Allanaron la sede de la AFA en una causa por presunta defraudación y lavado de dinero
Efectivos de la Policía Federal avanzan en la medida tras una orden del fiscal.
La Policía Federal lleva adelante un allanamiento en las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por orden del fiscal federal Eduardo Taiano, quien lleva adelante una investigación por supuesto lavado de dinero y administración fraudulenta.
Uno de los acuerdos puestos bajo sospecha es un contrato de 2018 en el que otorgan los derechos digitales de la AFA a Metro World Digital, vinculada a Carlos Varela, titular de Transur, una empresa dedicada a la recolección de residuos. Cabe recordar que el presidente Claudio Tapia inició su carrera profesional en este ámbito y creció de la mano del sindicalista Hugo Moyano, de quien fuera su yerno.
Antes de firmar con la AFA, la sociedad se llamaba Metro Music. A esta empresa, que cambió de la música a digital rápidamente, la AFA le dio el derecho de publicar en redes sociales, televisión digital, apuestas online y sponsoreo digital.
Otro que está en la mira es Guillermo Tofoni. La AFA le otorgó el derecho a comercializar el 70% de los partidos amistosos. Desde su entorno explicaron que se trata de “un error de tipeo” y que en una de las cláusulas del acuerdo se aclara que le corresponde el 30% y el 70% a la entidad. Salvo excepciones, Tofoni es el único indicado para representar a la AFA en la gestión de estos partidos y no está obligado a pagar honorarios extras.
Otro contrato con Tofoni es el de Football Technology Institute, una academia para formación de chicos entre 6 y 18 años.
Hace 48 horas, el fiscal federal Taiano ordenó una batería de medidas de prueba en la causa. Primero dispuso medidas para establecer la composición societaria de las empresas que resultaron adjudicatarias de los contratos, la integración de sus directorios, las presuntas vinculaciones con integrantes del Comité Ejecutivo de la AFA y la comparativa de los valores de mercado de los acuerdos celebrados.
El fiscal se hizo cargo de la investigación por delegación decidida del juez Sebastián Casanello, quien está circunstancialmente a cargo del juzgado federal número 12, vacante desde que el magistrado Sergio Torres juró como juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Esos contratos ahora bajo investigación tienen que ver en esencia con la explotación de los derechos de imágenes no tradicionales del fútbol argentino: TV digital, redes sociales, sitios on-line, agrupados bajo la nomenclatura de “derechos digitales”.
A finales de abril, Ocaña citó a Tapia al Congreso para que diera explicaciones; el dirigente del fútbol contestó con una denuncia por calumnias e injurias.
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