Avanza proyecto para que videos sirvan como prueba
El Senado bonaerense dió media sanción a un proyecto enviado por el Ejecutivo que toma los registros en video y las grabaciones del 911 como prueba. Es consecuencia directa del caso Píparo.
La Cámara de Senadores bonaerense aprobó el proyecto de ley que establece que las grabaciones en video obtenidas por cámaras de seguridad y los llamados al 911 podrán ser tomados como prueba en causas judiciales.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, es uno de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo provincial, tras la salidera en la que fue baleada Carolina Píparo en La Plata.
En los fundamentos del proyecto, se consignó que el "permanente avance de la tecnología en materia de prevención e investigación de hechos delictivos reclama la revisión de marcos regulatorios para dar respuestas concretas a la ciudadanía y dotar a la justicia de nuevas herramientas en la investigación de delitos”.
Se explicó que en la provincia "más de 40 municipios cuentan con centros operativos de monitoreo, previéndose en lo inmediato su extensión a todos los distritos del territorio bonaerense, lo cual, además de contribuir a mejorar la seguridad ciudadana mediante la prevención, ha permitido profundizar la identificación y detención de autores y partícipes de hechos delictivos”.
También se hace referencia a que los llamados a las líneas de emergencia "son efectuados por lo general momentos después de cometidos los hechos ilícitos, obteniéndose datos relevantes tanto para impedir su consumación como para motorizar su persecución y constituyen una herramienta valiosa para promover investigaciones a través de denuncias de identidad reservada”.
El Poder Ejecutivo aclaró que si bien el Código Procesal Penal actual "avalaría la utilización de estos medios de prueba, lo cierto es que existe en la provincia diversidad de criterios sobre su validez, generándose no sólo incertidumbre, sino que además corriéndose el riesgo de frustración de los fines del proceso”.
En ese contexto, el proyecto aprobado hoy pretende regular la utilización en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y en la etapa de juicio de las grabaciones obtenidas.