Avanza la investigación por el narcocrimen de Medina

La Justicia de Rosario busca a las personas que tuvieron contacto con el empresario Luis Medina, asesinado junto a su novia en medio de un supuesto ataque narco en esa ciudad, para que declaren en la causa y de esta manera poder reconstruir las horas previas al brutal golpe de sicarios.

Según informó el diario La Capital de Rosario, el fiscal de feria Enrique Paz requerirá que se localice a varias personasa fin de tomarles una declaración informativa que le permita avanzar en la investigación del suceso.

La pareja fue acribillada a las 6 de la mañana del 29 de diciembre pasado en el acceso sur y Ayolas, en Rosario, cuando regresaban a su habitación en el hotel Pullman del Casino City Center. Ese día el empresario decidió ir a cenar y luego a bailar a un restaurante que se encuentra en la Estación Fluvial.

Cerca de las 5, el empresario emprendió el regreso hacia el hotel al cual no llegó tras ser emboscado por otro vehículo desde el cual le dispararon sin piedad.

También, La Capital destacó que en el marco de la investigación judicial, el traslado a Santa Fe de la computadora Mac Ultrabook de Medina generó un revuelo político por la gravedad que supone que esa prueba haya sido revisada en una oficina del Ejecutivo provincial.

La máquina fue secuestrada en el hotel minutos después del crimen y de allí trasladada a Pericias Informáticas de la policía rosarina. Como esos efectivos no pudieron desbloquearla, intervino el secretario de Tecnología de la provincia, Javier Echaniz, quien pertenece al área del Ministerio de Gobierno, y logró acceder al contenido de la máquina.

En este contexto los ministros de Justicia, Juan Lewis, y de Gobierno, Rubén Galassi, dijeron que la máquina nunca salió del control de la policía y aseguraron haber actuado con una orden judicial de la jueza Raquel Cosgaya, quien intervino en la causa en las primeras horas tras el apartamiento de la jueza original del caso, María Luisa Pérez Vara, que estaba en turno pero ni respondió llamados para acudir al lugar del hecho.

Sin embargo, Cosgaya negó haber autorizado que un funcionario político accediera al aparato: sostuvo que desde la policía le consultaron por teléfono si efectivos de la Agrupación Unidades Especiales podrían registrar un celular bloqueado, pero no una computadora.

Pero la jueza Alejandra Rodenas, quien quedó a cargo de la investigación, dijo que existe un acta policial en la que consta que cuando la fiscal María Eugenia Irribaren llegó a Pericias Informáticas había dos funcionarios de la secretaría de Tecnología de la provincia intentando abrir la computadora.

Entonces la fiscal consultó a la jueza Cosgaya y ésta ordenó que se continuara con la medida.