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Acuerdo con el FMI: cuáles son las primeras metas a cumplir

Después de un año y medio de negociación, el paso por el Congreso y la aprobación del directorio, se dará comienzo formal al programa con el FMI.


Luego de la aprobación en el Congreso, el acuerdo con el FMI se encamina a su aprobación definitiva por parte del directorio del organismo, que lo rubricará el viernes 25 de marzo, luego de acordar con el ministro de Economía, Martín Guzmán, la prórroga hasta el jueves 31 de los vencimientos que, por un total de USD 2.782 millones, la Argentina debía afrontar el lunes 21 y el martes 22. Se dio así tiempo a los procedimientos administrativos, para evitar cualquier posibilidad de mora o atraso por parte de la Argentina.

A partir de allí, quedará establecida una hoja de ruta económica para los próximos años con metas fiscales, monetarias y de reservas, condicionalidades, políticas paralelas a los objetivos macroeconómicos, desembolsos, evaluaciones de desempeño trimestrales y, muy posiblemente, revisiones sobre algunas de las variables macro que fueron rubricadas y que, sin haber arrancado oficialmente el programa, ya quedaron viejas, como la proyección de inflación o el horizonte de subsidios.

Comenzará de esta manera una carrera de tres niveles, una bitácora de dos años y medio de duración que transitará por tres vías paralelas. Las tres forman parte de lo que se negoció con los técnicos del organismo, pero tendrán niveles de exigencia y de condicionalidad distintos. Por un lado, las metas concretas de déficit primario, acumulación de reservas y financiamiento monetario desde el Banco Central al Tesoro.

Por otro, una batería de medidas que acompañan e influyen en esos objetivos: la principal es el del aumento de las tarifas y la reducción de subsidios. Y, en tercer lugar, un grupo de iniciativas más generales: impositivas, legales, previsionales o de regulación bancaria, entre otras.

El Gobierno admitió en las últimas horas que no tiene los dólares para afrontar el doble vencimiento de capital que registra el calendario de devolución del Stand By de 2018. Son, según cifras actualizadas, 950 millones de dólares el lunes y USD 1.835 millones más el martes. En total, USD 2.785 millones.

Solo podría afrontarlo, reconocen, con el primer desembolso en agenda que llegaría al Tesoro una vez que tenga lugar la última luz verde a la negociación, por parte del board del FMI el próximo viernes. Comenzará así la dinámica de envío de fondos que, automáticamente, luego regresarán a Washington para cubrir los vencimientos sucesivos, explican desde Infobae. 

El primer desembolso sería de 7.000 millones de DEGs, lo que representaría un primer giro de 9.764 millones de dólares (estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso) y alcanzaría para cubrir los vencimientos a pagarle al organismo en los próximos tres meses y del que incluso quedaría un saldo de USD 6.200 millones en las reservas del Banco Central.

Al momento de la primera revisión trimestral, en junio, el objetivo del Gobierno sería contar con otros USD 4.185 millones hacia el Banco Central. Para septiembre se prevén un nuevo giro de USD 4.185 millones, mientras que tras la cuarta revisión, en diciembre, la suma que debería enviar el FMI en caso de que la Argentina cumpla con las metas exigibles, sería de USD 6.277 millones más. En total a lo largo de 2022 entonces el Tesoro recibiría USD 24.411 millones, unos USD 6.000 millones más que los vencimientos que restan hasta fin de año.

Para el 2023, en tanto, los desembolsos que pidió el Gobierno serán de USD 5.580 millones en marzo, USD 4.185 millones en junio y USD 3.487 millones en septiembre y diciembre en cada caso. De esa forma, el FMI enviaría USD 16.739 millones durante el año próximo, es decir unos 2.100 millones de dólares menos que los USD 18.800 millones que el país debería repagar durante 2023.

Ya para 2024 el ritmo de desembolsos será menor. Ese año habrá tres revisiones trimestrales más, que en caso de que Estado pueda mostrar cumplimiento de las metas de déficit, asistencia monetaria y reservas, le representarán a la Argentina un envío de cerca de USD 1.116 millones tras cada evaluación en marzo y junio más USD 1.135 millones septiembre, que serán las últimas previstas en el programa. Ese año los vencimientos con el Fondo son USD 3.367 millones.

De esta manera, el cronograma de desembolsos fue diseñado para que haya un excedente de reservas que alimente el colchón de divisas del BCRA en este primer año de vigencia del acuerdo. La lógica es que con un primer envío oneroso el Gobierno evitará situaciones de zozobra trimestrales. Esto es, que cada instancia de verificación del FMI de las cuentas públicas sea un motivo de tensiones cambiarias.

