Administrar una tierra arrasada, el desafío de Alberto Fernández para con los jubilados
Quienes menos ganan obtendrán mejores derechos, mientras que los trabajadores pasivos que desempeñaron una actividad como mínimo 30 años de sus vidas con aportes altos, verán degradados sus salarios.
El presidente Alberto Fernández tuvo que enfrentar su primer gran desafío a tan sólo un poco más de dos meses de gestión. El pasado viernes el Gobierno nacional anunció el aumento que ha de regir desde marzo hasta junio para todos los beneficiarios de la seguridad social.
Así los 6,9 millones de jubilados y pensionados, como los 1,5 millones de pensionados no contributivos, los 9 millones de beneficiarios por asignaciones familiares, los más de 4 millones en prestatarios de la asignación universal por hijo y los de la asignación por embarazo, entre otros, han de recibir una suma fija de $1.500 más un 2.3 por ciento, lo que equivale un incremento del 13 por ciento para los ingresos más bajo.
Quienes menos ganan obtendrán mejores derechos, mientras que los trabajadores pasivos que desempeñaron una actividad como mínimo 30 años de sus vidas con aportes altos, verán degradados sus salarios. En otras palabras, los que más ganan más perderán en esta “equidad” que el Gobierno busca consolidar.
Entonces, la pregunta que surge ¿Es realmente justo que los jubilados que más contribuyeron al país hoy tengan que pagar las consecuencias de las políticas desastrosas que provocó el ex presidente Mauricio Macri, el que les pulverizó el salario en un 20 por ciento en valores reales y que llenó de papeles pintados el Fondo de Garantía de Sustentabilidad haciéndolo caer en más de la mitad de su patrimonio en dólares?
La respuesta sin dudas es muy difícil de contestar. Por un lado, si nos movemos por nuestros impulsos diremos, a prima facie, que no. Si reflexionamos un poco más sobre el asunto, seguramente llegaremos a la misma conclusión y, por último, si pensamos en frío sobre la sustentabilidad del sistema, la respuesta puede cambiar significativamente.
El sostenimiento del sistema previsional, que ha quedado casi en ruinas por el desgobierno del ex presidente Macri, descendió notablemente. A junio de 2019, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el ratio de aportantes sobre beneficiarios era muy inferior a dos y bajó aún más, llegando tan solamente a uno y un poquito de trabajadores por jubilados con una composición donde el empleo privado formal, apenas llegaba al 50 por ciento.
En este contexto, la administración actual entendió que primero debía comenzar por los que menos tienen. Los 3,5 millones de jubilados que cobran la mínima, con el anuncio, percibirán un poco más de $15.890 mientras que los que reciben haberes medios y altos serán relegados con montos menores a cobrar. Por ejemplo, un jubilado que gana $50.000, su aumento será del 5.6 por ciento; una pérdida de 5.3 puntos respecto a la fórmula suspendida.
Sobre este punto es importante subrayar que, pese a que Alberto Fernández y su equipo quieran justificar el accionar, éste colectivo de prestatarios que más cobran tendrán habilitada la vía judicial amparados en los sendos fallos que los jueces han emitido.
Querer tapar el sol con la mano no es saludable. Los costos de esta proeza pueden generar un ahorro a corto plazo, pero a largo, indefectiblemente, la clase pasiva obtendrá sus frutos. Quienes hoy ganan más, seguramente tienen su abogado y un pleito iniciado con la ANSES, por lo que el mecanismo de litigiosidad ya está aceitado.
En conclusión, el huracán Macri pasó y desbastó una nación entera. Hoy el presidente Alberto Fernández debe administrar sobre tierra arrasada una población donde el 80 por ciento de los adultos mayores viven en situación de pobreza. En este marco, sólo el tiempo y los hechos juzgarán la historia.
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