Abogado pide que se suspenda el Censo 2010
El letrado pidió a la Justicia dictar una medida cautelar para suspender el censo. Se basa en la posible manipulación de los datos relevados por el INDEC.
Un abogado pidió a la Justicia dictar una medida cautelar en la que suspenda la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas previsto para el 27 de octubre próximo, a raíz de los cuestionamientos que padece el INDEC, el cual se encargará de procesar los datos recolectados.
La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal por el abogado José Magioncalda, quien previamente había reclamado sin éxito por vía administrativa dejar sin efecto el decreto 67/2010 que dispone la realización del Censo.
En el escrito presentado, el letrado cuestiona que el decreto firmado por Cristina Kirchner, "padece vicios que lo tornan nulo de nulidad absoluta".
"Tal como es de público conocimiento, las universidades nacionales convocadas por el Ministerio de Economía han elaborado informes expresando una opinión desfavorable en relación a la conveniencia de realizar el Censo 2010 en las actuales condiciones institucionales en que se encuentra el INDEC, organismo encargado de la planificación y realización de la encuesta por excelencia".
Otro de los cuestionamientos que hizo el abogado es porque la "planificación del Censo no ha tenido lugar con la antelación suficiente que simula exigir la Presidencia de la Nación".
"Es opinión de los expertos en la materia que un censo nacional debe planificarse con, al menos, cinco años de antelación", remarcó Magioncalda.
El letrado consideró también que "de la lectura del Decreto surge que la realización de las tareas previas al censo se han dispuesto con una anticipación inferior al año".
Para el abogado, "la convocatoria al Censo 2010 apunta a la justificar datos manipulados en función de oscuras necesidades políticas".
"Un manejo arbitrario en la determinación de habitantes por distrito podría generar una distorsión en la representación política con grave daño a las instituciones de la república", sostuvo.
Asimismo: "Si en vez de encontrarnos frente a un CENSO nos encontramos frente a un simulacro del mismo, la obligación que se impone a los habitantes de la Nación de responder al cuestionario censal resulta violatoria de elementales principios del estado de derecho", concluyó.