130 millones

Veintisiete empresas constructoras participan de las 25 licitaciones en que se dividió la megaoperatoria a los efectos prácticos. Un tercio de ellas, sobre todo las que tuvieron un solo oferente, fueron ya preadjudicadas y están en la etapa de evaluación técnica, superada la cual el proceso pasará al Tribunal de Cuentas antes de la adjudicación definitiva y la firma del contrato. La historia de las mil viviendas es conocida. La apertura de ofertas se hizo en los días previos a las elecciones del 13 de marzo, con la presencia del gobernador y candidato a la re-reelección Eduardo Brizuela del Moral. Llamó la atención que entre los requisitos excluyentes exigidos estuviera que las empresas fueran propietarias de los terrenos donde se edificarían los barrios y contaran, además,  con el correspondiente certificado de factibilidad técnica para las conexiones de agua, luz y red vial.

Había motivos para la suspicacia: los pliegos comenzaron a venderse el 23 de febrero, apenas dos semanas antes de la apertura de ofertas. El plazo era demasiado exiguo para conseguir los terrenos y hacerse de las certificaciones. Luego de la derrota del radicalismo, surgió  otro atendible argumento de orden político y económico: obras por nada menos que 130 millones de pesos serían adjudicadas por un Gobierno en retirada, generando un compromiso de pago millonario a la gestión siguiente.

No obstante, el Gobierno le metió para adelante como venía. Y ahora está en los últimos tramos del proceso licitatorio, en el que se produjeron algunas impugnaciones menores. El IPV aclaró que los tiempos que se están manejando son los normales para una licitación, que lleva entre seis meses y un año. De este modo, al Gobierno peronista le quedará un muerto de 130 millones de pesos como mínimo, porque la experiencia indica que los costos son finalmente mayores. No es una cifra menor.

Sin embargo, los referentes del peronismo que se hará cargo del Gobierno en diciembre y tendrá que pagar la millonada que costará el proyecto diseñado por Brizuela del Moral, que con tanta alarma consignan los pases a planta de empleados que venían trabajando con contratos basura y funcionarios, por el incremento del gasto en salarios que implicaría, mantienen un notorio silencio en torno a las mil viviendas y a cualquier cosa que ocurra en el IPV de Eduardo Brizuela del Moral hijo. Es una hipoteca de 130 millones que dejará el radicalismo, que teóricamente deberían generar alguna inquietud. La indiferencia de la oposición que pasará en poco tiempo a cumplir el rol de oficialismo es, de todos modos, comprensible. Los millonarios recursos para la construcción de viviendas sociales y el manejo del IPV fueron factores aglutinantes principales en el negocio político durante los felices años de la transversalidad, durante los cuales radicales y kirchneristas protagonizaron un fogoso romance, que se eclipsó después de que Brizuela del Moral obtuviera su reelección acompañado en la fórmula por quien sería finalmente su némesis, Lucía Corpacci. Hay allí un entramado de complicidades que nadie, por lo visto, quiere remover.