Accionistas militantes
El Estado argentino interviene cada vez más en decisiones de precio, asignación de recursos y esquemas de producción, lo que aleja las posibilidades de un desarrollo privado eficiente.
La decisión del Gobierno nacional –adoptada bajo la forma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU)– de ampliar su poder de intervención en 32 de las principales empresas privadas sugiere varias lecturas. La primera de ellas es que, a pesar de sus frecuentes e inconvincentes llamadas al diálogo, el kirchnerismo avanza sin prisa ni pausa hacia un creciente autoritarismo, con desprecio por las minorías y el pluralismo. Reincidir en los DNU, cuando se encuentra en pleno funcionamiento el Poder Legislativo, exime de mayores comentarios.
Otra de sus contradicciones es que, mientras la presidenta de la República peregrina por el planeta invitando a las principales economías del mundo a radicar inversiones extranjeras directas, sus pulsiones hegemónicas dinamitan sus retóricas garantías de seguridad jurídica y previsibilidad.
El "modelo" kirchnerista es, cada vez más, un oscuro amasijo de corrupción, falsificaciones estadísticas, conversión de sectores fundamentales de la economía en un "capitalismo de amigos", financiamiento de un incontrolado clientelismo electoral con fondos previsionales y varias otras deformaciones.
Este nuevo DNU agrava la precaria inseguridad jurídica, no sólo de cara a los operadores internos sino también frente a eventuales inversores externos. Esta "urgente necesidad" se basó en la realización de una asamblea clave de accionistas de la principal planta siderúrgica del país, con la intención de influir en ella. Más grave todavía es si esta norma fue adoptada para lograr el apoyo incondicional de la CGT y del oficialismo joven nucleado en La Cámpora a la candidatura del ministro de Economía, Amado Boudou, como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como dijeron fuentes oficialistas.
No se trata de cuestionar la representación que le cabe en el consejo directivo al tenedor de acciones de una compañía, aunque la promesa al aprobarse el traspaso de esas tenencias a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) era que se limitaría a un representante.
Se trata, en la práctica, de cómo se abusa de la metodología para distorsionarla. Va en contra de la lógica de inversión bursátil, ya que quien invierte para preservar su capital no lo hace para gestionar empresas sino para buscar en cada momento el mejor sitio para colocar sus fondos.
El Estado argentino interviene cada vez más en decisiones de precio, asignación de recursos y esquema de producción de las empresas privadas, lo que aleja las posibilidades de un desarrollo privado eficiente.
Nuestra región avanza hacia continuismos ilimitados. Salvo excepciones (Brasil, Chile, Colombia, Uruguay), los restantes pueblos latinoamericanos se encaminan hacia un populismo militante que, en el mediano plazo, pasará la factura en términos de desarrollo de la economía.