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A tres años del hundimiento del ARA San Juan: 21 días antes de zarpar tenía 49 “obras correctivas” sin terminar
Las querellas piden continuar con la investigación y realizar pericias. Desde la Armada afirman que la unidad estaba “operativa”.
Ya pasaron tres años desde aquel 15 de noviembre en el que se perdió el rastro del ARA San Juan, el submarino que transportaba a 44 tripulantes. Hoy, la causa que intenta establecer las responsabilidades por el naufragio de la unidad atraviesa una etapa clave: la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia debe determinar si avala o no los procesamientos de la jueza Marta Yáñez a seis altos mandos de la Armada y establecer, entre otras cuestiones, si llama a indagatoria a Mauricio Macri y su exministro de Defensa Oscar Aguad.
Mientras los integrantes del tribunal analizan la documentación y los petitorios de las defensas de los acusados y las querellas, una grieta parece haberse instalado en el expediente: los altos mandos de la Armada sostienen que la nave estaba “operativa”, lo que en otras palabras significa que podía navegar, pero para la jueza Yáñez el ARA San Juan “tenía pendiente pruebas fundamentales que comprometían la seguridad de la nave y su tripulación”. Las familias también convalidan esta hipótesis pero piden que continúe la investigación.
De acuerdo a la documentación a la que accedió TN.com.ar, la nave presentaba al menos 49 “obras correctivas” pendientes de ejecución al 4 de octubre de 2017, es decir, 20 días antes de que el submarino partiera desde la Base Naval de Mar del Plata rumbo a Ushuaia, explican desde TN.
Para la magistrada, la “planilla de control de obras del mes de septiembre de 2017” es una de las pruebas clave de la causa ya que se trata del último documento rubricado por el Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández, que refleja el estado de alistamiento que presentaba el submarino.
La máxima autoridad del ARA San Juan le había comunicado el cuadro de situación al Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) a través de un mensaje naval emitido el 4 de octubre de 2017. Este fue un elemento fundamental en el procesamiento de los altos mandos ya que para Yáñez debieron haber evitado la zarpada.
El Capitán había planteado la necesidad de realizar diversas reparaciones, las detalló y emitió las Solicitudes de Obras Correctivas (SOC). Buena parte de los trabajos presentaban un cero por ciento de avance a solo tres semanas del inicio de la que sería la última misión.
La lista de reparaciones pendientes es extensa. Desde el desmonte del silenciador del motor diésel y dos colectores con pérdida (0% de avance) hasta los arreglos para que deje de entrar agua a través de los cuatro cables de las antenas Loop (90% de avance). Fernández también había advertido que aún no se había modificado la estructura de las válvulas II17 y H18 (40% de avance) y que debía repararse el periscopio de observación (0% de avance). A su vez estaba pendiente el mantenimiento de tres interruptores 3WR del tablero de baterías. Son solo algunos de los ejemplos.
En este contexto, surge una pregunta. ¿Estas obras inconclusas incidieron en el ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación, lo que posteriormente provocó un cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de batería? Es difícil de determinar con la nave a más de 900 metros de profundidad, pero para la Justicia demuestra que la unidad no estaba en óptimas condiciones y que los altos mandos estaban al tanto de estas deficiencias.
Según el escrito de procesamiento de los altos mandos, ninguno de estos cumplió con su tarea en asegurar el adecuado y correcto mantenimiento del submarino ARA San Juan.
Esta documentación se suma a otro “paper” clave: durante la navegación de julio de 2017 se produjo el ingreso de agua al ventilador de baterías de proa cuando la nave estaba en maniobra de snorkel. En el informe elevado a sus superiores, el Capitán Fernández alertó: “La única posibilidad es la falta de estanqueidad de la válvula ECO 19”, lo que en otras palabras significa que no cerraba correctamente debido a una falla mecánica y no humana.
Para la Justicia, es probable que esta situación se haya repetido en las fatídicas horas de ese 15 de noviembre de 2017. Es que no consta en el expediente documentación que acredite que esa válvula haya sido reparada entre julio y noviembre de 2017. Además, no habría forma de haberlo hecho correctamente: submarinistas sostienen que esa estructura solo puede reparase correctamente en dique seco, con el submarino fuera del agua, lo que no ocurría desde principios de 2016.
