ARCA lo denunció penalmente por lavado de dinero al “Señor del tabaco”

Pablo Otero, más conocido como el “Señor del tabaco”, quedó en el centro de una nueva tormenta judicial. Esta vez, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —el organismo que reemplazó a la AFIP— presentó una denuncia formal por presunto lavado de activos.

La causa quedó radicada en el juzgado de María Servini, quien deberá determinar si inicia un nuevo expediente sobre el accionar del empresario al frente de Tabacalera Sarandí, una firma que desde hace años genera polémica por denuncias de evasión impositiva.

Según el informe elaborado por la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes, la compañía habría canalizado más de $33.000 millones entre 2021 y 2023 a través de 23 distribuidores mayoristas. Los inspectores sostienen que estas empresas carecían de respaldo fiscal y operativo para sostener semejante volumen de negocios. Las marcas involucradas en la operatoria serían Red Point, West, Kiel y Master.

La hipótesis que ahora se investiga es que Otero habría utilizado estas distribuidoras como pantalla para aparentar una actividad comercial legal. En los registros, los auditores detectaron que muchas de esas firmas no contaban con empleados, domicilio fiscal, ni pagaban impuestos ni bancarizaban sus ingresos.

Además, según ARCA, las facturas emitidas presentaban precios similares a los de compra, algo incompatible con una actividad orientada al lucro. Los pagos, en varios casos, se habrían realizado en efectivo o mediante depósitos en cuentas recaudadoras, lo que dificultaría rastrear el origen del dinero. Para la agencia, el esquema estaba destinado a “infiltrar fondos del circuito informal al sistema legal”, según consta en la presentación judicial.

El crecimiento meteórico de Tabacalera Sarandí no es reciente. La empresa ganó terreno en el mercado tras resistirse judicialmente al pago del impuesto mínimo al tabaco, instaurado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. Otero logró postergar sus obligaciones fiscales gracias a medidas cautelares, alegando que su empresa era una pyme y que el gravamen resultaba confiscatorio. Esa maniobra le permitió ofrecer productos a precios significativamente más bajos que los de marcas tradicionales.

La denuncia por lavado no es el único frente judicial que enfrenta Otero. En Mar del Plata avanza una investigación por presunta falsificación de estampillas fiscales y comercialización de cigarrillos con documentación apócrifa. Ese expediente, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, comenzó en 2019 y también se originó a partir de una pesquisa iniciada por la ex AFIP.