Aviones, mansiones y autos de alta gama, los bienes que buscaría retener Cristóbal López
Así consta en documentación que está en la Justicia. En la AFIP creen que el empresario K intenta vaciar al Grupo Indalo.
Mientras Cristóbal López busca transferir el Grupo Indalo a nuevos inversores, con deudas millonarias, el empresario K pretende quedarse con aviones, vehículos de alta gama, propiedades y algunas sociedades que le pertenecen al holding, según consta en documentación a la que accedió Clarín.
La información se desprende de la propuesta de inversión y capitalización que el fondo OP Investments presentó ante la Justicia comercial, donde busca que se apruebe la apertura de un nuevo concurso de acreedores de Oil Combustibles, la empresa que le adeuda a la AFIP más de $10.000 millones.
En el extenso escrito se reconocieron deudas millonarias con acreedores privados, "garantizados por accionistas". Se compone de: 223 millones de pesos, cuyos principales afectados son Marcelo Tinelli (con $137 millones), y Héctor Colella, el "heredero de Yabrán", con $ 75 millones. También se consignó ahí una deuda en dólares, por US$ 50 millones, de los cuales el conductor de televisión tiene US$ 12,9 millones y Colella US$ 1,8 millón, entre otros.
La sorpresa para el Gobierno fue conocer que había un listado de activos "excluidos" de la operación de venta del Grupo Indalo a OP Investments, que aún debe contar con la aprobación de la Justicia federal. Se trata de una serie de bienes que Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa no estarían dispuestos a entregar.
"Que vendan sus aviones y con eso paguen los salarios de sus empleados", dijo en tono irónico un alto funcionario. Es que López y De Sousa quieren quedarse con dos aviones King Air C 90 (uno de 1982 y otro de 2013, con un alto valor de mercado) y otra aeronave modelo Barón 58 (de menor costo).
Además, el empresario K y su socio tampoco quisieron vender ocho vehículos, según se detalla en la documentación, porque son "actualmente utilizados por los accionistas". Entre los más importantes se encuentran dos autos BMW, uno inscripto bajo la titularidad de Alcalis de la Patagonia y otro a nombre de Oil Combustibles S.A. (OCSA). De ésta última compañía hay también dos Jeep: un Cherokee PAT y un modelo Wrangler.
De la constructora CPC, hay registradas una Toyota Hilux y una Toyota Prado, que los dueños de Indalo tampoco quieren entregar y planean reservarse para su disfrute personal, al igual que otra camioneta Hilux, propiedad de Oil M&S SA.
Los empresarios kirchneristas también se resisten a dejar la comodidad de Puerto Madero. Por eso, no incluyeron en la venta tres "unidades funcionales" en el Edificio Madero Center. En uno de esos departamentos vive Cristóbal López y hasta hace poco su oficina principal le quedaba a pocos pasos.
En dicho complejo le alquilaba a Cristina Kirchner un dúplex, por US$ 32.000 por mes, hasta que el juez Claudio Bonadio ordenó su desalojo, al entender que como estaban procesados por asociación ilícita en la causa Los Sauces SA, no podían continuar con esa relación comercial.
Además, López y De Sousa buscan retener dos casas en el coqueto barrio cerrado y golf club Arelauquen, de San Carlos de Bariloche, que son de la constructora CPC. En esta zona privilegiada las propiedades no bajan del medio millón de dólares.
Hay un conjunto de tres empresas que no son parte de la venta de los activos de Grupo Indalo. Una de ellas es Inverco del Cono Sur, en Comodoro Rivadavia, una financiera cuyo capital inicial cuando se constituyó fue de $ 612.000 y sus principales accionistas son De Sousa e Inversora M&S (usada como parte de la maniobra defraudatoria contra el Estado, junto a OCSA).
Tampoco se incluyó la venta del Parador 10, en Rada Tilly, Chubut. Ese distinguido restaurante fue inaugurado en 2014, con fuegos artificiales e invitados especiales; y cuenta con más de 100 mesas y 450 metros cuadrados cubiertos. Finalmente, López y De Sousa planean quedarse también con la empresa Promet, que produce aceite de oliva en la provincia de Catamarca.
Ante esta maniobra, la AFIP sospecha que podría haber un vaciamiento del patrimonio con el que el Grupo Indalo debería hacer frente a sus deudas millonarios.