Asambleístas de Gualeguaychú marchan por la ex Botnia

La Asamblea Ciudadana Ambiental realizará este domingo una nueva caravana al puente internacional General San Martín, en el marco de una protesta por la autorización para el aumento de la producción a la empresa Botnia-UPM.

Los asambleístas expresaron su "gran preocupación" por las "respuestas espasmódicas" que los gobiernos argentino y uruguayo dan a los pobladores de la región ante sus consultas por la contaminación.

La Asamblea convocó para las 14 a la población para reunirse en el paraje de Arroyo Verde, kilómetro 28 de la ruta internacional 136 y desde allí, los asambleístas partirán en caravana hacia la cabecera argentina del enlace vial donde a las 15 realizarán un acto. Manifiestan que "Botnia-UPM debe ser desmantelada o relocalizada ya", porque el daño ambiental "es irreversible".

Asimismo, en una declaración difundida en las últimas horas, la Asamblea exigió que "se pague la deuda ambiental que a diferencia de otras, es legítima".

En el documento, la entidad vecinal ambientalista indicó que "esperamos y exigimos que nuestro Gobierno honre su palabra, a la sociedad civil de esta región, y pague esta deuda ambiental que, a diferencia de otras, es legítima".

Agregó que "hoy nos encontramos ante un nuevo atropello del gobierno uruguayo a pactos entre pueblos hermanos", aunque también advirtió que "vemos con gran preocupación las respuestas espasmódicas que ensayan nuestros representantes a dichas violaciones, manifestándose puntualmente cuando el Uruguay avanza ilegalmente en este conflicto y quedando después todo en el olvido".

En ese sentido, recordaron que el gobierno argentino había anunciado el año pasado su decisión de volver a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ello había "quedado en el olvido" y "hace una semana escuchamos nuevamente la frase de que está la decisión de recurrir nuevamente a la Corte Internacional y que se 'reevaluarán todas las políticas de reracionamiento bilateral con el Uruguay'".

"¿Pasará lo mismo que con las promesas anteriores?", se preguntaron los asambleístas, quienes marcaron asimismo que el "gobernador (Sergio Urribarri), a contramano del canciller (Héctor Timerman) opinó que esta situación no debía alterar las relaciones comerciales con el Uruguay".

La Asamblea pidió "no seguir postergando resoluciones de fondo y permitiendo que esta empresa finlandesa siga contaminando, con la complicidad del Gobierno uruguayo y el zigzagueo del argentino".