Los procesados en la causa son Luis Enrique López Mazzeo, extitular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA); Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) y Autoridad de Control Operativo de las Unidades Submarinas de la Armada; Luis Enrique Malchiodi, exJefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada; Héctor Anibal Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y como Oficial Evaluador del Alistamiento (O.E.A), Hugo Miguel Correa, exjefe del Departamento de Operaciones, Jefe de División Operaciones, Jefe de Cargo de Navegación, Jefe del Cargo de Comunicaciones y Jefe de CENCOMSUB, del Comando de la Fuerza de Submarinos y Hugo Miguel Correa, exjefe del Departamento de Operaciones, Jefe de División Operaciones, Jefe de Cargo de Navegación, Jefe del Cargo de Comunicaciones y Jefe de CENCOMSUB, del Comando de la Fuerza de Submarinos.
Para Yáñez estos integrantes de la marina omitieron las diligencias propias de sus cargos y los procesó por los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio. Se trata de delitos que tienen una pena que van desde el mes a cinco años. Además los embargó por entre $2,5 y $3,5 millones.
Pero sorpresivamente para las familias, la jueza no procesó a quien al momento de la tragedia era la máxima autoridad de la Armada, el almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur. La magistrada también rechazó investigar al expresidente Mauricio Macri y su exministro de Defensa Oscar Aguad. La querella que encabeza el abogado Luis Tagliapietra y la de Fernando Burlando cuestionan esta última decisión y piden que el exjefe de Estado y su exfuncionario sean llamados a indagatoria. El fiscal de la Cámara Norberto Bellver se sumó a este pedido.
En sus exposiciones, los abogados de los acusados y los propios marinos en la mira de la Justicia desmintieron a Yáñez, aseguraron que la unidad estaba “operativa” y pidieron elementos de pericia. “La jueza se niega a realizar el peritaje, lo que es como no hacer la autopsia en un cuerpo”, repite un letrado que defiende a uno de los principales acusados.
En la vereda de enfrente las querellas coinciden en que se debe continuar con la investigación, exigen peritar las fotografías tomadas por el ROV de la firma Ocean infinity y plantean la necesidad de retirar piezas del ARA San Juan para ser analizadas por expertos. A su vez, solicitaron agravar la acusación contra los altos mandos de la Armada: pasar del delito de estrago culposo a homicidio con dolo eventual.
Allí se da una situación particular: tanto acusados como las familias de los tripulantes piden continuar con la instrucción y realizar pericias. “Entendemos que se debe volver al lugar y retirar ciertas piezas como los tubos de aire comprimido para determinar si fueron accionados, o ver si se encuentra o no la radiobaliza. Son elementos que nos pueden dar indicios sobre qué es lo que ocurrió”, asegura Tagliapietra en diálogo con este medio. Este abogado que represente a un nutrido grupo de familiares es, además, padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan.
En este contexto, la Cámara Federal tendrá que resolver diversas cuestiones.
Las causas exactas del naufragio del submarino ARA San Juan aún no pudieron ser determinadas con exactitud. Lo último que se sabe con certeza científica es que una hora y 19 minutos después de las 6 de la mañana de aquel miércoles 15 de noviembre de 2017, Fernández vuelve a comunicarse con el comando e informa que iban a bajar a plano profundo (40 metros) a descansar e inspeccionar el tanque de baterías. Fue el último mensaje de la tripulación. A las 8.45 se perdió todo tipo de contacto con la embarcación y a las 10.51 se registró un evento anómalo, consistente con una explosión, que los expertos luego definirían como una implosión.
Mientras los integrantes del tribunal analizan la documentación y los petitorios de las defensas de los acusados y las querellas, una grieta parece haberse instalado en el expediente: los altos mandos de la Armada sostienen que la nave estaba “operativa”, lo que en otras palabras significa que podía navegar, pero para la jueza Yáñez el ARA San Juan “tenía pendiente pruebas fundamentales que comprometían la seguridad de la nave y su tripulación”. Las familias también convalidan esta hipótesis pero piden que continúe la investigación.
