Asesinaron a la viuda de un desaparecido en dictadura y amenazaron a sus hijos

Una jubilada de 74 años fue hallada asesinada en su vivienda de la ciudad de Córdoba. La víctima, identificada como Susana Beatriz Montoya, tenía golpes y puñaladas. Era madre de un militante de HIJOS y viuda de un policía desaparecido en la dictadura.

El trágico episodio ocurrió este fin de semana en una vivienda ubicada en el barrio Ampliación Poeta Lugones. La investigación avanza con un gran hermetismo, pero, de acuerdo a lo informado por los medios locales, se pudo establecer que en la escena del crimen los atacantes dejaron una amenaza en una pared escrita en rojo. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, se leía.

Montoya era la madre de Fernando Albareda, hijo del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, torturado y desaparecido durante la última dictadura cívico militar. De acuerdo a lo informado por el medio La Voz, las primeras pericias indican que la víctima recibió un golpe provocado por un ladrillo o cascote pesado y luego un corte.

Albareda se dirigió hasta el domicilio porque su mamá no le respondía las llamadas y fue quien la encontró tirada en el patio, ya sin vida. Tras ello alertó a la Policía y cuando los efectivos llegaron, al entrar en la casa, descubrieron el desorden. Hasta el momento no se informó si faltaba algo de valor, pero sí se descubrió la pintada amenazante. “Solo atiné a llamar a la Policía. Salté la tapia de la casa vecina y vi que estaba muerta, ya morada”, relató Fernando al mencionado portal.

Si bien no se descarta ningún móvil, no habría signos de que se hubiera forzado el ingreso a la vivienda. La causa está a cargo del fiscal del Distrito 4, Turno 3, Juan Pablo Klinger.

El brutal crimen genera preocupación por su relación con una víctima de la dictadura y además por las amenazas que ya había recibido su hijo a mediados de diciembre. “Se te terminaron los amigos en la Policía”, “sos hijo de terroristas”, “te vamos a juntar con tu papito”, “vas a morir”, decían algunos mensajes, escritos en diferentes letras con fibra negra sobre hojas blancas, que aparecieron en puerta de entrada de su casa. Junto a estas intimidaciones había dibujos de esvásticas nazis y seis balas calibre 22 largo.

“Yo recibo amenazas todos los meses. Nunca les di bola. Pero ahora parece que han vuelto, que están rompiendo todos los códigos”, dijo en su momento Fernando.


Desaparición forzada de Ricardo Albareda

El padre de Fernando, Ricardo Fermín Albareda, era policía y militante del ERP. Fue secuestrado durante la última dictadura y permanece desaparecido. Fernando fue parte de la agrupación HIJOS y es empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Córdoba, a cargo del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM). Hasta el año pasado dio charlas sobre derechos humanos a policías en formación.

La investigación judicial por las amenazas de diciembre, caratulada como “amenazas calificadas”, quedó a cargo de la Fiscalía Distrito 4 Turno 3 de la ciudad, y no logró resultados. “Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de a puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, recordó Albareda en una entrevista que dio al diario Página 12. En ese momento también contó que sufrió amedrentaciones durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos exmiembros del D2.

Ricardo Fermín Albareda era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del D2, epicentro de la represión ilegal en la provincia. Tras ello lo llevaron al centro clandestino conocido como “Embudo”, que funcionó a metros del Dique San Roque. El titular del D2 era Raúl Telledín y operaba junto a Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Allí, Albareda fue salvajemente torturado y entre los ataques que recibió sufrió la mutilación de sus genitales. Algunos testimonios indican que murió desangrado. Su paradero aún se desconoce.

Fernando Albareda encaró la reparación del legajo policía de su papá, amparado en la ley provincial sobre reparación histórica de legajos de empleados públicos. “Es el único caso en el que la Policía reconoce un crimen de lesa humanidad”, había resaltado en su momento.