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A 27 años del atentado: el presidente de la AMIA le exigió al Gobierno medidas “para que Irán entregue a los acusados”

La entidad judía recordó a las víctimas fatales y los más de 300 heridos, a 27 años del peor ataque terrorista que sufrió la Argentina.

A 27 años del peor ataque terrorista que sufrió la Argentina, la AMIA realizó hoy a las 9:53 el acto central para recordar a las 85 víctimas fatales y a las más de 300 personas heridas cuando un coche bomba explotó contra la sede de Pasteur 633 el 18 de julio de 1994.

El sonido de la sirena dio inicio formal al acto. Bajo el lema “Conectados contra la impunidad” –organizada en conjunto por AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas–, el acto virtual contó con testimonios breves de sobrevivientes, de familiares de las víctimas fatales y el mensaje del presidente de AMIA, Ariel Eichbaum.

El discurso completo de Eichbaum


Se cumplen 27 años de una explosión que todavía nos aturde. De un atentado planificado, organizado y ejecutado por el terrorismo fundamentalista, que marcó la historia de nuestro país para siempre.

Desde el 18 de julio de 1994, cuando la bomba terminó brutalmente con la vida de 85 personas, bregamos para que los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean sometidos a proceso judicial, y cumplan condena efectiva por el delito de lesa humanidad que cometieron.

Desde entonces, la causa AMIA es una dolorosa herida que todavía no puede cicatrizar, y la denuncia sobre la impunidad que nos ahoga una bandera que seguiremos alzando hasta que la Justicia se haga presente.

A 27 años del segundo ataque terrorista perpetrado en la Argentina, genera estremecimiento y estupor repetir el mismo reclamo, y convivir con el hecho que el doloroso saldo de destrucción y muerte, no encontró todavía castigo ni sanción alguna.

No debemos aceptar como natural esta realidad atroz. Nuestra sociedad no puede permitir que la impunidad se imponga, que los familiares de las víctimas fatales sigan llorando sin encontrar consuelo.

Preservar la memoria de quienes ya no están y hacer oír nuestra voz sin claudicaciones, es un imperativo moral.

La ausencia de resultados, la carencia de logros, la indiferencia cada vez mayor, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para que esa exigencia sea, cada año, escuchada y atendida por las autoridades.

¿Sirve de algo?

Es una pregunta que nos retumba. Hay hechos concretos y recientes que no hacen más que aumentar nuestro escepticismo. Pero no tenemos alternativa: un mandato como el que nos ha tocado no se discute, ni se negocia.

Veintisiete años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado.

Nos duele la inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado.

¿Cuánto hace que la Fiscalía especial que conducen los doctores Basso, Salum, Eyherabide y el recientemente incorporado Miranda, no produce siquiera una mínima información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer un poco más qué fue lo que pasó? ¿En qué gastan o invierten sus tiempos y recursos?

La investigación del atentado está a su cargo. Cuatro fiscales y llevamos años sin que generen absolutamente nada de valor. Es una situación inadmisible.

En paralelo, el Juzgado Federal N°6, a cargo de la causa, no tiene aún designado un juez o jueza en forma permanente. Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance. Necesitamos que los mecanismos institucionales se activen con urgencia, y que el Juzgado responsable no continúe “vacante”.

En diciembre pasado, los integrantes del Tribunal Oral Federal 3, doctores Basso, Ríos y Canero, desperdiciaron, una vez más, la posibilidad de condenar al único acusado que estaba siendo juzgado, Carlos Telleldín.

Luego de un juicio oral y público en el que quedó claro que las pruebas en su contra eran más que suficientes, los jueces declararon inocente a una persona señalada por la propia Fiscalía como partícipe del asesinato de 85 personas.

El caso ha pasado ahora a la Cámara de Casación, que debe revisar la sentencia absolutoria del tribunal. Una vez más, confiamos en los resortes de la justicia y en que los jueces Figueroa, Mahiques y Barreotaveña podrán modificar la resolución acorde a las pruebas y hacer lugar a la condena reclamada.

Lamentablemente, nuestro país no necesita que le expliquen qué es el terrorismo. Hemos sido blanco dos veces de su macabro accionar. Por ese motivo destacamos como una medida en la dirección correcta cuando el Estado argentino designó a Hezbollah, responsable de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA, como organización terrorista. Y celebramos que esa calificación se mantenga firme hasta hoy.

