Avances en la investigación por el derrumbe de Beara
Pidieron la indagatoria de los funcionarios que habilitaron el boliche.
Un fiscal pidió la indagatoria bajo acusación de "estrago doloso seguido de muerte" de tres funcionarios porteños que tuvieron participación en el proceso de habilitación del boliche Beara, en el que se derrumbó parcialmente un entrepiso y murieron dos personas.
El fiscal Andrés Madrea pidió a la jueza Alicia Iermini la indagatoria de Norberto Cassano, jefe del Departamento de Esparcimiento; Pablo Seiskuscas, director de Habilitaciones Especiales; y Martín Diego Farrel, director general de Habilitaciones y Permisos.
Asimismo, fueron solicitadas las indagatorias del inspector del gobierno porteño Carlos Mustapich, quien al parecer avaló la habilitación del local; del maestro mayor de obra Gustavo Amaru, quien realizó los trabajos para quienes regenteaban el local previo a la habilitación; y del arquitecto Isaac Rastolski, quien estimó que el entrepiso soportaba 500 kilos por metro cuadrado, lo que parece improbable ante los acontecimientos. El fiscal pidió, además, la prohibición de salida del país para todos los imputados.
Según confiaron fuentes judiciales, el director Farrell habría sido advertido cuatro días antes de la tragedia, por otro funcionario del gobierno porteño, de que en Beara funcionaba, de manera encubierta, un local bailable.
La figura de "estrago doloso seguido de muerte", por la que fue condenado a 20 años de cárcel Omar Chabán en la causa por Cromañón, también alcanza a los integrantes de la sociedad Viejo Sabio, que explotaba Beara: Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Catán Coria, Iván y Ronaldo Flies.
De ellos, Yun, Dobrila e Iván Flies pidieron la semana pasada la exención de prisión, concedida por la jueza bajo caución real de $20 mil a cada uno. El pedido de indagatoria también alcanza a Maximiliano Frattino, un relacionista público que al parecer contrató al grupo musical Ráfaga para que actuara la noche de la tragedia.
El fiscal Madrea busca determinar, en su caso, si es cierto que pagó $4.500 a Ráfaga, 5.000 por el alquiler de Beara e invitó a 150 personas que concurrieron gratis a un evento en el que no está determinado que se haya presentado producto comercial alguno ni lanzado ningún evento.
La jueza Iermini aceptó la semana pasada como querellante al padre de una de las víctimas mortales del derrumbe de Beara, para que forme parte de la causa penal. La magistrada hizo lugar al pedido efectuado por el padre de Ariana Beatriz Lizarraga, de 20 años, y lo habilitó de este modo para formar parte del expediente, pedir prueba, citación de testigos y hacer imputaciones.
La magistrada recibió el 21de septiembre el expediente que se encontraba en la Comisaría 25 y lo remitió al fiscal Madrea para que dictamine sobre la calificación penal y sugiera medidas de prueba para realizar, informaron fuentes judiciales.
También recibió del gobierno porteño el expediente de habilitación de Beara, que cumpliría con todos los requisitos, pero se debe determinar si fue correcto otorgarle el funcionamiento bajo la nominación de "restaurante, café y casa para fiestas privadas".
En la madrugada del 10 de septiembre se derrumbó el entrepiso del boliche ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, donde murieron Lizarraga y Leticia Provedo, de 21 años, y otras veinte personas resultaron heridas.