A veces ser testigo trae sus riesgos

José Luis Ferrari

Abogado Penalista - @drjlferrari

Uno de los testigos de identidad reservada relató: “Las máximas referentes del comedor son Gloria y Rossmery. Mucha gente del comedor les tiene miedo a Gloria y Rossmery”, a la hora de contar lo que ocurría dentro de uno de los comedores bajo investigación.

Hay otras declaraciones testimoniales, ante el fiscal, que determinaron que la “Asociación Civil Polo Obrero”, como la inscripta por Barrios de Pie, bajo el nombre “Caminos de Tiza”, compartían un mismo “modus operandi”. Hasta ahora, “se comprobó que había personas colocadas en un escalón superior a los referentes de cada comedor, que coordinaba el funcionamiento de varios comedores en esta ciudad e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”.

Los roles de la organización piquetera contaban con las personas encargadas de “cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social”. El centro de operación de estas maniobras eran los comedores.

El primer dictamen contó con cinco declaraciones testimoniales, con las que se imputó a 27 dirigentes sociales por este tipo de acciones y otras vinculadas a la presunta administración fraudulenta vinculada al manejo de fondos públicos y al posible desvío de los mismos. Esas primeras declaraciones le permitieron a la fiscalía armar la estructura inicial de los posibles delitos que cometían dirigentes sociales “al amparo de las personas jurídicas inscriptas como Unidades de Gestión del Plan Potenciar Trabajo y recibían subsidios del Estado Nacional”.

Los testigos de identidad reservada, en cada caso, relataron precisa y detalladamente la forma de operar de los autores y aportaron pruebas electrónicas que refuerzan sus dichos. Esto derivó en las intervenciones telefónicas de los abonados de los celulares de los acusados.

Esas primeras declaraciones son la resultante de un recorte de 45 hechos que se dieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de más de 940 llamados denunciados por el Ministerio de Seguridad a la Línea 134, que expusieron amenazas y extorsiones a quienes no asistían a la marcha de diciembre pasado, la primera que se organizó en contra del gobierno de La Libertad Avanza.

Luego de escuchar a los primeros testigos, los dichos fueron cotejados con diversas comunicaciones telefónicas que constan en la causa, en las cuales los dirigentes piqueteros imputados mantenían con diferentes beneficiarios de planes sociales que se animaron a contar los hechos. “Existe un riesgo cierto de que los imputados hostiguen o amenacen a testigos”, ya había advertido el fiscal, cuando pidió la detención de los acusados. El juez que concedió, con la conformidad de la fiscalía, dar la exención de prisión a los 27 acusados, entendió, con muy buen criterio, que se debía volver a ofrecer a los testigos que, para su resguardo y seguridad, ingresen al programa de protección.

La mayoría de los imputados en esta causa residen, por lo general, en la misma zona que las víctimas y tienen como punto de encuentro los comedores de los barrios en los que las organizaciones sociales cuentan con un importante despliegue territorial.

Algo de esta trama de la investigación resulta llamativo: el programa de Protección de Testigos –programa que integra, por ejemplo, el ex chofer Oscar Centeno, quien destapó el escándalo de los Cuadernos de las Coimas– se encontraba hasta este año bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El titular de dicha cartera, el hiper experimentado abogado penalista Mariano Cúneo Libarona, entendió que debía quedar dentro del ministerio que conduce Patricia Bullrich.

Para fundamentar el cambio de organismo bajo el cual continuaría funcionando el Programa de Protección de Testigos, se señaló que era “más razonable que pase a Seguridad. Los motivos que se analizaron técnicamente en ese momento daban cuenta de que era lo mejor. Porque además tienen más herramientas para proteger, ubicar y cuidar a los testigos”. Un punto que fue destacado por la fiscalía es que los ciudadanos que denunciaron los hechos lo hicieron únicamente cuando el Estado habilitó una línea telefónica oficial para que pudieran realizarse de manera anónima. Y la protección de estas personas es por su estado de vulnerabilidad y a raíz de esa condición, y por los datos brindados siendo a su vez, víctimas de diversos hechos de extorsión y coacción.

Todas las organizaciones sociales investigadas en la causa están sospechadas de haber “desplegado un modus operandi que permite inferir un elemento común en todas ellas que es, justamente, el haberse valido de las facultades que el Estado les otorgó a cada una de las Unidades de Gestión”. Y bajo esta figura era que se firmaban los diferentes convenios que les garantizaban el flujo constante de millonarios recursos del Estado.

Así está presentada la tan difundida y publicitada investigación, que salpica años de gestión de anteriores gobiernos. Esperemos que cuiden a los testigos, y que nada les suceda a los denunciantes, que en definitiva SIEMPRE son las VERDADERAS VÍCTIMAS del sistema, ya que los condenaron a la pobreza y a la desprotección.