Altieri, cada vez más cerca de ser destituido en Pinamar
La Suprema Corte de Justicia bonaerense ratificó la suspensión del intendente de Pinamar y el próximo martes el Concejo Deliberante podría resolver directamente la destitución.
El intendente de Pinamar, Blas Altieri, sufrió hoy un nuevo revés en su intento de permanecer en el cargo, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense ratificara su suspensión, y el próximo martes el Concejo Deliberante podría resolver directamente la destitución.
La Suprema Corte rechazó dos planteos presentados por el intendente contra la decisión del Concejo Deliberante de ese distrito de separarlo preventivamente de su cargo, en el marco de
la investigación abierta por supuestas maniobras irregulares en la entrega de viviendas sociales.
De esa forma, Altieri debería acatar la suspensión dispuesta el pasado 4 de junio por el Concejo para que su cargo sea ocupado por el primer concejal electo en su lista, Hernán Muriale, aunque por el momento el mandatario continuaba formalmente en la Intendencia.
"Asumir sería una de las posibilidades, pero habría que ver si la ver si la destitución cambia la suspensión porque el martes que viene van a votar seguramente la destitución (de Altieri) en este camino que lleva el Concejo Deliberante. Y ahí no se si corresponde que deba asumir o no porque seguramente ante esa destitución se va a presentar un recurso de amparo", señaló Muriale.
En declaraciones a la prensa local tras conocer el fallo de la Corte, el concejal oficialista denunció además que "la postura del Concejo Deliberante a lo largo del año fue obstruir el gobierno,
empezando por el desfinanciamiento del municipio y ahora con un quiebre institucional".
Es que el próximo martes 10 de julio, el cuerpo deliberativo local debería resolver si Altieri es destituido o no, aunque se presume que la sentencia será desfavorable para el mandatario
pinamarense, que cuenta con una débil representación legislativa: apenas dos concejales, en contraste con los ocho votos de la oposición, entre ellos el destituido intendente Roberto Porreti.
El máximo tribunal provincial respondió en forma negativa a dos medidas cautelares presentadas por la defensa de Altieri: una apelación a la suspensión preventiva dictada por el Concejo y
otra con un pedido de nulidad por inconstitucionalidad.
El fallo desactivó una movida en ciernes motorizada por el Concejo Deliberante ante el incumplimiento por parte de Altieri de la suspensión que se había dispuesto: incluso, el cuerpo realizó una sesión especial para intimarlo a que acate la decisión y deje su cargo, que seguía ejerciendo en la práctica.
El presidente del cuerpo, Alberto Germain, había interpuesto además una denuncia ante la Justicia de Dolores por "usurpación de cargo público".
Entre los cargos que se le imputan, la Comisión Investigadora conformada en el Concejo Deliberante acusó a Altieri de otorgar viviendas sociales a dos de sus hijas y a familiares de funcionarios.
También hay denuncias por irregularidades durante la remodelación del Hospital Comunitario; el otorgamiento de exenciones tributarias; la existencia de decretos sin firma y de contenido replicado; el contrato con la empresa Covelia; el recorrido de la empresa de colectivos Montemar; la suspensión de los talleres de Cultura; el incumplimiento de ordenanzas vigentes
y el veto de insistencias del Concejo Deliberante.
La Suprema Corte rechazó dos planteos presentados por el intendente contra la decisión del Concejo Deliberante de ese distrito de separarlo preventivamente de su cargo, en el marco de
la investigación abierta por supuestas maniobras irregulares en la entrega de viviendas sociales.
De esa forma, Altieri debería acatar la suspensión dispuesta el pasado 4 de junio por el Concejo para que su cargo sea ocupado por el primer concejal electo en su lista, Hernán Muriale, aunque por el momento el mandatario continuaba formalmente en la Intendencia.
"Asumir sería una de las posibilidades, pero habría que ver si la ver si la destitución cambia la suspensión porque el martes que viene van a votar seguramente la destitución (de Altieri) en este camino que lleva el Concejo Deliberante. Y ahí no se si corresponde que deba asumir o no porque seguramente ante esa destitución se va a presentar un recurso de amparo", señaló Muriale.
En declaraciones a la prensa local tras conocer el fallo de la Corte, el concejal oficialista denunció además que "la postura del Concejo Deliberante a lo largo del año fue obstruir el gobierno,
empezando por el desfinanciamiento del municipio y ahora con un quiebre institucional".
Es que el próximo martes 10 de julio, el cuerpo deliberativo local debería resolver si Altieri es destituido o no, aunque se presume que la sentencia será desfavorable para el mandatario
pinamarense, que cuenta con una débil representación legislativa: apenas dos concejales, en contraste con los ocho votos de la oposición, entre ellos el destituido intendente Roberto Porreti.
El máximo tribunal provincial respondió en forma negativa a dos medidas cautelares presentadas por la defensa de Altieri: una apelación a la suspensión preventiva dictada por el Concejo y
otra con un pedido de nulidad por inconstitucionalidad.
El fallo desactivó una movida en ciernes motorizada por el Concejo Deliberante ante el incumplimiento por parte de Altieri de la suspensión que se había dispuesto: incluso, el cuerpo realizó una sesión especial para intimarlo a que acate la decisión y deje su cargo, que seguía ejerciendo en la práctica.
El presidente del cuerpo, Alberto Germain, había interpuesto además una denuncia ante la Justicia de Dolores por "usurpación de cargo público".
Entre los cargos que se le imputan, la Comisión Investigadora conformada en el Concejo Deliberante acusó a Altieri de otorgar viviendas sociales a dos de sus hijas y a familiares de funcionarios.
También hay denuncias por irregularidades durante la remodelación del Hospital Comunitario; el otorgamiento de exenciones tributarias; la existencia de decretos sin firma y de contenido replicado; el contrato con la empresa Covelia; el recorrido de la empresa de colectivos Montemar; la suspensión de los talleres de Cultura; el incumplimiento de ordenanzas vigentes
y el veto de insistencias del Concejo Deliberante.