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Abusos en el manejo de la publicidad electoral

*Por Roberto Costa. Existe una fuerte intromisión y control estatal en la campaña de todos los partidos políticos, confundiendo difusión gubernamental con proselitismo.

Una piedra angular de la reforma de la Ley Electoral fue "el sistema de distribución igualitario de la publicidad electoral". El sistema vigente se convierte en el canal exclusivo que tienen los partidos o candidatos para expresarse en forma masiva en una campaña electoral, creándose en los hechos el sistema Único de Publicidad Controlada.

Si bien compartimos la distribución igualitaria de la pauta como punto de partida, entendemos que no puede prohibirse la contratación privada de publicidad por parte de los partidos o candidatos.

Así lo sostiene equivocadamente el artículo 40 de la Ley Electoral, lesionando postulados constitucionales, como en el caso del artículo 14, " ... el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad ..." o lo previsto en el 38, que garantiza la difusión de las ideas de los partidos políticos y exige a éstos dar publicidad del origen, destino de sus fondos y patrimonio.

Como vemos, nuestro sistema de gobierno resulta incompatible con la reforma vigente. Para colmo de males, no tiene su contrapartida con respecto a la regulación de la publicidad oficial que realizan los gobernadores o la misma Presidenta , al permitírsele su uso prácticamente sin límites, bajo el paraguas de dar a conocer los actos de gobierno, cuando en realidad estamos frente a una verdadera propaganda encubierta.

Hablando con total claridad, podemos decir que la señora Presidenta dio la más amplia difusión a los más diversos actos, anuncios e inauguraciones.

En este mismo orden utilizó 27 veces la Cadena Nacional en el corriente año . Esta situación también benefició a los gobernadores en campaña.

Basta con ver la publicidad de la provincia de Buenos Aires, que se empeña en mostrar a un Scioli que reconoce los problemas, pero nada dice de las soluciones como si recién iniciara su mandato; o la conducta de Binner y Rodríguez Saá, que defendiendo legítimamente sus respectivas obras de gobierno, gozan de más del doble de los espacios publicitarios que el resto de los candidatos .

También resulta inadmisible que los partidos y candidatos que reciben aportes de sus legisladores y simpatizantes, que tienen la posibilidad de recaudar fondos, no puedan contratar espacios publicitarios en los medios audiovisuales.

Esta práctica es común en otros países, donde los pequeños aportantes, contribuyen con la posibilidad de que su partido o candidato puedan comunicar con amplitud y libertad sus ideas, acuerdos y proyectos. Es cierto que no se podía seguir con la costumbre de que oscuros aportantes e intereses, como la mafia de los medicamentos, financiaran campañas. Pero una cosa es ponerle tope y controlar el origen de los fondos y otra muy distinta es impedir su uso para contratar publicidad.