Argentina en ebullición
Esta vez ha sido la Presidenta quien advirtió a sindicalistas y empresarios sobre la necesidad de moderar la puja distributiva y evitar una escalada inflacionaria que afecte el crecimiento.
Las aguas bajan turbias en una cuestión clave de la vida nacional: la relación del Gobierno con las empresas y los sindicatos, que hasta ahora se mantenía en una especie de equilibrio inestable, con los zarandeos propios en un país con varios frentes abiertos en lo que concierne al nivel de actividad e inflación.
La sucesión de paros, huelgas, bloqueos de lugares de trabajo, marchas y cortes de rutas ha tenido el denominador común de exigir nuevos aumentos salariales en un porcentual que la mayoría de los empresarios considera excesivo, y que no está dispuesta a conceder.
Esos hechos obligaron al Gobierno a hablar claro y a ponerse firme. Lo nuevo en esta etapa de la "puja distributiva" es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hasta hace poco se había mantenido relativamente neutral aunque con una retórica favorable al sindicalismo, esta vez alertó con claridad, e incluso con energía, sobre los riegos de que esta confrontación lleve a una situación de desborde que termine perjudicando a todos.
La oportunidad elegida por la Presidenta para expresar esas importantes definiciones fue la inauguración de la autovía que va de Santa Fe hasta la entrada al túnel subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, que une esa ciudad con la de Paraná. Además de referirse a la importancia de la obra, la jefa del Estado exigió "responsabilidad" en las demandas salariales y criticó a los gremialistas que promueven bloqueos, como el que tuvo paralizado durante siete días al puerto de Rosario. Esa acción ocasionó graves perjuicios a los sectores productivos del interior, incluidas varias ramas de la industria cordobesa.
La medida de fuerza fue levantada cuando el Ministerio de Trabajo de la Nación ordenó la conciliación obligatoria, pero fue como la gota que rebasó el vaso de agua y agotó la paciencia de las autoridades nacionales, afectadas por el impacto en los ingresos tributarios de la Nación (Rosario es el principal puerto agroexportador) y por una inocultable suba de precios, que hoy golpea a todos los argentinos, en especial a sectores con ingresos fijos, como asalariados y jubilados.
La CGT, el propio Hugo Moyano y la mayoría de los dirigentes sindicales trataron de bajarle el tono a la admonición de la Presidenta, no obstante lo cual insistieron en sus demandas de aumentos salariales – "sin piso y sin techo", según dijeron– de cara a la próxima apertura de convenciones colectivas de trabajo, lo que confirma el riesgo de una espiralización inflacionaria.
El caótico final del gobierno peronista de 1973-1976 debería ser una lección aprendida por las actuales autoridades y el movimiento obrero. Se requiere un Poder Ejecutivo consciente del derrumbe que provoca la inflación en la economía, y un gremialismo –sólido en sus convicciones y fuerte en sus demandas–, pero a tono con los desafíos que plantea la coyuntura.