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Avión venezolano-iraní: la Justicia investigará las pistas de espionaje ilegal y de terrorismo

A partir de que el FBI confirmara la vinculación directa de Gholamreza Ghasemi con las Fuerzas Quds, el juez Federico Villena dio intervención a la fiscal para delimitar la acusación contra el piloto iraní del vuelo de Emtrasur y avanzar sobre el resto de la tripulación.

La Justicia federal avanzará con la investigación sobre la pista del espionaje ilegal o terrorismo vinculada al piloto Gholamreza Ghasemi y los tripulantes del avión venezolano-iraní que aportó el FBI.

El informe de la agencia norteamericana confirmó la vinculación directa de Ghasemi con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria de Irán especializada en operaciones de inteligencia y con la organización terrorista Hezbollah. A partir del documento enviado desde Washington al juzgado federal de Lomas de Zamora, el juez Federico Villena dio intervención a la fiscal Cecilia Incardona para delimitar la acusación contra el piloto iraní del vuelo de Emtrasur.

A comienzos de la semana pasada, el requerimiento de la fiscal -basado en trascendidos de agencias de inteligencia internacionales- era muy amplio. En los últimos días se ordenaron más de 30 medidas de prueba y, tras el informe del FBI este último fin de semana, la Justicia profundizará a partir de este martes la investigación concentrándose en el piloto iraní.

“Estábamos trabajando sobre varias hipótesis. Ahora el informe (del FBI) permite delimitar una hipótesis delictiva concreta”, explicó este domingo a Infobae una fuente judicial. Entre esas hipótesis se evaluaba que el avión venezolano-iraní fuera parte de una operación de inteligencia o incluso de terrorismo. El documento no solo confirmó la vinculación de Ghasemi a la Guardia Revolucionaria Islámica, sino también despejó las dudas sobre las sanciones aplicables al avión desde Estado Unidos. “Si Mahan Air está arrendando la aeronave a Emtrasur, la aeronave aún se consideraría propiedad bloqueada de Mahan Air. Además, las personas que proveen bienes o servicios a la aeronave podrían estar expuestas a sanciones sobre la base de que estarían proporcionando bienes o servicios a Mahan Air”, explicó la Oficina Federal de Investigaciones.

Gholamreza Ghasemi es CEO y miembro del Consejo de Administración de Fars Air Qeshm, además es piloto de la empresa Emtrasur que opera bajo el control absoluto de Nicolás Maduro. Llegó a Buenos Aires en un Boeing modelo 747-300M, con matrícula YV3531. Ese avión partió desde Caracas, hizo escala en Querétaro (México), donde levantó la carga de autopartes, y aterrizó finalmente en Ezeiza el lunes 6 de junio.

El FBI también remitió al juzgado federal de Lomas de Zamora otro informe de tres fojas -case file: BE -6135976- que describe las distintas operaciones ejecutadas por la Fuerza Quds -que integra la Guardia Revolucionaria de Irán- y cómo reaccionó los Estados Unidos frente a esa amenaza terrorista a nivel global.

“La Fuerza Quds ha tenido una larga historia apoyando la milicia de Hezbollah, paramilitares, y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia, y soporte logístico. Las Fuerzas Quds operan un campo de entrenamiento para Hezbollah en el Valle de Bekaa en el Líbano y han reportado entrenamiento para más de 3.000 soldados en los cuarteles que tiene la Guardia Revolucionaria en Irán”, asegura el dossier del FBI.

Luego de analizar el contenido del informe, el juez federal Villena también le dio intervención a la DAIA, que se presentó el lunes pasado ante la Justicia y fue aceptada como querellante. En su denuncia, el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Jorge Knoblovits, pidió que sean citados a declarar como testigos el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, que alertó sobre el episodio el viernes pasado a través de un pedido de informes; el titular de la AFI, Agustín Rossi; el ministro de Seguridad Aníbal Fernández; la directora de Migraciones María Florencia Carignano; y el director de la PSA, José Alejandro Glinski.

Hasta el momento ningún funcionario argentino fue citado por la Justicia, pero sí se ordenó que declaren como testigos los ejecutivos de las tres petroleras que operan en el aeropuerto de Ezeiza para saber por qué no le vendieron combustible al avión de la polémica. Según una denuncia presentada por el gerente de Operaciones de Emtrasur, Víctor Pérez Gómez, la aeronave tenía un acuerdo original con Shell, que se ejecutaba con una empresa tercerizada.

 

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