Alienación de un cruel anacronismo

Más de medio siglo de asesinatos aborrecibles, de atentados terroristas instigados por la exasperación de la irracionalidad y extorsiones gangsteriles disfrazadas de impuestos revolucionarios, no pueden concluir con una declaración ambigua, contradictoria, infantil. La organización terrorista ETA vuelve a equivocarse. Es que hace décadas que los etarras perdieron el sentido de la realidad.

El estilo del comunicado distribuido el lunes último no difiere demasiado del utilizado siempre: la arrogancia del mesianismo, la ausencia irreversible de sentimientos humanitarios, la resistencia a aceptar que su organización criminal es un cruento anacronismo y que su metodología implica una brutal supervivencia de la barbarie como práctica política, degenerada en barbarie por la barbarie misma. Sus asesinatos ya no aterrorizan: simplemente provocan náuseas y estupor en pueblos que han madurado políticamente desde que abrazaron la democracia como sentido de su vida institucional y que abominan de la aberrante supervivencia de un método de lucha relativamente justificable en los años finales de la dictadura franquista, pero totalmente intolerable en una sociedad abierta.

ETA ya no intimida a nadie. Y la democracia española es lo suficientemente consolidada y fuerte para exigir su rendición incondicional. La unilateral declaración de un alto el fuego "permanente, general y verificable" es otro de sus clásicos delirios, propios de una alienación que les impide ver la lenta e inexorable extinción de movimientos clandestinos similares, como el Sinn Fein, las Brigadas Rojas y la banda Baader Meinhof. El terrorismo no tiene espacio en Europa, que, a pesar de sus pesares, no detiene su avance hacia una patria común libre, solidaria y pluralista.

El firme rechazo del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sintetiza la respuesta de todas las comunidades hispanas, con la inevitable excepción de Herri Batasuna, en el País Vasco. El aparato de apoyo de superficie del terrorismo incurre en el dislate de considerar el comunicado como una "decisión sin precedentes", de alcance "histórico". No podía esperarse otra cosa de quienes sólo perduran por cuenta y orden del grupo clandestino.

Quizá las mejores respuestas fueron dadas por el vicepresidente del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien afirmó que "ETA sigue pretendiendo que el fin de la violencia tenga precio". Y más contundente y realista aun fue el lehendakari (presidente) del País Vasco, Patxi López, quien afirmó que "ETA empieza a asumir que su fin es inevitable" y sólo considera el comunicado como "un pequeño paso" esperanzador, aunque "no es lo que quería la sociedad vasca".

En su torpe selección de condiciones, ETA plantea la exigencia de una verificación internacional de su desarme, rechazada de plano por Pérez Rubalcaba: "En un Estado de derecho, quien verifica son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". El problema es que los etarras no se han dado cuenta aún de que España es un Estado de derecho desde 1978, cuando plebiscitó su actual Constitución.