Agua sí, burocracia no

Basta mencionar que en lapso de poco más de una década se ha pasado de la provisión de agua por una empresa del Estado, luego concesionar el servicio a una empresa privada y nuevamente estatizar la provisión.

Mas llamativo es que estos enormes cambios institucionales los hayan realizado gobiernos del mismo partido político, el justicialismo. Ahora estaría en curso otro cambio importante en el ente de control, actualmente el EPAS. Frente a esta situación, para entender mejor el problema en discusión, es conveniente repasar brevemente las modificaciones mencionadas. 

En el año 1993 se inició un proceso de reorganización de la provisión del servicio de agua potable y desagües cloacales. A iniciativa del Poder Ejecutivo la Legislatura sancionó la Ley 6.044, denominada Ley de Reordenamiento Institucional del Sector Agua Potable, Saneamiento y la Protección de la Calidad del Agua. La ley estableció la política general y los objetivos a alcanzar, procediendo a separar orgánicamente las funciones de regulación, control y policía de los servicios, de la operación o prestación de estos servicios.

Esta separación de dos funciones distintas, una la provisión del servicio y la otra el control y regulación, eran el núcleo del nuevo diseño institucional para concesionar el servicio. En base a esta separación se crea el Ente Provincial de Control de Aguas y Saneamiento -EPAS- como ente autárquico con amplias facultades de regulación y control. Es este organismo el que ahora se pretende modificar.

Pero ocurre que cuando el actual gobierno justicialista declara la caducidad de la concesión a Obras Sanitarias Mendoza SA y constituye una nueva empresa estatal Agua y Saneamiento Mendoza SA (Aguas Mendocinas), a la que transfiere la prestación del servicio, modifica radicalmente el esquema institucional anterior. Se desarticuló completamente el esquema establecido en la Ley 6.044. En los hechos se ha vuelto al sistema anterior a la concesión del servicio, ya que este es prestado hoy en forma directa por el Estado provincial por intermedio de una empresa que es del Estado, quien nombra sus directores y síndicos.

En este esquema, el EPAS perdió su razón de ser y menos sustento tiene la propuesta de convertirlo en un nuevo organismo, la Administración Provincial de Saneamiento, según el proyecto con más presupuesto y más burocracia. Resulta incomprensible crear un organismo estatal, cuyos funcionarios son designados por el Gobierno, cualquiera sea la metodología, para que controle a otro organismo estatal. Esto simplemente crea cargos para los partidos que gobiernan y cargas para los contribuyentes.

Las funciones de regulación y control, que la ley otorgaba al EPAS, deben ser asumidas por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte; es lo que el sentido común indica. De lo contrario no se entiende qué funciones cumple dicha dependencia. Por otro lado están los organismos públicos de defensa del consumidor, con facultades específicas, a los cuales deben concurrir los usuarios con problemas. Por lo tanto, no sólo no debe crearse un nuevo organismo sino que debería liquidarse el EPAS.

Es el Ministerio de Infraestructura la dependencia a la que le corresponde la planificación de las obras de agua y saneamiento y, en aplicación de la Ley de Uso del Suelo, establecer hacia dónde es conveniente ampliar las zonas urbanas. Es también quien debe encarar de inmediato la elaboración y aplicación de una tarifa por volumen de agua consumida, único medio para poner fin al derroche; obligación del Estado prevista en la ley 6.044 y que ningún Gobierno cumplió.
 
Tarifa que debe ser para cada consumidor no por zonas; es hora de que cada uno pague lo que consume del producto más escaso y vital. Los subsidios hay que dárselos a quienes efectivamente no pueden pagar. Para hacer todo esto sobran conocimientos y medios técnicos. Voluntad y decisión política es lo que falta.