Abramos la puerta al progreso

Faltan dos meses para que los cordobeses elijan quién conducirá los destinos de la provincia los próximos años. La decisión que tomen los ciudadanos no será indiferente para la construcción del destino de la Córdoba del progreso.

Es imperioso analizar el contenido de las propuestas, los antecedentes de cumplimiento de la palabra empeñada durante una campaña electoral y la capacidad de estadista de quien resulte elegido, para instrumentar políticas de Estado en beneficio de todos.

En esta oportunidad, se puede hacer ese análisis. Los tres candidatos tienen antecedentes en la función pública, han tenido oportunidad de demostrar su capacidad para gobernar y, fundamentalmente, si tiene consistencia su discurso con lo necesario para un destino de crecimiento con equidad y justicia.

Las gestiones públicas están a la vista y servirán para determinar quién está capacitado para conducir a su pueblo en el futuro. Futuro en el que el conocimiento, la vinculación tecnológica y la puesta en valor desde la preescolaridad deben ser motores impulsores del cambio que potencia en su dignidad al ser humano.

No analizaré aquí las condiciones de los candidatos. Éstas son conocidas por sus frutos, como señala la frase bíblica.

Sólo diré –como base para la posterior argumentación– que los períodos de gobierno ejercidos por el candidato justicialista (1999–2007) cimentaron el aggiornamento de Córdoba al nuevo milenio.

La continuidad y características del mandato de su sucesor sirven hoy para reafirmar que, sobre esa base de gestión mesurada, ordenada y creativa, se pueden encarar reformas de segunda generación que garanticen valores sustentados en el necesario acuerdo entre lo público y lo privado.

La hora del contribuyente. Córdoba tuvo reformas de primera generación desde 1999, prometidas durante campañas electorales y cumplidas a rajatabla, como la rebaja impositiva, la construcción de escuelas, rutas, puentes, viviendas y hospitales, y de parques industriales.

No olvidemos aspectos cualitativos para consolidar un "nuevo Estado" con acceso a la información, independencia de poderes, reforma del Poder Legislativo, pacto de calidad educativa, Mesa Provincia-Municipios, infraestructura cultural y Consejo de la Magistratura. Todo en un ámbito de respeto de las libertades individuales en general y de expresión en particular. El desafío, ahora, es reinventar el gobierno, para que el actor principal sea el contribuyente, como sujeto de obligaciones pero también de derechos, el que invierte para mejorar su situación y con ello contribuye al mejoramiento económico de la provincia y del país.

Allí surgen las preguntas que hay que responder: ¿Qué trato se le da? ¿Le proporciona el Gobierno las condiciones mínimas de funcionamiento e infraestructura? ¿Se lo impulsa para aprovechar su potencial de trabajo y capacitación? ¿Estamos a la altura de sus necesidades?

Por qué pelear. Reinventar el gobierno es también conducir en armonía institucional con los otros niveles de gobierno, los partidos de oposición y los distintos factores de poder. Esto es imprescindible.

Para defender los intereses de Córdoba, es preciso saber por qué pelear. Una serie de eventos ha perjudicado a las provincias en su participación en la masa recaudatoria. A modo de ejemplo: los recursos provinciales cedidos al sistema de seguridad social nacional, en el caso de Córdoba, significaron ceder 10.595 millones de pesos desde 1991 hasta 2007.

Hasta ese año, la seguridad social a nivel nacional se financiaba con aportes y contribuciones, pero en agosto de 1991 se traspasó a ese sistema el 11 por ciento de los ingresos de IVA y el ciento por ciento de los de bienes personales; un año después, el 20 por ciento del impuesto a las Ganancias y el 15 por ciento de la masa coparticipable pasaron a ese fin; en 1996, fue el turno del 21 por ciento de los gravámenes a las naftas y del ciento por ciento de otros combustibles y la detracción de Ganancias de una suma fija de 580 millones de pesos anuales, destinando 120 millones al sistema de seguridad social; en 1998, también se pasó a ese régimen el 70 por ciento de la recaudación del monotributo y en 1999 se agregó el ciento por ciento del impuesto adicional sobre cigarrillos.

Este ejemplo ratifica que la discusión de la deuda pública de Córdoba y de otras provincias debería efectuarse en el marco de un nuevo compromiso federal, con un acuerdo Nación-Provincias que desemboque en un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos.

Finalmente, para el caso de Córdoba debemos reiterar lo señalado en esta columna (enlace acortado http://bit.ly/lTgchd): "La solución para el problema de la Caja de Jubilaciones debe provenir de la alta política, ésa que está en los discursos pero que poco se ve en la práctica. Córdoba tiene una oportunidad de demostrar que se pueden instrumentar acuerdos para diseñar y poner en marcha políticas de Estado. Ningún gobierno en soledad podrá resolver este problema. Hoy pueden sentarse las bases para dicha solución. Ningún partido político de Córdoba y mucho menos ningún ciudadano que aspire a gobernar esta provincia deberían negarse a sentarse a la mesa para diseñar una política de consenso para afrontar la delicada situación del sistema previsional provincial. Conseguido ese objetivo, allí sí deberán aparecer las herramientas económicas y actuariales que instrumenten dicho acuerdo. Todo lo demás será esfuerzo en vano".

Gobernar con la gente. En definitiva, reinventar el gobierno es la reforma cualitativa de segunda generación para lograr la justicia social y el progreso con la solidaridad como valor, la familia como institución, la educación como factor de igualdad y el trabajo como factor de inclusión, convirtiéndolos en pilares de la prevención, la promoción sociocomunitaria y la movilidad social.

Reinventar el gobierno también es poner la economía al servicio del ciudadano, como instrumento para alcanzar objetivos políticos.

Para ello, el diseño debe formularse con la participación activa de los sectores involucrados en el mismo, para evitar el "tecnicismo de laboratorio" y el desconocimiento de las verdaderas necesidades de los sectores. En definitiva, el gobernante trabajando con la gente.