"Asadito" en la ESMA: denuncian penalmente a Alak

El ministro de Justicia Julio Alak recibió hoy dos denuncias penales en los tribunales federales, donde se lo acusa de graves delitos por haber organizado una celebración de fin de año en el predio donde funcionó la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención y exterminio de presos políticos durante la última dictadura.

Los denunciantes -el empresario y dirigente peronista Juan Ricardo Mussa y el abogado José Lucas Magioncalda- se presentaron en el edificio de Comodoro Py 2002, en Retiro, para imputar al ministro de Justicia delitos como "incumplimiento de los deberes de funcionario público", "abuso de autoridad", "malversación de caudales públicos" y "coacción".

Ahora dos jueces federales deben resolver cuál de ellos investiga al funcionario que, políticamente, representa a la Justicia en nombre del Gobierno.

Una de las denuncias recayó en el juzgado de Daniel Rafecas (el primer magistrado que tuvo a su cargo la causa de la eximprenta Ciccone que tienen entre sus involucrados al vicepresidente Amado Boudou) y la otra quedó radicada en el despacho de su colega Claudio Bonadío (quien lleva dos expedientes contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y por la tragedia de Once donde fallecieron 51 personas).

La Cámara Federal es la encargada de establecer cuál denuncia se radicó primero o -eventualmente- cuál de los expedientes avanzó más rápido, para definir el magistrado que se encargará de investigar si Alak debe ser procesado.

Las dos denuncias se refieren a un mismo episodio: el brindis que se realizó al mediodía del 27 de diciembre pasado, en las instalaciones de la ex ESMA, y al que debieron concurrir los empleados del Ministerio de Justicia, quienes también habrían compartido carne asada. Por un lado, el abogado Magioncalda, presidente de la asociación Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, sostuvo que el "asado festivo" que tuvo lugar en la ex ESMA "vulneró la ley de Etica Pública y la ley de creación del Ente Espacio para la Memoria".

Para el denunciante, con ese festejo "se le aplicó a los bienes efectos del Estado un destino que las normas no prevén" y por lo tanto "el ministro Alak y demás funcionarios organizadores y/o autorizantes del cuestionable evento incurrieron en conductas que sanciona el Código Penal".

Precisamente, el denunciante apuntó a saber el papel de los responsables del "Ente Público para la Memoria y para la promoción y defensa de los Derechos Humanos" porque "de haber autorizado el asado festivo en cuestión también estarían incurso de los delitos que aquí se imputan".

En la denuncia se alude a la malversación de caudales públicos por "la utilización" de dinero público "para el traslado de personas y para la adquisición de alimentos y bebidas destinados a una actividad ilícita, como lo fue el asado festivo".

Por otra parte, en otra presentación judicial, el empresario Mussa pidió que Alak sea investigado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacción "en razón de la presión que se ejerció sobre el personal del Ministerio de Justicia, para viabilizar la concurrencia a un acto político absolutamente irregular".

En la descripción de los hechos se sostiene que el ministro "inventó una jornada festiva de fin año" en la que se sirvieron "hamburguesas y choripanes que se cocinaron a la parrilla".

"Muchos trabajadores fueron presionados para asistir y hasta se contrataron colectivos para los traslados", sostuvo Mussa, tras remarcar que Alak "tomó al Ministerio de Justicia como si fuera su casa o empresa" y ordenó asueto para todo el personal, a su entender violando las leyes pues, explicó, solo la Presidenta de la Nación puede dar asuetos.

Esa denuncia -que incluyó un pedido de embargo sobre los bienes de Alak- recayó en el despacho del juez Rafecas, luego del sorteo.