De acuerdo a la documentación a la que accedió TN.com.ar, la nave presentaba al menos 49 “obras correctivas” pendientes de ejecución al 4 de octubre de 2017, es decir, 20 días antes de que el submarino partiera desde la Base Naval de Mar del Plata rumbo a Ushuaia, explican desde TN.
Para la magistrada, la “planilla de control de obras del mes de septiembre de 2017” es una de las pruebas clave de la causa ya que se trata del último documento rubricado por el Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández, que refleja el estado de alistamiento que presentaba el submarino.
La máxima autoridad del ARA San Juan le había comunicado el cuadro de situación al Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) a través de un mensaje naval emitido el 4 de octubre de 2017. Este fue un elemento fundamental en el procesamiento de los altos mandos ya que para Yáñez debieron haber evitado la zarpada.
El Capitán había planteado la necesidad de realizar diversas reparaciones, las detalló y emitió las Solicitudes de Obras Correctivas (SOC). Buena parte de los trabajos presentaban un cero por ciento de avance a solo tres semanas del inicio de la que sería la última misión.
La lista de reparaciones pendientes es extensa. Desde el desmonte del silenciador del motor diésel y dos colectores con pérdida (0% de avance) hasta los arreglos para que deje de entrar agua a través de los cuatro cables de las antenas Loop (90% de avance). Fernández también había advertido que aún no se había modificado la estructura de las válvulas II17 y H18 (40% de avance) y que debía repararse el periscopio de observación (0% de avance). A su vez estaba pendiente el mantenimiento de tres interruptores 3WR del tablero de baterías. Son solo algunos de los ejemplos.
En este contexto, surge una pregunta. ¿Estas obras inconclusas incidieron en el ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación, lo que posteriormente provocó un cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de batería? Es difícil de determinar con la nave a más de 900 metros de profundidad, pero para la Justicia demuestra que la unidad no estaba en óptimas condiciones y que los altos mandos estaban al tanto de estas deficiencias.
Según el escrito de procesamiento de los altos mandos, ninguno de estos cumplió con su tarea en asegurar el adecuado y correcto mantenimiento del submarino ARA San Juan.
Esta documentación se suma a otro “paper” clave: durante la navegación de julio de 2017 se produjo el ingreso de agua al ventilador de baterías de proa cuando la nave estaba en maniobra de snorkel. En el informe elevado a sus superiores, el Capitán Fernández alertó: “La única posibilidad es la falta de estanqueidad de la válvula ECO 19”, lo que en otras palabras significa que no cerraba correctamente debido a una falla mecánica y no humana.
Para la Justicia, es probable que esta situación se haya repetido en las fatídicas horas de ese 15 de noviembre de 2017. Es que no consta en el expediente documentación que acredite que esa válvula haya sido reparada entre julio y noviembre de 2017. Además, no habría forma de haberlo hecho correctamente: submarinistas sostienen que esa estructura solo puede reparase correctamente en dique seco, con el submarino fuera del agua, lo que no ocurría desde principios de 2016.
Los procesados en la causa son Luis Enrique López Mazzeo, extitular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA); Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) y Autoridad de Control Operativo de las Unidades Submarinas de la Armada; Luis Enrique Malchiodi, exJefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada; Héctor Anibal Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y como Oficial Evaluador del Alistamiento (O.E.A), Hugo Miguel Correa, exjefe del Departamento de Operaciones, Jefe de División Operaciones, Jefe de Cargo de Navegación, Jefe del Cargo de Comunicaciones y Jefe de CENCOMSUB, del Comando de la Fuerza de Submarinos y Hugo Miguel Correa, exjefe del Departamento de Operaciones, Jefe de División Operaciones, Jefe de Cargo de Navegación, Jefe del Cargo de Comunicaciones y Jefe de CENCOMSUB, del Comando de la Fuerza de Submarinos.
