18 acusados por el incendio del depósito de Iron Mountain en el que murieron 10 bomberos irán a juicio

Este miércoles, la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini envió a juicio oral y público a 18 acusados por el incendio del depósito del barrio de Barracas de la empresa “Iron Mountain” en la que murieron ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil cuando se derrumbó una pared del lugar mientras buscaban apagar el fuego. La magistrada rechazó una serie de empleados de los acusados y dio por cerrada la investigación, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Entre los acusados hay directivos de la empresa y ex funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de la Dirección General de Fiscalización y Control. También un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba cuando se inició el incendio. Están acusados de los delitos de incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas.

El hecho ocurrió la mañana del 5 de febrero de 2014 en el depósito que la empresa Iron Mountain tenía en la calle Azara 1245, en el barrio de Barracas, donde guardaba documentación de distintas compañías. La alarma de incendio comenzó a sonar y tres empleados intentaron apagar el fuego. Una hora después, y mientras bomberos y Defensa Civil intentaban apagar las llamas, una de las paredes se desplomó. Murieron aplastados Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Juan Monticelli, José Luis Méndez Araujo, Sebastián Campos, Pedro Báricola y Franco Ambrosi

La investigación judicial tuvo distintos momentos y en diciembre del año pasado la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de los 18 acusados. Allí se estableció, y en base a la investigación judicial, que hubo falencias gubernamentales en el control del funcionamiento del depósito de la empresa. Y también que nunca se pudo determinar si el inicio del incendio fue intencional o un accidente.

“Los peritajes señalan como causa inmediata del derrumbe de la pared hacia el exterior al colapso de la estructura metálica del depósito -cabriadas y columnas-, como consecuencia del fuego. Ahora bien, aún cuando no lograron los expertos determinar fehacientemente si el inicio del fuego obedeció a un caso fortuito o a una actuación personal, intencional o negligente, (...) la prueba reunida condujo a formular reproches por la contribución culposa a los riesgos generados por el incendio y su fatal desenlace”, dijo el juez de la Cámara Ignacio Rodríguez Varela.

Con los procesamientos confirmados, la jueza Palmaghini dio por cerrada la investigación. La fiscal Marcela Sánchez y Javier Moral, abogado querellante que representa a los familiares de las víctimas, pidieron que el caso pase a juicio oral. Algunas defensas de los acusados se opusieron al entender que todavía quedaban medidas de prueba pendientes.

“No se han recolectado otros medios de prueba que permitan suponer que se modificará la postura adoptada tanto por este Juzgado como por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ni tampoco se avizoran otras piezas que puedan producirse a futuro que lograran alcanzar a modificar tales pronunciamientos”, dijo la jueza para rechazar los planteos de las defensas en su resolución de 178 páginas a la que accedió Infobae. Ahora se deberá sortear el Tribunal Oral Criminal que intervendrá en el caso.

Quienes serán juzgados son Oscar Godoy, empleado de seguridad del depósito que estaba cuando se inició el incendio; los directivos de Iron Mountain Guillermo Lockhart, Héctor Eduardo García y Alfredo Sueyras Parra y directores, inspectores y jefes de departamento de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que debían determinar las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene del depósito.

Una de las acusadas es Vanesa Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control. Berkowski ya fue juzgada por un caso similar. Se trató del derrumbe del entrepiso del boliche Beara, ocurrido en 2010 y en el que murieron Ariana Lizarriaga y Paula Provedo. En el juicio oral Berkowski fue absuelta.

Por otra parte, cuatro imputados pidieron que el juicio oral sea por jurados populares de ciudadanos.