Ese mismo camino debe continuar con Hamás. Una organización de estrechos vínculos con Hezbollah. Ambas tienen la misma matriz de odio y muerte; persiguen los mismos objetivos de destrucción a través de actos criminales, cobardes y crueles.

Por su historia y compromiso democrático, la Argentina debe liderar los esfuerzos regionales para que otros países del continente se sumen y declaren a estas organizaciones como lo que son: grupos terroristas, sin vueltas y sin ambigüedades.

Es momento de consolidar y fortalecer el trabajo junto a las naciones del mundo con indudable convicción en la defensa de la libertad, los derechos humanos y la convivencia pacífica en la diversidad. La historia debe encontrarnos del lado correcto. Con el terrorismo no se puede permanecer indiferente. Con el terrorismo no se puede y no se debe ser neutral.

Exhortamos a nuestro gobierno a intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que siguen cobijando y protegiendo en dichos países.

Está más que probada la participación del ciudadano libanés conocido como Salman El Reda, cuyo verdadero nombre es Salman Raouf, y es inadmisible que siga bajo el cuidado de las autoridades de su país. Lo mismo sucede con Rabbani, Soleimanpour y los otros acusados, que reciben protección de Irán y de países vecinos a los que viajan con frecuencia.

Exigimos también a Interpol que mantenga vigentes los pedidos de captura y a la Cancillería argentina que realice un monitoreo permanente que permita tener alertas tempranas, que identifiquen cuando los acusados viajan a otros lugares del mundo, para pedir su detención. Ese es el camino para que sean extraditados a nuestro país, donde serán sometidos al proceso judicial con todas las garantías propias de un Estado de derecho, emanadas de nuestra Constitución y de las Convenciones internacionales de las que somos parte.

Esa es la Justicia que anhelamos, por la que peleamos y por la que siempre seguiremos reclamando. No queremos soluciones artificiales, ni promesas vanas que jamás se cumplirán.

Queremos decirlo con toda la claridad posible: el juicio en ausencia es un instrumento ajeno a nuestra legislación y cultura jurídica, contrario a nuestra Carta Magna. No creemos en salidas improvisadas que encierran, en realidad, un problema a futuro: el fracaso y la clausura definitiva de la investigación.

No estamos dando esta pelea hace casi tres décadas para conformarnos con una promesa de justicia que nunca llegará, y que a la larga terminará siendo perjudicial. Ese es nuestro mandato, ese es nuestro reclamo: lograr conocer toda la verdad, no sólo fragmentos, y del mismo modo, obtener una Justicia incuestionable.

Después de veintisiete años resulta exasperante sentir la necesidad de reiterar que si la causa AMIA todavía está presente en la agenda nacional e internacional, es pura y exclusivamente por el esfuerzo y el compromiso incansable de las instituciones centrales de la comunidad judía y de los familiares de las víctimas.

Que se entienda bien claro: de este lado no van a encontrar a quienes le temen a la verdad. De este lado estamos los que hace veintisiete años luchamos día tras día por encontrarla. De este lado, y junto a una sociedad que no soporta más mentiras ni faltas de respeto, decimos una vez más que son los poderes del Estado, y no las víctimas, los únicos responsables por los entramados de inoperancia, corrupción y encubrimiento que nos impiden llegar a la justicia.

En tiempos en los que nuestro país, y el mundo entero, sufren la pérdida de cientos de miles de personas, fallecidas a causa de la pandemia que nos azota, queremos hacer llegar el abrazo fraternal, el acompañamiento y la solidaridad con cada una de las familias que lloran esas ausencias. Extendemos además nuestro deseo de pronta recuperación para quienes se encuentran internados y luchando por su salud.

Cada muerte temprana conspira contra el orden natural, nos llena de angustia, de dolor y de impotencia.

Como lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, no dejamos de soñar con el momento en el que el aniversario del atentado sea, solamente, un encuentro de homenaje y de recordación de los seres queridos hacia la memoria de aquellos que no pudieron continuar con sus ilusiones y proyectos. Un día para encender una vela, visitar el cementerio en silencio o mirar una foto con una leve sonrisa por el recuerdo de los instantes compartidos.

Para convertir ese anhelo en realidad, necesitamos que quienes desprecian y vulneran el valor supremo de la vida, sean capturados, enjuiciados y cumplan la condena correspondiente.

Se lo debemos a quienes ya no están y lo merecemos quienes seguimos luchando convencidos de que el insoportable peso de la impunidad, sólo puede disiparse con una verdadera justicia.

Muchas gracias.

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