Aborto Legal: un Estado comprometido que respeta y apoya a las mujeres en sus decisiones

Este 1ero de marzo del 2020 fue un día histórico para las mujeres. Hubo un parteaguas cuando en el Discurso de apertura de sesiones el Presidente anunció que enviará su proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto, que esperamos conocer con ansiedad. 

 Sin dudas que se hable en la Asamblea Legislativa del aborto se debe a la enorme pelea que las feministas venimos dando desde hace décadas. Eso no le resta mérito a la visión estratégica del Presidente Alberto Fernandez y sus convicciones que lo llevaron a incorporar a su gabinete feministas en muchos niveles y en los diversos espacios de la Administración Pública, a ser el primer presidente con probabilidad de resultar electo que asumió la defensa de nuestro derecho al aborto en plena campaña electoral y a la rápida firma de la Resolución del Ministerio de Salud del Protocolo para los abortos ya legales. 

Todo el discurso de Alberto Fernandez apuntó a acabar con la mentira y la simulación en la política, establecer cambios en el Estado para acabar con el “secretismo” y gobiernos que imponen decisiones a espaldas del Pueblo. Poner el tema del aborto sobre la mesa va en esta misma dirección: cambiar el rumbo de abandono, muerte y criminalización de las mujeres para apoyarlas en su derecho a decidir sobre ser madres o no.

El primer magistrado reconoció en nombre del Estado la ineficacia de la actual legislación penal vigente - lo que conoce muy bien por su propia formación jurídica- y las consecuencias discriminatorias nefastas del sistema sobre las mujeres más humildes.

La línea argumental del Presidente recepta en su integralidad los reclamos del movimiento de mujeres y de la Campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito al anunciar no sólo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en respeto a la libre decisión de las personas gestantes sobre sus propios cuerpos y su cobertura en el sistema de salud, sino también el lanzamiento de "un contundente programa" de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado y un “Plan de los 1000 Días para el cuidado de embarazadas, niñas y niños” para reducir significativamente las tasas de mortalidad y desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el neurodesarrollo y la salud integral de madres e hijes.

El derecho al aborto hace años que está en las calles. Más de 100 ciudades de todo el país hicieron pañuelazos y llegaron adhesiones de diferentes puntos del planeta poniendo una vez más la voz de la ciudadanía femenina en la agenda política. 

Es una gran emoción para quienes venimos en esta lucha hace más de treinta años la escucha del Estado y la masividad y el compromiso del reclamo organizado intergeneracional en trasversalidad, pluralismo y diversidades. Es también un homenaje a las que ya no están.

Nos sostienen la historia, la densidad de los argumentos elaborados y de las prácticas desarrolladas a partir de estos 34 años de Encuentros nacionales de mujeres (hoy Plurinacionales de mujeres y disidencias) - fenómeno único en el mundo-, 14 Encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe y cientos de documentos internacionales que son el producto de nuestra articulación global como sociedad civil en torno a las Conferencias de Población y de la Mujer de Naciones Unidas a lo largo de estos años. 

Existe ya un compromiso les diputades y senadores sopores con el movimiento de mujeres de llevar a buen puerto el proyecto de la Campaña. La última versión del proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito que redactamos de manera participativa, recoge los consensos de las diversidades  y fundamentalmente la visión de las personas con capacidad de gestar y los saberes prácticos y teóricos de quienes están en el día a día del acompañamiento a quienes pasan por esta situación tanto como de las académicas feministas de las más diversas disciplinas.

La decisión política del Presidente Fernandez completa las condiciones que en general han acompañado la sanción de este tipo de leyes: movilización popular, transversalidad en las alianzas parlamentarias que las sostienen y voluntad del Poder Ejecutivo. Así lo logramos con las leyes de divorcio y equiparación de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales en los 80, con las leyes de cupo en los noventa, al iniciar este siglo con las leyes de procreación responsable y salud reproductiva y en la última década con las leyes de matrimonio igualitario, identidad de género y la de paridad en los cargos electivos.

Llegó la hora. En momentos en que crujen las democracias en América Latina porque muchos de sus gobiernos someten a sus pueblos a ajustes estructurales y pagos de deuda impagables contra la voluntad popular, que importante será hacer lugar a esta genuina expresión de la democracia participativa y del movimiento feminista, en particular, ratificando nuestra condición de Estado laico y dejando entrar la vida cotidiana al Congreso de la Nación como una de esas excepcionales veces en que esto sucede para mejorarle la vida a muchas y algunes sin perjudicar a nadie. ¡Será ley!