Artificios en el Banco Central
Por Ismael Bermúdez* Las "reservas de libre disponibilidad" (RLD) son un artificio contable creado a fines de 2005, a través de un DNU, para pagar la deuda al FMI y demás organismos financieros, que luego se extendió a los acreedores privados.
Ahora que esas "RLD" -definidas como las que exceden a los pesos que están en circulación- se agotaron , sectores del oficialismo sostienen que es rémora de la convertibilidad -como si el DNU de Néstor Kirchner de 2005 no hubiera existido. Y de modo de seguir pagando la deuda con las reservas pasando por encima de sus propios subterfugios contables.
Lo que se quiere soslayar con un supuesto debate sobre el alcance de las RLD es que las reservas del BCRA han caído.
En la contabilidad son de U$S 46.000 millones, pero sumando encajes, préstamos de los bancos centrales y del mal llamado Fondo de Desendeudamiento. Si se restan esos pasivos, las reservas apenas rondan los U$S 35.000 millones.
El principal activo del BCRA son papeles o deudas del Gobierno: suman U$S 42.000 millones entre bonos, Letras y Adelantos Transitorios, mientras desde hace tiempo el Tesoro registra un creciente déficit fiscal. Esto significa que las reservas cubren menos de la mitad del pasivo del Banco Central que continúa en aumento por la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal. Y todavía se pretende pagar con esas magras reservas las deudas de 2012 con el BID, BM y acreedores privados (unos U$S 8.000 millones).
La alternativa -endeudarse en los mercados internacionales- tampoco es una "salida" porque significa aceptar el pago de una tasa de interés de más del 10% anual en dólares, por encima de las "quebradas" Grecia o Italia.
Este es alcance o más bien la encerrona del momento, que se da en medio de una crisis internacional que cada vez más está impactando negativamente sobre Argentina, como se manifiesta en la reducción del precio de la soja y en la menor demanda china y brasileña, que en el ciclo positivo favorecieron el repunte económico argentino.
Todo esto acentúa la presión devaluatoria, mecanismo confiscatorio para licuar los pesos en circulación, combinado con un "ajuste" fiscal-tarifario de fuerte impacto en la inflación.