A dos años y medio del derrumbe en San Cristóbal, la familia de Adrián Continiello pide Justicia  

"Seguimos esperando. No vemos la hora de que el juicio oral empiece pero nos adecuamos a los tiempos de la Justicia que para nosotros, una familia normal, humilde, son estos. Sabemos que si mi hermano hubiera sido el hijo de un político o miembro de una familia influyente no hubieran dejado pasar tanto".

Cuando Esteban Continiello dice espera y tiempo se refiere a los dos años y medio que transcurrieron desde la muerte de su hermano Adrián, quien el 1° de abril de 2019 falleció después de que el edificio de San Cristóbal donde vivía se derrumbara. Tenía 32 años.

Cuando todo cayó, Adrián estaba en la ducha de su departamento del segundo piso y no tuvo posibilidad de escapar: murió aplastado por los escombros. El desplome, que incluyó la destrucción de ese segundo piso, de un primer piso que pertenecía a los dueños del edificio y de un supermercado chino que estaba ubicado en la planta baja, no fue porque sí.

Al lado del edificio, había una obra en construcción que desde hacía meses preocupaba a los vecinos, que en febrero de aquel año había sido denunciada por la UOCRA y que semanas antes del derrumbe había recibido advertencias de la Agencia Gubernamental de Control.

"Treinta meses es una barbaridad de tiempo para que todavía no haya arrancado el juicio. Esto no fue un accidente y a los responsables no les vimos la cara ni una sola vez, siempre mandaron a sus abogados", dice Esteban, quien junto a su madre y su padre integra una de las querellas. "Nos da bronca pero es lógico que actúen así -sostiene-. Alguien que es culpable siempre va a preferir esconderse".

El derrumbe en San Cristóbal y la muerte de Adrián desencadenaron un largo proceso judicial, en el que hubo cambios tanto de juez como de fiscal. Pero en los últimos meses, el proceso empezó a desperezarse y la causa fue elevada a juicio oral por Rocío López Di Muro, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4.

Hoy la causa atraviesa la etapa de instrucción suplementaria, período en el que las partes pueden pedir que se incorpore nueva prueba al expediente. Eso mismo hicieron el 21 de septiembre, durante la última audiencia, los abogados Jorge Monastersky y Federico Cabuli, quienes representan a las hermanas Mercedes y María Casas, que conforman otra de las querellas.

En la última audiencia los abogados de las hermanas Casas pidieron que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales peritara el celular, la computadora y un pendrive de Valeria Martini, arquitecta y jefa de obra, para buscar pruebas en los chats que la mujer compartía con Ricardo Nicolson, ingeniero a cargo y uno de los directores de Lybster S.A., la empresa que llevaba adelante la construcción en el terreno lindero.

Las querellas estiman que cuando esté el resultado de los peritajes, el juzgado estará en condiciones de fijar la fecha del juicio oral. 

Martini y Nicolson irán al juicio oral como acusados. Lo mismo sucederá con Eduardo Agustín Aguaviva, director de la obra por parte del fideicomiso que la encargó: Caputo Hermanos S.A. Según informó la Agencia Gubernamental de Control al momento del derrumbe, Aguaviva había sido intimado a hacer tareas de apuntalamiento de medianeras para poder seguir con los trabajos.

También están imputados y serán juzgados durante el proceso oral Norma Eugenia Mendes Simoes, presidenta de Lybster SA; Ramiro Ramos, arquitecto y representante técnico de la empresa, Sabrina Lorena Blands, responsable de Seguridad e Higiene de la obra; Osvaldo Becerra, arquitecto de la firma Demoliciones Mitre S.A; y Guido Eduardo Tirendi, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras del Gobierno de la Ciudad.
En febrero, en el requerimiento de elevación a juicio, los abogados de las hermanas Casas habían reclamado que los imputados fueran juzgados por el delito de estrago culposo agravado por muerte, debido a que había habido negligencias e irregularidades en la obra en construcción.

El derrumbe "se produjo como consecuencia directa y excluyente de las actividades de edificación -concretamente de excavación y submuración- desarrolladas en el predio lindero", habían dicho.

Hoy Jorge Monastersky amplía: "Lo más importante es el debate oral. Para los alegatos, contemplamos dos figuras posibles: como mínimo, un estrago culposo (con una pena máxima de cinco años de cárcel) y, de acuerdo a lo que surja de la producción de la prueba, un homicidio con dolo eventual (una máxima de 25 años)".

Esteban, su madre y su padre pedirán durante el juicio agravar la carátula de los ocho acusados. "A Adrián lo asesinaron. Ellos estaban al tanto de lo que podía pasar y no les importó, por eso queremos un cambio de carátula", dice Esteban. Y cierra: "Desde que mataron a mi hermano no tenemos navidades, cumpleaños, nada. A nosotros se nos cortó todo. Ya no festejamos. Yo tengo hijos y por ellos trato de seguir pero te aseguro que no es lo mismo. Y a esta gente no le pasa nada".