24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
El cuidado de la memoria, base de la verdad y la justicia, es responsabilidad del Estado y de todos los ciudadanos.
Por Guillermo Whpei
En el mes de agosto de 2002 se sancionó y promulgó la Ley 25.633 que instituyó "el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976". El objetivo de la norma es consolidar "la memoria colectiva de la sociedad", generar "sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo" y auspiciar "la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos". En el año 2006 la fecha se incorporó al calendario anual de feriados nacionales obligatorios no movibles.
Si bien en Argentina las dictaduras militares se alternaron con períodos de democracia, la iniciada el 24 de marzo de 1976 fue la más cruel y brutal de todas las padecidas desde 1930. En efecto, todas las dictaduras tuvieron elementos en común (supresión de la democracia, limitación de las libertades individuales, represión, detenciones ilegales y torturas), pero la de 1976-1983 se caracterizó por haber ejecutado con sistematicidad una aberrante práctica: la desaparición forzada de personas.
Ya la primera dictadura militar argentina, iniciada el 6 de septiembre de 1930, había practicado la desaparición de personas. El diario rosarino Democracia informaba el 22 de febrero de 1932: "En septiembre de 1930 desaparecieron varios obreros". Uno de esos obreros, el catalán Joaquín Penina que había sido detenido ilegalmente tres días después de efectuado el golpe de Estado y fusilado el 11 de septiembre de 1930 en la ciudad de Rosario, sigue desaparecido.
La desaparición forzada es la negación más flagrante de los derechos humanos, un delito de lesa humanidad perpetrado por quien debería garantizar la vida y la plena vigencia de la libertad de las personas: el Estado. Se trata de un imprescriptible delito de derecho internacional definido por la ONU como "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley" (Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas).
Dice el refrán popular que "un pueblo sin memoria está condenado a repetir sus errores". Para que la memoria siga siendo un insumo vital de la democracia argentina se deben preservar archivos y documentos, acelerar las causas judiciales pendientes y reforzar la enseñanza de la historia reciente en todos los niveles de educación formal, entre otras iniciativas. El cuidado de la memoria, base de la verdad y la justicia, es responsabilidad del Estado y de todos los ciudadanos.