A los codazos
*Por Miguel Ángel Giubergia. La decisión del gobierno de ampliar, por los tan cuestionables decretos de necesidad y urgencia, la representación del Estado en las compañías en que la Anses tiene participación accionaria por el traspaso de los fondos de las ex AFJP ha desatado un gran debate por estos días y es necesario llevar a cabo un análisis responsable de esta situación.
A partir del DNU 441 se impuso que el oficialismo pasara a poder participar en el directorio de las sociedades en la medida de sus tenencias, dando por finalizada una limitación que ponía como techo un 5% del capital societario, algo que fue acordado por la mayoría legislativa en la reforma previsional del 2008.
La creación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Sistema Previsional (FGS) apuntó a generar un mecanismo por el cual la Anses pudiera acumular reservas, que permitirían sostener en el tiempo las prestaciones previsionales de nuestros jubilados y pensionados, tanto de los actuales como de los futuros más allá de lo que esté pasando con la recaudación de impuestos.
Es decir: el FGS es un complemento, o un colchón que se debe engrosar en los buenos tiempos, para ayudar en los malos a cumplir con los pagos de las pasividades.
Apuntaba a generar un esquema de acumulación de recursos de características contracíclicas, es decir en los momentos buenos de la economía nacional: cuando hay crecimiento se crean nuevas fuentes de empleo y la gente está más comprometida con el pago de impuestos, por lo tanto este fondo debería incrementar sus recursos para que luego puedan ser usados en los momentos en que la marcha de la economía no funciona tan bien, en que los ingresos por recaudación no son suficientes para afrontar el pago de jubilaciones y pensiones.
El objeto de tener acciones dentro del FGS responde a dos cuestiones fundamentales. Primero, la de aprovechar los buenos momentos de la economía que se refleja en suba de precios de las acciones y, segundo, sacar provecho de la lógica empresaria maximizadora de renta. Todo esto redundaría en un incremento en el patrimonio del fondo a lo largo del tiempo.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que los objetivos del sector público y de las empresas son bien diferentes. Por ésta, entre otras razones, usar con fines de política económica la participación dentro de empresas mayoritariamente privadas es una medida dictada a los codazos.
Las herramientas con las que cuenta el gobierno son suficientemente amplias como para pretender inmiscuirse en el manejo de empresas, que en su mayoría no se encuentran dentro de los sectores estratégicos. En algunos casos, el Estado tiene empresas propias que serían competidoras –Banco de la Nación para el caso financiero, Enarsa para los casos energéticos–, lo que podría generar situaciones legalmente y éticamente conflictivas.
Además, el director que eventualmente se designe se encontrará con situaciones que confrontarán con el objetivo de obtener el mayor beneficio para la empresa y en consecuencia para el FGS, que es el principal motivo por el que se tienen las acciones.
¿Qué pasaría con el director que eventualmente se quisiera
designar en Petrobras? ¿Apoyaría el aumento de combustibles para mejorar la ecuación económica de los accionistas, en beneficio del FGS, o lo rechazará por lo que el gobierno denomina política de precios? De continuar por la vía de ampliar el número de representantes del Estado en las empresas, debemos dejar en claro el respeto a las normas vigentes en cuanto al gobierno societario, se deberían establecer criterios objetivos que tienen que cumplir los candidatos a ocupar esos puestos y luego ser evaluados por el Congreso nacional en forma previa a las asambleas de accionistas, que es el órgano con pleno derecho a dictaminar sobre dichas designaciones.