Atentado a Cristina Kirchner: la Justicia cree que Brenda Uliarte compró el arma y planeó el ataque

La jueza María Eugenia Capuchetti procesó este jueves a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves 1 de septiembre. Les dictó la prisión preventiva por el delito de tentativa de homicidio: la acusación contra Sabag Montiel es por haber intentado "dar muerte" a la ex presidenta, contando para ello "con la planificación y acuerdo previo" de su novia. A cada uno se les trabó un embargo de $ 100 millones.

A la pareja les atribuyó el mismo delito: coautores de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa".

Pero además, la magistrada le sumó otros delitos: la tenencia de arma de guerra "sin la debida autorización legal en calidad de autora, receptación, a sabiendas de su procedencia ilegítima de un arma de fuego". Sumado a eso, detalló en la resolución a la que accedió Clarín, el acopio de municiones sin la debida autorización legal y tenencia ilegítima de DNI ajeno junto con la falsificación de documento público.

En base a la investigación realizada por la magistrada y la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo se avanzó en esta primera etapa del caso con los procesamientos de los principales acusados en el expediente: el responsable de gatillar la pistola Bersa calibre 32 contra la Vicepresidenta, y su pareja, señalada como parte del ataque planificado.

​La jueza no estableció, hasta ahora, vínculos de los jóvenes procesados con organizaciones políticas, a pesar de los intentos del Gobierno de vincularlos con "Revolución Federal".

La resolución judicial reconstruye los hechos ocurridos el jueves 1 de septiembre después de las 21 horas, afuera del departamento de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta. La secuencia ya es conocida: el joven de origen brasileño se acercó a pocos centímetros de la Vicepresidenta empuñando una pistola "apta para disparar" y gatilló. El disparo nunca se produjo.

En su resolución la jueza Capuchetti determinó que en base a las pruebas mencionadas "se permiten concluir, con el grado que exige esta etapa, que el día 1° de septiembre en la hora referida, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte se dirigieron hacia las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta", en ese lugar como escenario de los hechos el joven de origen brasileño "aprovechando el estado de indefensión generado por la multitud, intentó dar muerte a la Vicepresidenta de la Nación mediante el uso del arma de fuego, conforme el plan criminal premeditado por ambos imputados".

Al momento de detallar las causas por las que no se concretó el disparo, la magistrada indicó "dicho suceso no se vio concretado por razones ajenas a su voluntad y a partir de la inmediata reacción de las personas que estaban en el lugar, quienes lograron reducir al imputado instantáneamente impidiendo que continúe con su accionar".

El plan criminal

Para los investigadores el atentado del 1° de septiembre fue el "capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado" los dos acusados.

Esa premeditación del ataque pudo ser reconstruido a partir del análisis que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria de la información contenida en los teléfonos celulares secuestrados a ambos imputados.

Para la Justicia el plan para asesinar a Cristina Kirchner inició el 22 de abril del año en curso, "fecha en la cual Brenda Uliarte habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, con la numeración 25037 en el lateral izquierdo del cañón, luego utilizada para cometer el hecho investigado".

Esa fecha especificada, la joven de 23 años le indicó a un contacto identificado como "Serena" que había adquirido un arma de fuego. Concretamente, le dijo "si tengo un fierro lo compre porque mi ex está jede". El mismo día también le informó esa circunstancia a otro contacto agendado como "Fran", a quien le refirió "tranqui no va a pasar nada... es mío el fierro".

Así, la justicia federal concluyó que Sabag Montiel y Uliarte "actuaron con el determinado designio de causar la muerte de la Vicepresidenta, de conformidad al previo plan ideado entre ambos". Señaló en otro tramo del escrito, que el medio empleado idóneo a tales fines y pese a que no logró alcanzarse "por razones ajenas a la voluntad de ambos" se calificaron en el grado de tentativa.

Es por ese motivo que la magistrada consideró que contaban con el arma con anterioridad "para cometer el homicidio" y que ambos tenían un "cabal conocimiento de su adecuado funcionamiento y aptitud de disparo". A esta reflexión llegaron al determinar que el arma se encontraba cargada con municiones del mismo calibre y que así fue llevada a las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner.

Por otro lado se corroboró que Sabag Montiel y Uliarte no sólo dieron inicio a la ejecución del plan sino que "nos encontramos frente a una tentativa acabada en tanto llevaron a cabo todos los actos necesarios para causar la muerte de Cristina Fernández de Kirchner".

La responsabilidad del delito por más que el disparo no haya salido fue adjudicada a que "ya no pudieron desistir del curso de acción doloso, siéndoles imposible dar marcha atrás al mecanismo letal iniciado a través de la puesta en funcionamiento del mecanismo de disparo de la pistola semiautomática utilizada".

Es por eso que la magistrada indicó que actuaron con la intención de cometer un homicidio y que ese plan quedó puesto de manifiesto en los mensajes que intercambiaron previo al jueves 1 de septiembre, cuando hicieron referencia a la voluntad de matar a la Vicepresidenta.

El agravante del delito

Estudiando el plan de ataque contra Cristina, la jueza dijo que cuando se puso en marcha el plan "dejando atrás la fase preparatoria", se "dispuso dar inicio a la etapa ejecutiva del delito" y destaca que "el autor de delito tenía serias chances de salirse con la suya", es decir: cometer el asesinato.

Por ese motivo Sabag Montiel y Uliarte fueron acusados de contar con un plan previamente elaborado, "en el marco del cual evaluaron las distintas posibilidades para ejecutar el hecho, tanto en la modalidad de la comisión como en las circunstancias de tiempo y lugar".

Estas circunstancias de premeditación fueron consideradas como un agravante del delito de tentativa de homicidio.