Aviones y anillos
Que un gobernador haya hecho un viaje de turismo gratis en un avión oficial y que un juez federal ostente un anillo valuado en 250 mil dólares es inaceptable en un país en donde no faltan pobres.
La ciudadanía parece haber perdido la capacidad de asombro y ya ni se inmuta frente a hechos de suma gravedad, como si estos fueran naturales o formaran parte del paisaje político e institucional.
No sólo en la Argentina sino en otros países del mundo hay mucha gente que ha llegado al resignado convencimiento de que la corrupción forma parte esencial de la política o que es uno de sus rasgos distintivos.
Y en todo caso lo que se les exige a los políticos es que sean eficaces, que gobiernen o legislen bien y que protejan los intereses de la sociedad. Si un gobierno logra mejorar los niveles de vida, a través de salarios más altos y servicios de educación y salud de alta calidad, se le perdonarán los actos de corrupción que haya cometido.
El problema se plantea cuando estallan las grandes crisis, caen los ingresos o aumenta el desempleo, es decir cuando se produce un deterioro generalizado de la condiciones de vida. Es en estas circunstancias cuando la corrupción es valorada en su justa dimensión, al calor de grandes reacciones populares, como las que ocurren actualmente en los países de Europa o Estados Unidos, donde los indignados llenan las plazas y calles en reclamo de empleo, casa y comida, y levantan muy alto la bandera de la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, en una democracia en serio, en un sistema republicano que funcione, esa lucha debería ser permanente, al margen de las coyunturas económicas y sociales. La Argentina, después de algunos años de relativa, despareja y desigual prosperidad, está sintiendo los efectos de la crisis internacional y de políticas internas dadivosas, incoherentes o inconsistentes.
Pero siempre y en todos los casos –cualquiera sea la opinión que se tenga sobre el gobierno– los actos de corrupción deben ser denunciados. No hay semana que pase en la que no ocurran hechos de manifiesta ilegalidad, o que evidencien una ostentación de riqueza o lujo de altos funcionarios del Estado.
El gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, hizo un viaje de turismo al exterior gratis, acompañado de parte de su familia, en un avión que es de propiedad de la provincia que gobierna. Y el polémico juez federal Norberto Oyarbide se paseó por los tribunales con un anillo de brillantes, valuado en 250 mil dólares, según el propio magistrado. Son hechos demasiado irritantes, sobre todo para aquella gente a la que le cuesta mucho llegar a fin de mes, o que no tiene empleo, o vive por debajo de la línea de la pobreza.
Pero además son hechos que deben ser denunciados e investigados, porque de lo contrario se seguirán abriendo las puertas a la más absoluta impunidad. Frente a estas cosas, la Justicia, los legisladores y los funcionarios gubernamentales deben actuar. Y la ciudadanía no puede ni debe permanecer indiferente.