Para Yáñez estos integrantes de la marina omitieron las diligencias propias de sus cargos y los procesó por los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio. Se trata de delitos que tienen una pena que van desde el mes a cinco años. Además los embargó por entre $2,5 y $3,5 millones.
Pero sorpresivamente para las familias, la jueza no procesó a quien al momento de la tragedia era la máxima autoridad de la Armada, el almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur. La magistrada también rechazó investigar al expresidente Mauricio Macri y su exministro de Defensa Oscar Aguad. La querella que encabeza el abogado Luis Tagliapietra y la de Fernando Burlando cuestionan esta última decisión y piden que el exjefe de Estado y su exfuncionario sean llamados a indagatoria. El fiscal de la Cámara Norberto Bellver se sumó a este pedido.
En sus exposiciones, los abogados de los acusados y los propios marinos en la mira de la Justicia desmintieron a Yáñez, aseguraron que la unidad estaba “operativa” y pidieron elementos de pericia. “La jueza se niega a realizar el peritaje, lo que es como no hacer la autopsia en un cuerpo”, repite un letrado que defiende a uno de los principales acusados.
En la vereda de enfrente las querellas coinciden en que se debe continuar con la investigación, exigen peritar las fotografías tomadas por el ROV de la firma Ocean infinity y plantean la necesidad de retirar piezas del ARA San Juan para ser analizadas por expertos. A su vez, solicitaron agravar la acusación contra los altos mandos de la Armada: pasar del delito de estrago culposo a homicidio con dolo eventual.
Allí se da una situación particular: tanto acusados como las familias de los tripulantes piden continuar con la instrucción y realizar pericias. “Entendemos que se debe volver al lugar y retirar ciertas piezas como los tubos de aire comprimido para determinar si fueron accionados, o ver si se encuentra o no la radiobaliza. Son elementos que nos pueden dar indicios sobre qué es lo que ocurrió”, asegura Tagliapietra en diálogo con este medio. Este abogado que represente a un nutrido grupo de familiares es, además, padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan.
En este contexto, la Cámara Federal tendrá que resolver diversas cuestiones.
- El tribunal debe definir si ordena la continuidad o no de la instrucción. En caso de que ocurra lo primero, tiene que definir si llama a indagatoria a Macri y Aguad y qué define sobre la situación de Srur.
- Determinar si provee las medidas de prueba solicitadas por los acusados y las querellas.
- Tendrá que establecer si Yáñez se mantiene al frente de la causa, ya que el abogado Tagliapietra pidió su apartamiento.
- Establecer si sostiene la calificación legal que Yáñez les achacó a los acusados o si la agrava como piden las familias.
- Puede darle la razón a las defensas de los acusados y revocar el procesamiento de Yáñez pero pedir la continuidad de la instrucción. O bien hacer lugar al pedido de las querellas y aumentar el delito. También puede sostener los procesamientos de Yáñez pero de igual modo pedir que continúe investigando.
- Otra opción es que la Cámara respalde la decisión de la jueza Yáñez, sin ordenar nuevas medidas de prueba, lo que le permitirá a la magistrada estar en condiciones de elevar el expediente a juicio.
- Con su decisión, los jueces Javier Leal de Ibarra; Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman podrían modificar el rumbo de la causa. No será una tarea sencilla. El caso del ARA San Juan es por demás complejo si se tiene en cuenta que se trata de una máquina de guerra diseñada para no ser detectada y que la documentación presenta un lenguaje técnico que, en casos, requiere ser analizada por expertos.
Las causas exactas del naufragio del submarino ARA San Juan aún no pudieron ser determinadas con exactitud. Lo último que se sabe con certeza científica es que una hora y 19 minutos después de las 6 de la mañana de aquel miércoles 15 de noviembre de 2017, Fernández vuelve a comunicarse con el comando e informa que iban a bajar a plano profundo (40 metros) a descansar e inspeccionar el tanque de baterías. Fue el último mensaje de la tripulación. A las 8.45 se perdió todo tipo de contacto con la embarcación y a las 10.51 se registró un evento anómalo, consistente con una explosión, que los expertos luego definirían como una implosión.
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