Balance de los derechos humanos

La situación argentina en materia de derechos humanos ocupa un lugar destacado en el informe anual de Human Rights Watch (HRW) que acaba de difundirse. Una superstición que ciertos grupos políticos e intelectuales han procurado instalar entre nosotros reduce los derechos humanos al desenlace de la vida y, además, sólo cuando ello es obra de gobiernos militares, de fuerzas de seguridad o de gobiernos de signo opuesto al de aquellos. Sin embargo, en el amplísimo espectro de los derechos humanos, tal como se ha ido edificando su sistematización jurídica desde la antigüedad y consagrado en las cartas internacionales modernas, se establecen todas las protecciones esenciales para el resguardo y la dignidad de la vida.

Desde el derecho al asilo y la condena de la usura -esos grandes institutos introducidos por la Iglesia entre el Medioevo y el Renacimiento- hasta el derecho a la libertad de expresión y a una de sus manifestaciones más valiosas en particular, la libertad de prensa. Se comprende, así, que en la visión universal en esta vasta materia de Human Rights Watch se hayan debido acabar cuestiones numerosas sobre los derechos humanos en el mundo.

Esta ONG internacional, cuyo nacimiento e influencia se remonta a la decisión de velar en los años setenta por el cumplimiento de los acuerdos de Helsinki sobre mayores libertades en la entonces zona de dominio soviético, ha hecho hincapié en la agenda de este año en asuntos que comprometen en la Argentina la libertad de prensa. Entre otros, los hechos que perturban la independencia del Poder Judicial, la falta de criterios transparentes en la asignación de contratos de publicidad oficial en el ámbito federal y en algunas provincias, el riesgo de discriminación política contra los medios que critican a funcionarios y hasta las denuncias temerarias del Gobierno contra el director de La Nacion, Bartolomé Mitre; el directivo de Clarín Héctor Magnetto y el fallecido director de La Razón Patricio Peralta Ramos, por una supuesta participación en delitos de lesa humanidad en el caso Graiver.

Otras instituciones nacionales e internacionales han hecho puntualizaciones parecidas a las de Human Rights Watch y, como ella, han puesto de relieve los aspectos más alarmantes de la ley de medios audiovisuales, que deja en manos del Poder Ejecutivo, pero con reglas que él puede amañar a su antojo, tanto la suerte que correrá la propiedad de los activos de radios y canales como la cancelación y el otorgamiento de licencias. Esta evaluación debe ser recibida como una nueva e importante contribución a la causa de los derechos humanos en debate en la Argentina.

La declaración de HRW encomia, por ejemplo, la continuidad de los procesos contra militares que en la lucha antisubversiva cometieron crímenes de lesa humanidad, pero nada dice, en cambio, de una omisión imperdonable de equidad. Los miles de actos de terrorismo que provocaron la represión siguen impunes a pesar de su gravísima naturaleza, también definida como de lesa humanidad en el plano internacional, y de los justos reclamos de las familias de las víctimas.

Debe señalarse, de todos modos, la preocupación con la cual HRW aborda el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de habilitar la extradición de Galvarino Apablaza Guerra, el ex guerrillero señalado como autor del asesinato del senador nacional chileno Jaime Guzmán. La Casa Rosada, como bien hace notar el informe, se ha abstenido de explicación alguna sobre su rebeldía, tan simétrica a la que dio lugar otro hecho registrado por HRW: la negativa a reponer en funciones, tal como también lo dispuso el más alto tribunal del país, a Eduardo Sosa, el ex procurador de la provincia de Santa Cruz, desplazado por un acto ilegal del ex gobernador y ex presidente Néstor Kirchner.

Como no podía haber sido de otro modo, las más duras críticas del informe se refieren a Venezuela y Cuba. Los nostálgicos del marxismo-leninismo, y quienes sacan provecho de las últimas rémoras gubernamentales entre las nefastas experiencias de inventar "un hombre nuevo", podrán pasar por alto esas tragedias. Allá ellos con su doble conciencia. Esperamos aquí, en cambio, otra cosa de los políticos que disputarán desde líneas de vanguardia por los cargos electivos que se resolverán por el voto popular en octubre próximo. Esperamos compromisos de reafirmación de que ha llegado la hora de establecer en el país las bases activas de un Estado de Derecho y condenatorias, por sí mismas, de las calamidades que con ingenuidad se consideraron definitivamente concluidas con la implosión comunista de 1989/90.