Absurda rivalidad entre jueces y abogados

Como abogado de ejercicio liberal de la profesión y concursante en el procedimiento múltiple de selección actualmente en trámite para la cobertura de cargos de Magistrados Penales de Primera Instancia --2ª circunscripción--

Durante mi desempeño profesional como asesor jurídico de los senadores nacionales representantes del estamento político ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, tuve la grata posibilidad de participar en la etapa fundacional de este órgano creado por la reforma constitucional del año 1994. La génesis, iniciada en noviembre del año 1998 comprendió, en entre otras cuestiones --todas de magna relevancia--, la elaboración del reglamento para la selección de magistrados mediante concurso público. Confieso que me he enriquecido enormemente con los intensos y prolongados debates entre los consejeros representantes de los magistrados y los colegios de abogados. En los mismos, la intención era manifiesta y las cartas estaban sobre la mesa. Nada de hipocresía ni lectura entre líneas.

Sencillamente, los abogados pretendían arrebatar a los jueces ese espacio de poder que hasta ese momento se había reservado la corporación judicial, y permitir el igualitario acceso a la magistratura no sólo a los abogados de carrera judicial, sino también a los provenientes del ejercicio libre de la profesión. En este sentido, debo destacar la fecunda actuación de los consejeros Orio y Genovese, ambos abogados santafesinos representantes del estamento, que defendieron a ultranza los derechos y oportunidades de los letrados del ejercicio liberal de la profesión.

Indudablemente, la disputa resultó provechosa. El Consejo de la Magistratura de la Nación ha reglamentado el procedimiento de los concursos estableciendo pautas objetivas de calificación de antecedentes, y una prueba de oposición en la que un jurado elegido por sorteo evalúa los conocimientos teóricos-prácticos de los aspirantes.

Por su parte, el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe, evidentemente ha recogido tales preceptos y los ha plasmado en su reglamento interno, reproduciendo tal normativa.

Por ende, considero que la actual polémica suscitada respecto de la desigualdad en la calificación de los antecedentes de los aspirantes, es una reiterada manifestación de la rivalidad ancestral entre los dos estamentos. Evidencia la persistente reticencia de un sector a ceder el espacio de poder ganado consuetudinariamente, fundada en intereses mezquinos y corporativistas.

Olvidan los jueces que esa batalla librada en el ámbito institucional ya mostró sus resultados. ¿Por qué entonces desandar el camino y volver a esa puja, ahora mediática?

Discrepo entonces radicalmente con los conceptos vertidos por el magistrado Javier Beltramone, que no dejan de inquietarme porque "si lo igual es lo justo, lo desigual es lo injusto" (Aristóteles). No creo en absoluto la disparidad que refiere en cuanto a la evaluación de antecedentes de abogados provenientes de la carrera judicial y del ejercicio liberal; y mucho menos que estos últimos se hallen en una situación más ventajosa. A mi criterio, no hay desigualdad, sino razonables criterios para calificar de manera diferente a los aspirantes que se han desempeñado en uno u otro ámbito.

La propia realidad conocida al dedillo por todo los abogados del foro que diariamente transitan los pasillos del tribunal, destruye este argumento. Hasta hace poco tiempo las posibilidades de un abogado proveniente del ejercicio liberal de la profesión de acceder a la magistratura eran casi nulas.

Y no obstante la implementación del nuevo sistema que pretende instaurar un régimen de selección fundado en la evaluación objetiva e imparcial de los aspirantes, continúa profundamente arraigada en el fragmento de los abogados, la idea de que los funcionarios judiciales cuentan con ventajas en el acceso a la magistratura. Prueba de ello son las estadísticas respecto de los inscriptos a los concursos, que demuestran la gran desproporción entre el número de aspirantes provenientes de uno u otro estamento. Los abogados del libre ejercicio alcanzan escasamente un 20 por ciento frente al 80 por ciento de los provenientes de carrera judicial.

Estoy firmemente convencido de que tal como el antiguo sistema de selección política de magistrados previsto por la Carta Magna de 1853 resultó superado con la instauración del Consejo de la Magistratura, también así todas estas absurdas rivalidades entre estamentos se extinguirán paulatinamente a la luz de la legalidad de los procesos de selección fundados en la transparencia y objetividad en la calificación de los aspirantes.

Sin olvidar que en esencia todos somos hombres de derecho, a los que la vocación o cualquier otra circunstancia, nos ha colocado de un lado o del otro del mostrador de la mesa de entradas del juzgado, breguemos por la superación de las diferencias y la transmisión a la sociedad de un mensaje responsable, moderado y respetuoso de las leyes: el sistema de selección vigente garantiza jueces probos y virtuosos intelectual y éticamente, ya que evalúa integralmente a los aspirantes mediante un estricto procedimiento en el que se examinan y califican no sólo los antecedentes profesionales y laborales, sino también los conocimientos teórico-prácticos y las aptitudes físicas y psíquicas para el desempeño.

Basta ya de inútiles victimizaciones. Los empleados y funcionarios judiciales aspirantes a la magistratura deben enfocar la disputa puertas adentro y ocuparse de cuestionar en su propio estamento la decisión política que los dejó sin la legítima representación en los concursos, evitando el riegos de que la ciudadanía ponga la lupa sobre sus más íntimos temores y debilidades en la aplicación del nuevo sistema.

Soplan vientos de cambio. Bienvenidos sean, porque seguramente generarán crecimiento. Pero haciendo propias las palabras de un viejo y sabio colega, que con más de ochenta años todavía patea los pasillos de los tribunales de calle Talcahuano: "Crecer siempre duele".