La devolución propiamente dicha de los dólares comenzaría en 2026, es decir cuatro años y medio después del primer desembolso a Buenos Aires. Hablar de un lapso de tiempo de esa naturaleza puede parecer una eternidad para una economía como la argentina, pero ya hay previsiones de cuántas divisas debería destinar anualmente en la próxima docena de años el Estado argentino para cumplir con el repago.

Según estimaciones de la consultora PxQ, en 2025 la Argentina debería repagar USD 1.285 millones de intereses. Desde 2026 ya reintegraría el capital, por 2.440 millones. La hoja de ruta continúa: 6.071 millones (2027), 8.057 millones (2028), 8.221 millones (2029), 7.980 millones (2030), 7.738 millones (2031), 6.379 millones (2032), 2.561 millones (2033) y restarán solo 376 millones para 2034.

Primeras metas: los números a mirar

Habrá, en primer lugar, una serie de métricas que están explicitadas en la letra chica del acuerdo con el FMI con fecha hacia finales de marzo pero que no actúan como primera barrera condicional para los desembolsos. El primer envío de dólares al Tesoro argentino, como está dicho, solo dependerá de que el board del FMI respalde el viernes el nuevo Extended Fund Facility (EFF).

Respecto a la meta fiscal, la cifra que actuará como referencia de “piso” para el caso del déficit primario de la administración nacional será de $222.300 millones. Asimismo, solo permitirá un valor de 535.900 millones de pesos como deuda “flotante”, es decir pagos atrasados del ejercicio anterior. Este último número se mantiene fijo a lo largo de 2022. Como referencia, los únicos datos fiscales publicados son los de enero, que mostraron un rojo primario de casi $16.700 millones.

Tomando en cuenta información de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que no son comparables en rigor por cuestiones metodológicas, los primeros dos meses del año, según los cálculos de la OPC, fueron deficitarios para el sector público en $100.000 millones.

Habrá, además un criterio de ejecución que el acuerdo considera “continuo”, y que no tiene cambios a lo largo de los cuatro trimestres: la no acumulación de atrasos de pagos de deuda externa por parte del gobierno. En este aspecto, la tolerancia será cero en el programa financiero.

Luego habrá metas indicativas para dos aspectos: recaudación y gasto social. En el primer aspecto, el Gobierno debería tener un ingreso real 2,417 billones de pesos entre los primeros tres meses del año. Además, habrá erogaciones en programas de asistencia social que tendrán un cupo mínimo de casi $152.000 millones. Según la definición acordada, estarán incluidas la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, y Ayuda Escolar Anual, la Tarjeta Alimentar y el plan Progresar.

Sobre las metas monetarias, ligadas a la gestión del BCRA, habrá dos criterios de ejecución y una meta cuantitativa. En el primer grupo se listan el piso de variación reservas internacionales netas del Banco Central y el tope del financiamiento monetario desde la autoridad monetaria hacia el Tesoro. Hacia finales de marzo, las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones en forma neta, mientras que la monetización del déficit tendrá como techo una suma de $236.800 millones. La última meta que deberá cumplir el BCRA es la de la intervención en el mercado de futuros, en el que habrá un tope de USD 6.000 millones como saldo.

La primera revisión, entonces, tendrá lugar a fines de junio y se repetirá cada tres meses. En ese momento sí comenzará a correr la condicionalidad de las metas fiscales, de reservas y de emisión monetaria. A saber:

  • Metas de junio: en esa instancia, el déficit primario debería ser cercano a $566.800 millones, los ingresos del Estado acumulados de 4,7 billones de pesos, un gasto social que sea como mínimo de $318.000 millones, las reservas deberían haberse incrementado 4.100 millones de dólares en forma neta y la monetización del déficit no podrá superar los $438.000 millones.
  • Metas de septiembre: tres meses luego, los objetivos indicativas hacia los $912.000 millones de desequilibrio fiscal primario, 6,9 billones de pesos de ingresos fiscales, $494.000 millones destinados a gasto social, USD 4.400 millones acumulados en el BCRA y $613.000 millones de emisión monetaria para financiar al Tesoro.
  • Metas de diciembre: finalizando el 2022 el déficit primario redonderá los 1,758 billones de pesos (2,5% del PBI), 8,9 billones de recaudación, $707.000 millones para programas de asistencia, USD 5.800 millones de colchón de divisas acumulado y $705.000 millones de asistencia monetaria al Tesoro.

Cuando tenga lugar la primera revisión, el déficit primario debería ser cercano a $566.800 millones, las reservas deberían haberse incrementado 4.100 millones de dólares en forma neta y la monetización del déficit no podrá superar los $438.000 millones.

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