Aníbal Fernández autorizó el ingreso de las pistolas Taser al país

Este jueves, el Gobierno confirmó la autorización del ingreso de pistolas eléctricas Taser para la Policía Federal y que la fuerza porteña podrá usarlas, en plena discusión por el uso de armas no letales luego del asesinato a tiros de la policía Maribel Salazar en la estación de subte de Retiro. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó que compraron 100 pistolas con descargas eléctricas.

Aníbal Fernández explicó que el proceso de adquisición de pistolas Taser empezó en octubre del año pasado pero que todavía no las tienen porque la operación está en desarrollo, y que cuando las posean “los grupos de élite empezarán el entrenamiento”.

El ministro de Seguridad explicó que la policía de la Ciudad también podrá usarlas, en referencia al reclamo del gobierno porteño para que Nación los autorice a emplear unas 60 pistolas Taser compradas años atrás: “Seguramente sí”, dijo al respecto el funcionario, en declaraciones a Radio 10.

La división contrataciones de la Policía Federal compró 100 pistolas Taser en forma directa a cambio de unos U$S170 mil, poco más de $32 millones al tipo de cambio comprador del Banco Nación, como anticipó TN, en pleno debate por el uso de estas armas no letales tras el crimen de Salazar.

Según pudo saber TN al acceder a documentación oficial, se trata de 100 pistolas Taser modelo T7, que llegarán al país con accesorios, cartuchería y licencias. Se trata de una “contratación directa por adjudicación simple por exclusividad”. La empresa que proveerá las pistolas es AXON Enterprise Inc, a la que se le pagarán U$S 169.990.

El proceso de compra de las pistolas Taser empezó el 31 de octubre y la adjudicación se produjo en los últimos días de diciembre de 2022. Finalmente la orden de compra llegó en febrero de este año. La compra se autorizó el 15 de este mes, tan solo un día después del asesinato de Zalazar, que recibió dos disparos cuando quiso intervenir en una discusión entre un pasajero y un trabajador del subte. El asesino le quitó su arma reglamentaria, le disparó y la mató.

El uso de pistolas Taser generó una fuerte tensión entre los gobiernos nacional y porteño. En los primeros días de febrero el juez federal en lo contencioso administrativo, Walter Correa, intimó al gobierno nacional a que resuelva en 30 días un pedido del gobierno porteño para avanzar con el proceso de importación de 60 pistolas Taser, que está demorado -sostuvo el juez más allá del “plazo razonable”.

El juez hizo lugar a una acción de “amparo por mora” promovida por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta contra la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

El organismo alegó que la pandemia de coronavirus fue la causa principal de que se hubieran extendido en el tiempo los trámites.

Correa planteó que el gobierno nacional “no acreditó la existencia de obstáculos insalvables que justifiquen la mora” y dijo que había “transcurrido un plazo razonable” sin que la autoridad administrativa competente dictara su resolución en el expediente administrativo.

Desde el gobierno porteño le dijeron a TN que hasta el momento no tienen “ninguna confirmación” de que puedan usar las Taser, y aclararon que la Anmac “depende del ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, no de Aníbal Fernández”.