y el temor que inspiran les permiten generar situaciones indignantes, como cuando los partidos deben reprogramarse para ser disputados en días y horarios insólitos, jugarse a puertas cerradas o postergarse. Es cuando demuestran que pueden hacer retroceder a la gente decente, la inmensa mayoría, y, lo más grave, al Estado.

¿Por qué razón el gobierno nacional y el macrismo decidieron que sus delegados en la puja por Boca ignoraran el tema? ¿Es que no saben cómo solucionarlo? ¿Acaso no pueden? ¿O, directamente, no quieren? El problema es lo suficientemente grave como para que quienes tienen responsabilidades de máximo nivel en los clubes y en el país sigan ignorándolo.