Argentina rinde examen en México para no ser expulsada del GAFI

El país deberá rendir examen hoy ante la asamblea del Grupo de Acción Financiera Internacional que se reúne en México para evaluar, entre otros temas, si el país modificó su legislación antilavado de dinero de acuerdo con las exigencias que se le impusieron por parte del organismo en la última reunión de París. El test es clave para el Gobierno de Cristina de Kirchner: de considerarse insuficiente la reforma a la ley de lavado que votó el Congreso hace un mes, el país podría ser expulsado del GAFI y considerado no confiable, lo que complica las transferencias de dinero no sólo del Estado, sino también de empresas particulares. José Sbatella, jefe de la UIF, ya viajó a México con la certificación de lo votado en Buenos Aires para exponer hoy la defensa junto con la delegación oficial. Tiene en contra la opinión negativa del directorio de ese organismo no sólo por la pobre actuación de la Justicia local en los casos de lavado, sino también por la falta de ritmo en la modificación de la legislación local. Se lo dijo a Sbatella, y a un grupo de legisladores oficialistas y de la oposición, la delegación del GAFI que visitó la Argentina hace tres meses, y en términos más que duros.

La Argentina integra ese organismo desde 2000 y también desde ese momento está calificada como país confiable y cooperante, categoría que podría perder si no son aceptadas las modificaciones a la ley antilavado que votó el Congreso hace menos de un mes y que figuran entre los requisitos que el GAFI le fijó a la Argentina en la última revisión del país que se hizo en la reunión plenaria de París.

No es la primera vez que la Argentina pasa un sofocón como éste. En realidad, el GAFI siempre sostuvo que la legislación local en contra del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo era insuficiente. Se cuestionó también desde la sede de París que la Justicia argentina resultaba inútil en la pretensión de perseguir lavadores de dinero: en los 10 años de vigencia que lleva la ley antilavado sólo se logró meter preso por ese delito a un comerciante de carnes cordobés, lo que habla claramente no de la inexistencia de ese tipo de fraudes en el país, sino de la inoperatividad de la Justicia en perseguirlos.

Uno de los argumentos para ese fracaso fue siempre la dificultad en aplicar el tipo penal para encuadrar los casos detectados de ese delito. De ahí que el GAFI intimara a la Argentina, entre otros puntos, a modificar el Código Penal. Hasta ahora, el lavado de dinero sólo podía ser tratado en el Código como un delito consecuente de otro y no como un tipo autónomo. Desde la ley que sancionó el Congreso, se consagró el autolavado como delito; es decir, la Justicia podrá perseguir los casos de lavado sin necesidad de que exista un delito previo.

Esta facilidad tiene, por otra parte, un peligro: que se llegue a castigar la mera tenencia de dinero, ya que no se exige para la calificación que el lavado se realice como consecuencia de delitos como el narcotráfico, el cohecho o el financiamiento de actividades terroristas.

Este último tema sigue siendo conflictivo en la relación del país con el GAFI. En la reforma a la ley antilavado de 2007, el Gobierno de Néstor Kirchner no quiso avanzar más en los reclamos del GAFI sobre la tipificación del delito de aportar a organizaciones terroristas, y si bien el reclamo del organismo continúa, en la reforma que se votó este año tampoco estuvo incluido.

 En el Ministerio de Justicia saben que a más tardar en noviembre desembarcará otro pedido del GAFI para avanzar sobre ese tema, independientemente de que el país apruebe el examen que comienza hoy en México.

El Gobierno está convencido de que hoy pasará la prueba ante la Asamblea del GAFI. Para eso José Sbatella viajó a esta ciudad con la certificación de la ley aprobada para modificar la legislación antilavado que no sólo cambió el tipo penal, sino que también introdujo reformas al funcionamiento de la UIF. El problema es que no sólo quedan deberes por hacer, sino que en medio de ese proceso estalló el escándalo de las Madres de Plaza de Mayo y Sergio Schoklender que impacta directamente en el organismo controlado por Sbatella.

El problema es que no sólo existió la denuncia de la diputada Elsa Quiroz, de la Coalición Cívica, sobre las supuestas actividades sospechosas en el manejo de fondos por parte de Schoklender. También quedaron registrados dos reportes de operaciones sospechadas por parte de bancos privados que vieron cómo en un año no existió ningún avance en esas denuncias.

Ahora, la UIF reaccionó ante el escándalo; el fiscal Jorge Di Lello activó inmediatamente la causa, elevó la acusación y el juez Norberto Oyarbide demostró una actividad frenética en esa investigación, pero la demora de la UIF quedó registrada en el GAFI como un pésimo antecedente.

También queda pendiente en el país otro capítulo de la ley antilavado: la correctiva para solucionar algunos problemas que dejó la sanción apresurada de la ley original y que amenazan con complicarles la vida a contadores, abogados, operadores de Bolsa, aseguradoras, autopartistas y amplios sectores de la economía. Esa correctiva se aprobó el 1 de junio pasado en el Senado, junto con la ley de antilavado, pero el proyecto debe votarse ahora en Diputados. Es decir, mientras la ley que hoy llevará Sbatella ante el GAFI ya está en vigencia, la correctiva aún no.